Se detectó de forma accidental una pequeña masa en el riñón del paciente durante una intervención de apendicitis efectuada en el Hospital de Poniente
ALMERÍA HOY / 21·05·2026
La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Almería ha homologado judicialmente un acuerdo por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abonará una indemnización de 140.000 euros a un paciente. El origen del procedimiento de responsabilidad patrimonial radica en una negligencia médica derivada de un retraso asistencial de seis años en el diagnóstico y seguimiento de un tumor renal. Esta cuantía económica se sitúa entre las más relevantes acordadas en la provincia de Almería en los últimos años en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria.
El caso comenzó en el año 2016, cuando se detectó de forma accidental una pequeña masa en el riñón del paciente durante una intervención de apendicitis efectuada en el Hospital de Poniente, un centro sanitario de referencia almeriense donde se realizan este tipo de cirugías de urgencia. A pesar del hallazgo, el afectado fue dado de alta sin recibir la información adecuada ni la derivación obligatoria para el seguimiento por parte del especialista en urología. En el año 2023, el tumor fue nuevamente localizado, aunque ya presentaba una evolución considerablemente grave. La demora en la atención provocó la pérdida del órgano afectado, una afección a la vena cava y la necesidad de someterse a un tratamiento oncológico cuyo pronóstico es todavía incierto.
El procedimiento judicial ha sido dirigido por el letrado Jorge Guzmán González, integrante del despacho Ruiz Medina Garro Abogados, en representación del afectado. El recurso contencioso-administrativo se interpuso inicialmente ante la desestimación presunta de la reclamación presentada contra la Administración sanitaria por el funcionamiento anormal del servicio público. Antes de la celebración de la vista formal para las declaraciones, la defensa del paciente y la compañía aseguradora del SAS alcanzaron el pacto que evita la prolongación del proceso judicial y que cubre los daños y perjuicios físicos, morales y materiales.
El abogado defensor ha valorado de forma positiva el acuerdo y ha subrayado la importancia de reclamar ante las demoras asistenciales significativas, especialmente cuando no se cumplen los plazos legalmente establecidos para la atención especializada. Según indica el profesional, este tipo de situaciones de retrasos prolongados en el sistema sanitario público son cada vez más frecuentes debido a la elevada presión asistencial, por lo que recomienda el asesoramiento profesional temprano para evitar consecuencias graves en la salud de los usuarios. Con la validación del tribunal, el procedimiento se da por finalizado sin imposición de costas para ninguna de las partes implicadas.
El caso comenzó en el año 2016, cuando se detectó de forma accidental una pequeña masa en el riñón del paciente durante una intervención de apendicitis efectuada en el Hospital de Poniente, un centro sanitario de referencia almeriense donde se realizan este tipo de cirugías de urgencia. A pesar del hallazgo, el afectado fue dado de alta sin recibir la información adecuada ni la derivación obligatoria para el seguimiento por parte del especialista en urología. En el año 2023, el tumor fue nuevamente localizado, aunque ya presentaba una evolución considerablemente grave. La demora en la atención provocó la pérdida del órgano afectado, una afección a la vena cava y la necesidad de someterse a un tratamiento oncológico cuyo pronóstico es todavía incierto.
El procedimiento judicial ha sido dirigido por el letrado Jorge Guzmán González, integrante del despacho Ruiz Medina Garro Abogados, en representación del afectado. El recurso contencioso-administrativo se interpuso inicialmente ante la desestimación presunta de la reclamación presentada contra la Administración sanitaria por el funcionamiento anormal del servicio público. Antes de la celebración de la vista formal para las declaraciones, la defensa del paciente y la compañía aseguradora del SAS alcanzaron el pacto que evita la prolongación del proceso judicial y que cubre los daños y perjuicios físicos, morales y materiales.
El abogado defensor ha valorado de forma positiva el acuerdo y ha subrayado la importancia de reclamar ante las demoras asistenciales significativas, especialmente cuando no se cumplen los plazos legalmente establecidos para la atención especializada. Según indica el profesional, este tipo de situaciones de retrasos prolongados en el sistema sanitario público son cada vez más frecuentes debido a la elevada presión asistencial, por lo que recomienda el asesoramiento profesional temprano para evitar consecuencias graves en la salud de los usuarios. Con la validación del tribunal, el procedimiento se da por finalizado sin imposición de costas para ninguna de las partes implicadas.
