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| Rescate de perros (imagen de archivo) |
ALMERÍA HOY / 19·06·2025
Una mujer ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar. Se le investiga por una serie de delitos continuados de maltrato animal, estafa y falsedad documental.
La acusada ya había sido arrestada en enero de este año, momento en el que se le prohibió cautelarmente cualquier actividad relacionada con la tenencia, cría o comercio de animales. Sin embargo, a pesar de esta restricción, la mujer continuó operando, lo que llevó a su nueva detención el pasado lunes 16 de junio.
El magistrado ha justificado la medida al constatar que, a pesar de la prohibición judicial y la causa abierta, la mujer seguía involucrada en el comercio ilegal de perros. Para ello, se valía de la supuesta fachada de asociaciones protectoras de animales, muchas de ellas promocionadas en redes sociales, e incluso utilizaba un nombre diferente para evitar ser identificada.
El auto de prisión subraya la "absoluta impudicia y descaro" de la investigada frente a las normas y los mandatos judiciales. Se argumenta que su actitud revela un profundo desprecio por las reglas de convivencia y que las medidas menos coercitivas no son suficientes si dependen, aunque sea mínimamente, de su colaboración voluntaria. Por tanto, se concluye que solo una medida más restrictiva como la prisión puede frenar estas actuaciones.
El juez también ha destacado que la mujer estafó a numerosas personas que confiaron en su supuesta labor de protección animal. Muchas de estas personas entregaron donativos para gastos veterinarios o viajaron largas distancias para adoptar animales que, en muchos casos, se encontraban en muy malas condiciones de salud. Se ha demostrado en el proceso judicial que, a pesar de presentarse como una defensora de los animales, su única motivación era económica.
Los animales eran mantenidos en un piso en condiciones deplorables, hacinados y sin control sanitario. Estaban afectados por enfermedades como el parvovirus, que se agravaban en ese ambiente, según confirmaron los veterinarios. En al menos nueve casos, los animales fallecieron poco después de ser entregados a sus adoptantes.
La decisión de prisión preventiva se basa en la completa indiferencia de la acusada ante las medidas judiciales que le habían sido impuestas previamente.
La acusada ya había sido arrestada en enero de este año, momento en el que se le prohibió cautelarmente cualquier actividad relacionada con la tenencia, cría o comercio de animales. Sin embargo, a pesar de esta restricción, la mujer continuó operando, lo que llevó a su nueva detención el pasado lunes 16 de junio.
El magistrado ha justificado la medida al constatar que, a pesar de la prohibición judicial y la causa abierta, la mujer seguía involucrada en el comercio ilegal de perros. Para ello, se valía de la supuesta fachada de asociaciones protectoras de animales, muchas de ellas promocionadas en redes sociales, e incluso utilizaba un nombre diferente para evitar ser identificada.
El auto de prisión subraya la "absoluta impudicia y descaro" de la investigada frente a las normas y los mandatos judiciales. Se argumenta que su actitud revela un profundo desprecio por las reglas de convivencia y que las medidas menos coercitivas no son suficientes si dependen, aunque sea mínimamente, de su colaboración voluntaria. Por tanto, se concluye que solo una medida más restrictiva como la prisión puede frenar estas actuaciones.
El juez también ha destacado que la mujer estafó a numerosas personas que confiaron en su supuesta labor de protección animal. Muchas de estas personas entregaron donativos para gastos veterinarios o viajaron largas distancias para adoptar animales que, en muchos casos, se encontraban en muy malas condiciones de salud. Se ha demostrado en el proceso judicial que, a pesar de presentarse como una defensora de los animales, su única motivación era económica.
Los animales eran mantenidos en un piso en condiciones deplorables, hacinados y sin control sanitario. Estaban afectados por enfermedades como el parvovirus, que se agravaban en ese ambiente, según confirmaron los veterinarios. En al menos nueve casos, los animales fallecieron poco después de ser entregados a sus adoptantes.
La decisión de prisión preventiva se basa en la completa indiferencia de la acusada ante las medidas judiciales que le habían sido impuestas previamente.
