El Tribunal Supremo confirma las condenas de hasta ocho años a siete hombres a los que se incautó 4.700 kilos de hachís
ALMERÍA HOY / 18·01·2025
El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas de hasta ocho años y cinco meses de prisión y el pago de multas millonarias para siete miembros de una red, en la que se infiltraron tres agentes de la Guardia Civil, cuyos miembros intentaron introducir en España más de 4.700 kilos de hachís en una operación por vía marítima en abril de 2021.
La sentencia de origen apunta que los agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguieron acceder al seno de la trama tras conocer en septiembre de 2020 que sus miembros buscaban colaboradores para cubrir una operación que pretendía introducir por el sur del país una gran cantidad de estupefaciente.
La red contaba con varios miembros con funciones plenamente diferenciadas, de modo que uno de los agentes contactó con el que estaba encargado de reclutar a posibles colaboradores para llevar a cabo el plan y hacerse con una gran cantidad de droga procedente de Marruecos.
Fue así, durante un primer encuentro en Valencia, cómo el hombre reveló al agente que mantuvo oculta su identidad las necesidades que tenía la organización, consistentes fundamentalmente en contar con una embarcación que pudiera recibir en alta mar la droga y llevarla a las costas españolas.
A tenor de dichos datos y en coordinación con la Fiscalía Antidroga de Almería y el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, se autorizó la actuación de tres agentes encubiertos que entraron en contacto con el resto de la organización para llevar a cabo el traspaso de los fardos de hachís en un punto previamente determinado en el mar y su posterior descarga en tierra firme.
La resolución judicial, que condena a los acusados por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, sitúa a M.L.M. en la cúspide de la banda, con dos acusados más a su cargo para realizar funciones organizativas junto con el acusado con el que contactó el agente, que se ocupaba de reclutar más personal. A partir de ahí, se desplegaba una red secundaria de delegados y comisionados encargados de ejecutar las órdenes.
Los agentes se ganaron la confianza de los acusados, quienes tras realizarles pagos por 38.000 euros les encargaron la recogida de varios fardos de hachís a bordo de un pesquero empleado por los infiltrados bajo unas órdenes precisas de cómo debían actuar. Así, el día de la operación los agentes se hicieron con 155 fardos de hachís, de unos 30 kilos cada uno, que les fueron facilitados por ocho personas que iban a bordo de dos lanchas rápidas equipadas con potentes motores fueraborda.
Finalmente la sustancia aprehendida una vez analizada resultó ser resina de cannabis con un peso neto 4.756,4 kilos, que habría alcanzado en el mercado negro un valor de más de 9,4 millones de euros.
La sentencia de origen apunta que los agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consiguieron acceder al seno de la trama tras conocer en septiembre de 2020 que sus miembros buscaban colaboradores para cubrir una operación que pretendía introducir por el sur del país una gran cantidad de estupefaciente.
La red contaba con varios miembros con funciones plenamente diferenciadas, de modo que uno de los agentes contactó con el que estaba encargado de reclutar a posibles colaboradores para llevar a cabo el plan y hacerse con una gran cantidad de droga procedente de Marruecos.
Fue así, durante un primer encuentro en Valencia, cómo el hombre reveló al agente que mantuvo oculta su identidad las necesidades que tenía la organización, consistentes fundamentalmente en contar con una embarcación que pudiera recibir en alta mar la droga y llevarla a las costas españolas.
A tenor de dichos datos y en coordinación con la Fiscalía Antidroga de Almería y el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, se autorizó la actuación de tres agentes encubiertos que entraron en contacto con el resto de la organización para llevar a cabo el traspaso de los fardos de hachís en un punto previamente determinado en el mar y su posterior descarga en tierra firme.
La resolución judicial, que condena a los acusados por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, sitúa a M.L.M. en la cúspide de la banda, con dos acusados más a su cargo para realizar funciones organizativas junto con el acusado con el que contactó el agente, que se ocupaba de reclutar más personal. A partir de ahí, se desplegaba una red secundaria de delegados y comisionados encargados de ejecutar las órdenes.
Los agentes se ganaron la confianza de los acusados, quienes tras realizarles pagos por 38.000 euros les encargaron la recogida de varios fardos de hachís a bordo de un pesquero empleado por los infiltrados bajo unas órdenes precisas de cómo debían actuar. Así, el día de la operación los agentes se hicieron con 155 fardos de hachís, de unos 30 kilos cada uno, que les fueron facilitados por ocho personas que iban a bordo de dos lanchas rápidas equipadas con potentes motores fueraborda.
Finalmente la sustancia aprehendida una vez analizada resultó ser resina de cannabis con un peso neto 4.756,4 kilos, que habría alcanzado en el mercado negro un valor de más de 9,4 millones de euros.