ALMERÍA HOY / 26·09·2025
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han asestado un golpe contundente contra el fraude y la salud pública al desarticular una vasta organización criminal dedicada a la introducción y comercialización de combustible adulterado en estaciones de servicio de bajo coste ("low cost") de la costa levantina, afectando a provincias como Almería, Murcia, Alicante y Valencia.
La compleja operación, denominada "Tenk", ha culminado con la detención de 18 personas y la investigación de otras 14, al tiempo que se ha logrado vincular a un total de 40 empresas con el entramado delictivo. Los presuntos delitos incluyen estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Seguridad Vial y, por supuesto, pertenencia a organización criminal.
El origen de la trama: El 'designer fuel'
La investigación se inició en 2023, alertada por las quejas de vecinos de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), sobre el incesante trasiego de camiones cisterna en la zona. Esta pista inicial llevó a los agentes a localizar un gasocentro que operaba de manera irregular, donde se produjo una incautación clave: más de 70.000 litros de gasóleo junto con la maquinaria y los depósitos necesarios para su manipulación.
El análisis de este material reveló que se trataba del llamado “designer fuel” (combustible de diseño), una mezcla de gasóleo al que se añadían otros componentes, como la peligrosa sustancia triacetina, con el objetivo de modificar sus propiedades físicas. El destino final de este combustible modificado eran las gasolineras 'low cost', donde se vendía a precios competitivos, generando un margen de beneficio ilícito a costa de la calidad y de la ley.
Fraude fiscal a nivel europeo
El nexo internacional de la trama es uno de los puntos más destacados de la operación. Se descubrió que el combustible adulterado tenía su origen en países de Europa del Este, principalmente Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Para eludir la normativa y el pago de impuestos en la Unión Europea, los cargamentos no eran declarados como gasóleo, sino como aceites y lubricantes.
Esta declaración fraudulenta permitía a la organización eludir los controles y las formalidades exigidas para productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos. Con ello, la trama no solo evitaba el pago del Impuesto Especial, sino también el IVA y el Impuesto sobre Sociedades, causando graves pérdidas económicas tanto a los Estados miembros como al sector empresarial legítimo por la clara competencia desleal.
Riesgo para el motor, la salud y el medio ambiente
La comercialización de este combustible modificado supone una triple amenaza. En primer lugar, genera un claro perjuicio al consumidor final al causar posibles daños en los motores de los vehículos particulares debido a que el producto no cumple con las especificaciones de automoción. En segundo lugar, los gases emitidos tras su combustión pueden suponer una amenaza significativa para la salud pública y el medio ambiente. Finalmente, el almacenamiento irregular de estos productos genera un riesgo elevado de vertidos incontrolados.
Para mover sus operaciones, la red se servía de un complejo organigrama que incluía la creación de mercantiles “fantasma”. Se utilizaban “testaferros”, a menudo personas en situación económica precaria que cedían sus datos para la constitución de empresas y cuentas bancarias, entre los que se encontraban ciudadanos de nacionalidad ucraniana, letona, francesa y española.
Durante los dos años de investigación, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han inspeccionado once estaciones de servicio y empresas, abarcando diez provincias españolas, desde Murcia y Almería hasta Barcelona y Madrid. En un apunte sobre la gravedad de las actividades, se ha imputado a uno de los conductores de los camiones por 26 delitos contra la seguridad vial, por conducir vehículos con mercancías peligrosas sin permiso de conducción en vigor. La desarticulación de esta red pone fin a un fraude multimillonario que atentaba directamente contra la economía, la seguridad vial y los derechos de los consumidores.
La compleja operación, denominada "Tenk", ha culminado con la detención de 18 personas y la investigación de otras 14, al tiempo que se ha logrado vincular a un total de 40 empresas con el entramado delictivo. Los presuntos delitos incluyen estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Seguridad Vial y, por supuesto, pertenencia a organización criminal.
El origen de la trama: El 'designer fuel'
La investigación se inició en 2023, alertada por las quejas de vecinos de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), sobre el incesante trasiego de camiones cisterna en la zona. Esta pista inicial llevó a los agentes a localizar un gasocentro que operaba de manera irregular, donde se produjo una incautación clave: más de 70.000 litros de gasóleo junto con la maquinaria y los depósitos necesarios para su manipulación.
El análisis de este material reveló que se trataba del llamado “designer fuel” (combustible de diseño), una mezcla de gasóleo al que se añadían otros componentes, como la peligrosa sustancia triacetina, con el objetivo de modificar sus propiedades físicas. El destino final de este combustible modificado eran las gasolineras 'low cost', donde se vendía a precios competitivos, generando un margen de beneficio ilícito a costa de la calidad y de la ley.
Fraude fiscal a nivel europeo
El nexo internacional de la trama es uno de los puntos más destacados de la operación. Se descubrió que el combustible adulterado tenía su origen en países de Europa del Este, principalmente Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Para eludir la normativa y el pago de impuestos en la Unión Europea, los cargamentos no eran declarados como gasóleo, sino como aceites y lubricantes.
Esta declaración fraudulenta permitía a la organización eludir los controles y las formalidades exigidas para productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos. Con ello, la trama no solo evitaba el pago del Impuesto Especial, sino también el IVA y el Impuesto sobre Sociedades, causando graves pérdidas económicas tanto a los Estados miembros como al sector empresarial legítimo por la clara competencia desleal.
Riesgo para el motor, la salud y el medio ambiente
La comercialización de este combustible modificado supone una triple amenaza. En primer lugar, genera un claro perjuicio al consumidor final al causar posibles daños en los motores de los vehículos particulares debido a que el producto no cumple con las especificaciones de automoción. En segundo lugar, los gases emitidos tras su combustión pueden suponer una amenaza significativa para la salud pública y el medio ambiente. Finalmente, el almacenamiento irregular de estos productos genera un riesgo elevado de vertidos incontrolados.
Para mover sus operaciones, la red se servía de un complejo organigrama que incluía la creación de mercantiles “fantasma”. Se utilizaban “testaferros”, a menudo personas en situación económica precaria que cedían sus datos para la constitución de empresas y cuentas bancarias, entre los que se encontraban ciudadanos de nacionalidad ucraniana, letona, francesa y española.
Durante los dos años de investigación, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han inspeccionado once estaciones de servicio y empresas, abarcando diez provincias españolas, desde Murcia y Almería hasta Barcelona y Madrid. En un apunte sobre la gravedad de las actividades, se ha imputado a uno de los conductores de los camiones por 26 delitos contra la seguridad vial, por conducir vehículos con mercancías peligrosas sin permiso de conducción en vigor. La desarticulación de esta red pone fin a un fraude multimillonario que atentaba directamente contra la economía, la seguridad vial y los derechos de los consumidores.
