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J. A. SÁEZ CALVO
No es nada nuevo leer titulares que repiten el relato de “España va bien”. Aunque algunos medios rebosan optimismo, la realidad social muestra grietas profundas, basta asomarse a la calle y mirar a nuestro alrededor. Esa piel de normalidad y hasta euforia encubre desequilibrios estructurales capaces de corroer lenta pero inexorablemente el futuro colectivo.
El Producto Interior Bruto crece a un ritmo que ronda el 2 % anual, según los últimos datos oficiales del INE, mientras el desempleo juvenil se mantiene en cotas del 26,5 %. Con esta cifra lideramos el paro juvenil.
No es un desajuste pasajero. Año tras año, nuestros jóvenes construyen carreras profesionales con contratos temporales. Al mismo tiempo, cientos de miles de profesionales menores de 35 años optan por marcharse al extranjero. Solamente en 2024, 82.000 jóvenes emigraron de España, según el INE. Con esta fuga de talento se renuncia a miles de millones de euros en aportaciones fiscales y en capital humano perdido. Esta diáspora juvenil merma nuestra base fiscal, vaciando las aspiraciones de renovación social y los techos de cristal en el mercado laboral.
En paralelo, la tasa de paro general ha sido del 11,36 % (EPA 1T 2025) y la tasa de actividad femenina sigue por debajo de la media comunitaria. Que esas situaciones coexistan con fotografías de terrazas abarrotadas, bolsas de valores en verde y declaraciones de ministros satisfechos revela el poder cautivador de la percepción frente a los fríos indicadores reales.
La economía, conviene recordarlo, no es solo una suma de cifras sino una construcción mental que se alimenta de impresiones inmediatas. Daniel Kahneman demostró que nuestro cerebro privilegia la historia breve y emocional por encima del dato frío; así, un fin de semana de sol y playa basta para que afloren mensajes de recuperación que eclipsan la precariedad laboral, la ralentización de la productividad o el déficit de innovación en sectores clave como la industria tecnológica y la seguridad energética.
Mientras el consumo turístico arroja balances positivos y convierte a las ciudades en escaparates de postal, el aparato productivo español lucha por mantener el ritmo con economías premium; el producto por trabajador apenas crece un 0,2 % anual, muy por debajo de la media de la OCDE y a la vez, en los últimos cinco años el salario real acumula una caída del 2,5%.
Es esa disparidad entre apariencia y fondo la que alimenta la ilusión de estabilidad. Los gobiernos de turno inyectan planes de ayuda, bonificaciones fiscales y subvenciones que, aunque mejoran los datos de coyuntura, funcionan como parches sobre un tejido frágil. Por cada titular que anuncia una propuesta o medida de desarrollo o un bono cultural, se edita en la sombra otro informe que alerta de la sangría demográfica en las zonas rurales y de la insuficiencia presupuestaria para articular servicios esenciales, en Transportes o en los Cuerpos de Seguridad del Estado. La mayoría de esas iniciativas emergen como reacción al malestar social: una terapia de choque en la que el enfermo recibe un calmante sin abordar la raíz de la enfermedad.
Este enfoque coincide con el legado de pensadores como Friedrich Hayek o Edmund Burke, quienes advirtieron con contundencia que el precio de la inmediatez es a menudo el debilitamiento de las instituciones. Si al ciudadano se le acostumbra a esperar respuestas rápidas, con incentivos de corto plazo, como se obtiene un “like”, se pierde de vista la necesidad de dotar de solidez a los cimientos. Al contrario, crece la tentación de confundir la gestión de la cobertura mediática con la gobernanza real.
Un ejemplo de focos encendidos, que alimentan preocupación e incrementan la falta de confianza, son las infraestructuras eléctricas, las ferroviarias, que se resiste a modernizarse, solamente cuando aparece el apagón. Resulta curioso que ahora se invertirá en compensadores síncronos, lo que lleva a pensar y demostrar carencias evidentes.
La deuda pública se sitúa en el 1T 2025 en el 103,5 % del PIBpm y consume cada vez más recursos en el pago de intereses anuales, unos 35.000 millones de euros (Caixabank). Mientras, España registra un coeficiente Gini de 33, frente al 29 de la UE; es la señal de que la desigualdad sigue siendo un escollo (CE).
La literatura económica recuerda que endeudarse para financiar inversiones estratégicas, infraestructuras, investigación o educación puede justificarse en aras del crecimiento futuro. Pero en España gran parte de ese endeudamiento se ha destinado al gasto corriente, sin generar activos duraderos ni un aumento real de la productividad. Cada préstamo debería traducirse en valor real, pero con demasiada frecuencia se evapora en los costes ordinarios del Estado. El resultado es una hipoteca que gravita sobre generaciones futuras sin haber construido el armazón de progreso que permita devolverla sin consecuencias de ruptura económica.
Al mismo tiempo, la presión fiscal roza el 39 % del PIB, solo superada por Francia y Bélgica (AIReF), mientras que la carga fiscal sobre el trabajo se sitúa en el 47,8 % del coste laboral y, sin embargo, los servicios públicos no alcanzan estándares de excelencia. Basta comprobar las listas de espera sanitarias, el deterioro de infraestructuras de transporte o la desconexión digital de ciertos territorios para entender que la recaudación no siempre se traduce en calidad. El sociólogo Byung-Chul Han describió este fenómeno como “violencia simbólica” la celebración del estado del bienestar cuando los ciudadanos pagan más sin percibir mejoras tangibles. Se crea así una disonancia cognitiva que legitima la resignación: aceptar la insuficiencia como algo inevitable.
Para revertir ese espejismo es imprescindible fomentar una ciudadanía que asuma la responsabilidad de contrastar la narrativa oficial con datos de fuentes primarias, como los todavía informes del Banco de España, la AIReF o Eurostat. Esa práctica de consulta directa redunda en el empoderamiento individual y diluye la capacidad de los grandes relatos institucionales que imponen una visión unilateral.
En los foros cívicos, en los encuentros locales y en las comunidades educativas debería imperar un esquema de dieta hipo- informativa, siguiendo las recomendaciones de Cal Newport, que favorezca el estudio de obras de no- ficción sobre economía, política y sociedad, en lugar de la sobreexposición a titulares efímeros. Leer con detenimiento fortalece el pensamiento crítico y abre la puerta a reflexiones más profundas que trascienden los matices partidistas.
La estabilidad social llama a cuidar las instituciones existentes, pero con la mirada puesta en su modernización, limpieza e independencia.
Imaginemos un mundo utópico donde pudiéramos concebir un futuro en el que la democracia se reinvente como un entramado vivo de iniciativas ciudadanas, donde la rendición de cuentas deje de ser un trámite burocrático para convertirse en un diálogo constante y transparente entre representantes y representados. Supongamos que cada concejal o diputado se elija directamente en su barrio o comarca mediante listas abiertas y votaciones periódicas, y acceda a su cargo tras presentar un plan con objetivos claros, plazos medibles y partidas presupuestarias auditables. Cambiar así las viejas reglas de los partidos puede parecer atrevido, pero es ese paso el que devolvería la responsabilidad a cada persona y acercaría de verdad la política a la vida diaria de nuestras comunidades.
En nuestro país, donde la polarización amenaza con fragmentar el espacio público, la búsqueda de consensos mínimos se vuelve crítica. La percepción es que el sistema tiende a ser más monolítico, controlador, impermeable para una oposición no solo partidista sino incluso social. No se trata de renunciar a las convicciones profundas, sino de identificar líneas de cooperación práctica en ámbitos necesarios. Cada uno de estos vectores exige recursos definidos, plazos claros y un mecanismo de seguimiento transparente.
Un cambio necesario exige renovar nuestra cultura cívica y elevar la calidad del debate. El humor inteligente o la sátira bien enfocada pueden romper con la rigidez del discurso oficial y crear espacios de conversación genuina. Porque un elector que capta la fuerza de un mensaje ingenioso estará más dispuesto a cuestionar las promesas vacías y exigir rendición de cuentas.
Para que no quede en un gesto puntual, es imprescindible dotar de continuidad a la participación ciudadana. No basta con un trámite de alegaciones cada cuatro años. Hace falta activar en tiempo real plataformas de escucha como foros vecinales permanentes, presupuestos participativos con seguimiento abierto, donde cada euro invertido venga acompañado de un informe público y verificable. Así se puede cerrar el círculo entre la narrativa política y los resultados tangibles, y cada voto encuentra entonces su reflejo en la mejora concreta de la comunidad.
Desde esta perspectiva, derribar la falsa percepción no es un acto de escepticismo estéril, sino un gesto de valentía democrática. Supone negarse a aceptar la comodidad de las cifras maquilladas y asumir el reto de un escrutinio permanente. Es reivindicar que la prosperidad auténtica no se reduce al registro de una gráfica ascendente, sino que se construye sobre el terreno, con empleo digno, infraestructuras fiables, servicios públicos sólidos y una vida política sometida al escrutinio público. En ese proceso, la ilusión deja paso a la acción, y el espejismo se convierte en proyecto compartido.
Al adoptar esa mirada, cada ciudadano recupera la soberanía que le corresponde y se convierte en artífice de la historia colectiva. Porque no hay falsa percepción más peligrosa que la que se perpetúa en el silencio cómplice de quienes prefieren aplaudir un titular complaciente antes que exigir los resultados que nos pertenecen.
No es un desajuste pasajero. Año tras año, nuestros jóvenes construyen carreras profesionales con contratos temporales. Al mismo tiempo, cientos de miles de profesionales menores de 35 años optan por marcharse al extranjero. Solamente en 2024, 82.000 jóvenes emigraron de España, según el INE. Con esta fuga de talento se renuncia a miles de millones de euros en aportaciones fiscales y en capital humano perdido. Esta diáspora juvenil merma nuestra base fiscal, vaciando las aspiraciones de renovación social y los techos de cristal en el mercado laboral.
En paralelo, la tasa de paro general ha sido del 11,36 % (EPA 1T 2025) y la tasa de actividad femenina sigue por debajo de la media comunitaria. Que esas situaciones coexistan con fotografías de terrazas abarrotadas, bolsas de valores en verde y declaraciones de ministros satisfechos revela el poder cautivador de la percepción frente a los fríos indicadores reales.
La economía, conviene recordarlo, no es solo una suma de cifras sino una construcción mental que se alimenta de impresiones inmediatas. Daniel Kahneman demostró que nuestro cerebro privilegia la historia breve y emocional por encima del dato frío; así, un fin de semana de sol y playa basta para que afloren mensajes de recuperación que eclipsan la precariedad laboral, la ralentización de la productividad o el déficit de innovación en sectores clave como la industria tecnológica y la seguridad energética.
Mientras el consumo turístico arroja balances positivos y convierte a las ciudades en escaparates de postal, el aparato productivo español lucha por mantener el ritmo con economías premium; el producto por trabajador apenas crece un 0,2 % anual, muy por debajo de la media de la OCDE y a la vez, en los últimos cinco años el salario real acumula una caída del 2,5%.
Es esa disparidad entre apariencia y fondo la que alimenta la ilusión de estabilidad. Los gobiernos de turno inyectan planes de ayuda, bonificaciones fiscales y subvenciones que, aunque mejoran los datos de coyuntura, funcionan como parches sobre un tejido frágil. Por cada titular que anuncia una propuesta o medida de desarrollo o un bono cultural, se edita en la sombra otro informe que alerta de la sangría demográfica en las zonas rurales y de la insuficiencia presupuestaria para articular servicios esenciales, en Transportes o en los Cuerpos de Seguridad del Estado. La mayoría de esas iniciativas emergen como reacción al malestar social: una terapia de choque en la que el enfermo recibe un calmante sin abordar la raíz de la enfermedad.
Este enfoque coincide con el legado de pensadores como Friedrich Hayek o Edmund Burke, quienes advirtieron con contundencia que el precio de la inmediatez es a menudo el debilitamiento de las instituciones. Si al ciudadano se le acostumbra a esperar respuestas rápidas, con incentivos de corto plazo, como se obtiene un “like”, se pierde de vista la necesidad de dotar de solidez a los cimientos. Al contrario, crece la tentación de confundir la gestión de la cobertura mediática con la gobernanza real.
Un ejemplo de focos encendidos, que alimentan preocupación e incrementan la falta de confianza, son las infraestructuras eléctricas, las ferroviarias, que se resiste a modernizarse, solamente cuando aparece el apagón. Resulta curioso que ahora se invertirá en compensadores síncronos, lo que lleva a pensar y demostrar carencias evidentes.
La deuda pública se sitúa en el 1T 2025 en el 103,5 % del PIBpm y consume cada vez más recursos en el pago de intereses anuales, unos 35.000 millones de euros (Caixabank). Mientras, España registra un coeficiente Gini de 33, frente al 29 de la UE; es la señal de que la desigualdad sigue siendo un escollo (CE).
La literatura económica recuerda que endeudarse para financiar inversiones estratégicas, infraestructuras, investigación o educación puede justificarse en aras del crecimiento futuro. Pero en España gran parte de ese endeudamiento se ha destinado al gasto corriente, sin generar activos duraderos ni un aumento real de la productividad. Cada préstamo debería traducirse en valor real, pero con demasiada frecuencia se evapora en los costes ordinarios del Estado. El resultado es una hipoteca que gravita sobre generaciones futuras sin haber construido el armazón de progreso que permita devolverla sin consecuencias de ruptura económica.
Al mismo tiempo, la presión fiscal roza el 39 % del PIB, solo superada por Francia y Bélgica (AIReF), mientras que la carga fiscal sobre el trabajo se sitúa en el 47,8 % del coste laboral y, sin embargo, los servicios públicos no alcanzan estándares de excelencia. Basta comprobar las listas de espera sanitarias, el deterioro de infraestructuras de transporte o la desconexión digital de ciertos territorios para entender que la recaudación no siempre se traduce en calidad. El sociólogo Byung-Chul Han describió este fenómeno como “violencia simbólica” la celebración del estado del bienestar cuando los ciudadanos pagan más sin percibir mejoras tangibles. Se crea así una disonancia cognitiva que legitima la resignación: aceptar la insuficiencia como algo inevitable.
Para revertir ese espejismo es imprescindible fomentar una ciudadanía que asuma la responsabilidad de contrastar la narrativa oficial con datos de fuentes primarias, como los todavía informes del Banco de España, la AIReF o Eurostat. Esa práctica de consulta directa redunda en el empoderamiento individual y diluye la capacidad de los grandes relatos institucionales que imponen una visión unilateral.
En los foros cívicos, en los encuentros locales y en las comunidades educativas debería imperar un esquema de dieta hipo- informativa, siguiendo las recomendaciones de Cal Newport, que favorezca el estudio de obras de no- ficción sobre economía, política y sociedad, en lugar de la sobreexposición a titulares efímeros. Leer con detenimiento fortalece el pensamiento crítico y abre la puerta a reflexiones más profundas que trascienden los matices partidistas.
La estabilidad social llama a cuidar las instituciones existentes, pero con la mirada puesta en su modernización, limpieza e independencia.
Imaginemos un mundo utópico donde pudiéramos concebir un futuro en el que la democracia se reinvente como un entramado vivo de iniciativas ciudadanas, donde la rendición de cuentas deje de ser un trámite burocrático para convertirse en un diálogo constante y transparente entre representantes y representados. Supongamos que cada concejal o diputado se elija directamente en su barrio o comarca mediante listas abiertas y votaciones periódicas, y acceda a su cargo tras presentar un plan con objetivos claros, plazos medibles y partidas presupuestarias auditables. Cambiar así las viejas reglas de los partidos puede parecer atrevido, pero es ese paso el que devolvería la responsabilidad a cada persona y acercaría de verdad la política a la vida diaria de nuestras comunidades.
En nuestro país, donde la polarización amenaza con fragmentar el espacio público, la búsqueda de consensos mínimos se vuelve crítica. La percepción es que el sistema tiende a ser más monolítico, controlador, impermeable para una oposición no solo partidista sino incluso social. No se trata de renunciar a las convicciones profundas, sino de identificar líneas de cooperación práctica en ámbitos necesarios. Cada uno de estos vectores exige recursos definidos, plazos claros y un mecanismo de seguimiento transparente.
Un cambio necesario exige renovar nuestra cultura cívica y elevar la calidad del debate. El humor inteligente o la sátira bien enfocada pueden romper con la rigidez del discurso oficial y crear espacios de conversación genuina. Porque un elector que capta la fuerza de un mensaje ingenioso estará más dispuesto a cuestionar las promesas vacías y exigir rendición de cuentas.
Para que no quede en un gesto puntual, es imprescindible dotar de continuidad a la participación ciudadana. No basta con un trámite de alegaciones cada cuatro años. Hace falta activar en tiempo real plataformas de escucha como foros vecinales permanentes, presupuestos participativos con seguimiento abierto, donde cada euro invertido venga acompañado de un informe público y verificable. Así se puede cerrar el círculo entre la narrativa política y los resultados tangibles, y cada voto encuentra entonces su reflejo en la mejora concreta de la comunidad.
Desde esta perspectiva, derribar la falsa percepción no es un acto de escepticismo estéril, sino un gesto de valentía democrática. Supone negarse a aceptar la comodidad de las cifras maquilladas y asumir el reto de un escrutinio permanente. Es reivindicar que la prosperidad auténtica no se reduce al registro de una gráfica ascendente, sino que se construye sobre el terreno, con empleo digno, infraestructuras fiables, servicios públicos sólidos y una vida política sometida al escrutinio público. En ese proceso, la ilusión deja paso a la acción, y el espejismo se convierte en proyecto compartido.
Al adoptar esa mirada, cada ciudadano recupera la soberanía que le corresponde y se convierte en artífice de la historia colectiva. Porque no hay falsa percepción más peligrosa que la que se perpetúa en el silencio cómplice de quienes prefieren aplaudir un titular complaciente antes que exigir los resultados que nos pertenecen.
