Pacheco califica la actuación del Gobierno Central de "mazazo" a los regantes; Mateo Hernández acusa al PP de "mentir" a los agricultores
ALMERÍA HOY / 22·05·2025
El Parlamento Andaluz ha sido el escenario de un intenso debate sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital para el desarrollo agrícola de Almería, Murcia y Alicante. Cuatro representantes almerienses se enfrentaron, reflejando la profunda división de opiniones entre el PSOE y el PP, especialmente en un momento donde la cabecera del Tajo cuenta con un volumen de agua considerable.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP), no dudó en calificar la modificación de las reglas de explotación del trasvase como un "mazazo" del Gobierno central (PSOE) a los regantes. Advirtió de pérdidas millonarias solo en Almería, afectando directamente miles de hectáreas de cultivos. Criticó que esta reducción se produzca cuando el Tajo tiene abundancia de agua, y lamentó la decisión "unilateral" del Gobierno, que a su juicio, ignora las necesidades de una región clave para la seguridad alimentaria europea. Para Fernández-Pacheco, el trasvase es un ejemplo de "solidaridad hídrica" que ha sido desvirtuado por decisiones políticas, no técnicas. La Junta de Andalucía, aseguró, no se quedará de brazos cruzados y buscará actuar en todos los frentes posibles, incluyendo ayudas para modernizar regadíos y aprovechar aguas regeneradas.
En la otra esquina, el parlamentario autonómico por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, acusó al PP de "mentir" y "generar incertidumbre" a los agricultores. Tildó las denuncias del PP de "la peor obra de teatro", señalando que llevan 30 años repitiendo que el PSOE cierra el trasvase. Hernández Tristán argumentó que, de hecho, ha llegado menos agua a Almería del trasvase con gobiernos del PP en la Moncloa. Reiteró el apoyo del PSOE a los trasvases, pero enfatizó la necesidad de complementarlos con alternativas como la desalación, resaltando la inversión histórica del Gobierno de España en esta materia en Almería. Subrayó que las desaladoras construidas por gobiernos socialistas son fundamentales para el abastecimiento y el riego. Además, criticó al gobierno andaluz del PP por no bonificar el agua desalada y por las recientes restricciones hídricas en la provincia, sugiriendo una "nefasta gestión" en materia hídrica.
Otros grupos políticos también aportaron su visión. La diputada del PP-A, Ángeles Martínez, denunció el "ninguneo" al levante almeriense y los "agravios" del Gobierno central, pidiendo un plan hidrológico nacional que evite que el agua sea "moneda de cambio político". Por su parte, Vox, a través de Rodrigo Alonso, reclamó también un plan nacional del agua, acusando a PSOE y PP de haber hecho "trilerismo político" con este recurso. Finalmente, José Antonio Delgado, de Por Andalucía, se desmarcó de las "guerras" partidistas, defendiendo la llegada de agua a Almería por los puestos de trabajo y el mundo rural, pero siempre bajo un "modelo no depredador" del recurso.
En definitiva, este debate puso de manifiesto no solo la preocupación por el recorte del trasvase Tajo-Segura y sus consecuencias para la agricultura almeriense, sino también la agria confrontación política sobre la gestión del agua en España.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP), no dudó en calificar la modificación de las reglas de explotación del trasvase como un "mazazo" del Gobierno central (PSOE) a los regantes. Advirtió de pérdidas millonarias solo en Almería, afectando directamente miles de hectáreas de cultivos. Criticó que esta reducción se produzca cuando el Tajo tiene abundancia de agua, y lamentó la decisión "unilateral" del Gobierno, que a su juicio, ignora las necesidades de una región clave para la seguridad alimentaria europea. Para Fernández-Pacheco, el trasvase es un ejemplo de "solidaridad hídrica" que ha sido desvirtuado por decisiones políticas, no técnicas. La Junta de Andalucía, aseguró, no se quedará de brazos cruzados y buscará actuar en todos los frentes posibles, incluyendo ayudas para modernizar regadíos y aprovechar aguas regeneradas.
En la otra esquina, el parlamentario autonómico por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, acusó al PP de "mentir" y "generar incertidumbre" a los agricultores. Tildó las denuncias del PP de "la peor obra de teatro", señalando que llevan 30 años repitiendo que el PSOE cierra el trasvase. Hernández Tristán argumentó que, de hecho, ha llegado menos agua a Almería del trasvase con gobiernos del PP en la Moncloa. Reiteró el apoyo del PSOE a los trasvases, pero enfatizó la necesidad de complementarlos con alternativas como la desalación, resaltando la inversión histórica del Gobierno de España en esta materia en Almería. Subrayó que las desaladoras construidas por gobiernos socialistas son fundamentales para el abastecimiento y el riego. Además, criticó al gobierno andaluz del PP por no bonificar el agua desalada y por las recientes restricciones hídricas en la provincia, sugiriendo una "nefasta gestión" en materia hídrica.
Otros grupos políticos también aportaron su visión. La diputada del PP-A, Ángeles Martínez, denunció el "ninguneo" al levante almeriense y los "agravios" del Gobierno central, pidiendo un plan hidrológico nacional que evite que el agua sea "moneda de cambio político". Por su parte, Vox, a través de Rodrigo Alonso, reclamó también un plan nacional del agua, acusando a PSOE y PP de haber hecho "trilerismo político" con este recurso. Finalmente, José Antonio Delgado, de Por Andalucía, se desmarcó de las "guerras" partidistas, defendiendo la llegada de agua a Almería por los puestos de trabajo y el mundo rural, pero siempre bajo un "modelo no depredador" del recurso.
En definitiva, este debate puso de manifiesto no solo la preocupación por el recorte del trasvase Tajo-Segura y sus consecuencias para la agricultura almeriense, sino también la agria confrontación política sobre la gestión del agua en España.
