Los paquetes eran nuevamente embalados reenviando la basura a terceros países
ALMERÍA HOY / 20·05·2025
La Guardia Civil, en una extensa operación denominada "Finoplast", ha logrado desmantelar una compleja red criminal dedicada al tráfico ilegal internacional de más de 41.000 toneladas de residuos plásticos. Como resultado de esta exhaustiva investigación, se ha procedido a la detención de cinco personas, y otras quince se encuentran bajo investigación por su implicación en esta actividad ilícita.
La operación se inició a finales de 2022, tras el descubrimiento de un vertedero clandestino que albergaba miles de toneladas de plásticos en una antigua ladrillera en la zona del Bierzo, en León. Los agentes del Equipo Seprona de la Guardia Civil de León, al detectar este almacenamiento sin las debidas autorizaciones ambientales, pusieron en marcha las indagaciones que llevarían al descubrimiento de la magnitud de la trama.
Las investigaciones revelaron que gran parte de estos residuos plásticos provenían de la agricultura en Francia y Portugal. Eran transportados en camiones de gran tonelaje, aprovechando rutas de retorno, y depositados en estas instalaciones ilegales en León, así como en otros puntos clandestinos en La Bañeza (León) y Alberic (Valencia). Se estima que más de 18.800 toneladas de residuos fueron trasladadas ilegalmente desde Francia y Portugal a España.
Una parte de estos residuos era simplemente abandonada en los vertederos ilegales, mientras que el resto era enviado de forma fraudulenta a terceros países. Para ello, la organización falseaba la documentación ambiental o hacía pasar estos residuos como materia prima, ocultando su verdadera naturaleza. La Guardia Civil ha detectado envíos ilegales de casi 22.800 toneladas a destinos tan diversos como India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos o Emiratos Árabes.
IMPLICACIÓN DE ALMERÍA EN LA TRAMA
Un aspecto crucial de la investigación ha sido la conexión de la organización con varias empresas ubicadas en la provincia de Almería, vinculadas a la gestión de residuos plásticos. Estas empresas desempeñaron un papel fundamental en la trama, ya que colaboraban de manera organizada en la carga de contenedores para la exportación ilegal. Para ello, empleaban una sofisticada técnica de ocultamiento conocida como "tapadera": colocaban estratégicamente balas de plástico limpio en la parte delantera de los contenedores. De esta forma, si las autoridades policiales o aduaneras realizaban una inspección visual superficial, el residuo ilegal que se ocultaba en el interior era difícilmente detectable, requiriendo el uso de maquinaria pesada para su descubrimiento. Esto subraya la complicidad y el nivel de sofisticación de la red desarticulada.
Como parte de las diligencias, se tomaron muestras de 16 residuos almacenados en la Comunidad Valenciana. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona revelaron la presencia de sustancias tóxicas en 15 de las 16 muestras, lo que pone de manifiesto el grave riesgo ambiental y para la salud pública que suponía esta actividad ilegal.
La operación "Finoplast" ha incluido el registro de cuatro empresas que actuaban como sede social de dieciséis sociedades, la inspección de otras cuatro y el registro de dos viviendas donde se intervino documentación relevante. Asimismo, se han localizado e incautado miles de toneladas de residuos depositados en instalaciones clandestinas, con la colaboración de las autoridades ambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
La investigación, liderada por el Equipo Seprona de la Guardia Civil de León y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo de Ponferrada, ha contado con un amplio despliegue. Se han emitido 21 órdenes europeas de investigación y se ha trabajado de forma coordinada con autoridades de Francia, Portugal, Alemania, Suiza e Inglaterra, así como con organismos como Eurojust, Europol, la Gendarmería Nacional Francesa y la Policía Judiciaria Portuguesa. El cabecilla de la trama ha ingresado en prisión provisional.
La operación se inició a finales de 2022, tras el descubrimiento de un vertedero clandestino que albergaba miles de toneladas de plásticos en una antigua ladrillera en la zona del Bierzo, en León. Los agentes del Equipo Seprona de la Guardia Civil de León, al detectar este almacenamiento sin las debidas autorizaciones ambientales, pusieron en marcha las indagaciones que llevarían al descubrimiento de la magnitud de la trama.
Las investigaciones revelaron que gran parte de estos residuos plásticos provenían de la agricultura en Francia y Portugal. Eran transportados en camiones de gran tonelaje, aprovechando rutas de retorno, y depositados en estas instalaciones ilegales en León, así como en otros puntos clandestinos en La Bañeza (León) y Alberic (Valencia). Se estima que más de 18.800 toneladas de residuos fueron trasladadas ilegalmente desde Francia y Portugal a España.
Una parte de estos residuos era simplemente abandonada en los vertederos ilegales, mientras que el resto era enviado de forma fraudulenta a terceros países. Para ello, la organización falseaba la documentación ambiental o hacía pasar estos residuos como materia prima, ocultando su verdadera naturaleza. La Guardia Civil ha detectado envíos ilegales de casi 22.800 toneladas a destinos tan diversos como India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos o Emiratos Árabes.
IMPLICACIÓN DE ALMERÍA EN LA TRAMA
Un aspecto crucial de la investigación ha sido la conexión de la organización con varias empresas ubicadas en la provincia de Almería, vinculadas a la gestión de residuos plásticos. Estas empresas desempeñaron un papel fundamental en la trama, ya que colaboraban de manera organizada en la carga de contenedores para la exportación ilegal. Para ello, empleaban una sofisticada técnica de ocultamiento conocida como "tapadera": colocaban estratégicamente balas de plástico limpio en la parte delantera de los contenedores. De esta forma, si las autoridades policiales o aduaneras realizaban una inspección visual superficial, el residuo ilegal que se ocultaba en el interior era difícilmente detectable, requiriendo el uso de maquinaria pesada para su descubrimiento. Esto subraya la complicidad y el nivel de sofisticación de la red desarticulada.
Como parte de las diligencias, se tomaron muestras de 16 residuos almacenados en la Comunidad Valenciana. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona revelaron la presencia de sustancias tóxicas en 15 de las 16 muestras, lo que pone de manifiesto el grave riesgo ambiental y para la salud pública que suponía esta actividad ilegal.
La operación "Finoplast" ha incluido el registro de cuatro empresas que actuaban como sede social de dieciséis sociedades, la inspección de otras cuatro y el registro de dos viviendas donde se intervino documentación relevante. Asimismo, se han localizado e incautado miles de toneladas de residuos depositados en instalaciones clandestinas, con la colaboración de las autoridades ambientales de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
La investigación, liderada por el Equipo Seprona de la Guardia Civil de León y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Área de Medio Ambiente y Urbanismo de Ponferrada, ha contado con un amplio despliegue. Se han emitido 21 órdenes europeas de investigación y se ha trabajado de forma coordinada con autoridades de Francia, Portugal, Alemania, Suiza e Inglaterra, así como con organismos como Eurojust, Europol, la Gendarmería Nacional Francesa y la Policía Judiciaria Portuguesa. El cabecilla de la trama ha ingresado en prisión provisional.
