Se ha aprobado por unanimidad la partida presupuestaria para afrontar los pagos
ALMERÍA HOY / 10·07·2024
El Ayuntamiento de Albox deberá hacer frente a seis sentencias condenatorias por impago de facturas de los últimos años que suponen una deuda de 523.829 euros; cantidad que condiciona, según el Consistorio, la capacidad de gestión del gobierno presidido por María del Mar Alfonso, teniendo en cuenta que esas obligaciones de pago superan, por ejemplo, el capítulo de inversiones de los presupuestos de 2024.
El equipo de gobierno explica que a ello se suma el pago en el último año de más de dos millones de euros en facturas pendientes de materiales, obras, servicios, eventos y todo tipo de conceptos, “que el ex alcalde Francisco Torrecillas había dejado en los cajones”.
Para poder acatar las diferentes órdenes judiciales, el actual equipo de gobierno ha tenido que aprobar en sesión plenaria una modificación presupuestaria para el ejercicio 2024 que permita asumir la deuda retrayendo dinero de otras partidas. “Este equipo se ve obligado a hacer una modificación presupuestaria para hacer frente al calendario de pagos de jurídicos y contenciosos de los anteriores gobiernos. Otras partidas se van a ver reducidas para poder pagar las sentencias consecuencia de los incumplimientos de gobiernos anteriores” explica la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.
Según explican, el más antiguo de los contenciosos se remonta al año 2012. La empresa EULEN Servicios Sociosanitarios reclama facturas impagadas cuyo valor asciende a 61.878 euros. Unas obligaciones de pago reclamadas por la justicia que el ex alcalde Torrecillas tampoco ha asumido durante sus años de gobierno y que ahora está pagando el actual equipo dirigido por Alfonso.
La segunda sentencia, también con la empresa EULEN Servicios Sociosanitarios y generada por facturas impagadas, se remonta al año 2017 y la justicia obliga al Ayuntamiento de Albox a pagar 71.245 euros. Un calendario de pagos que el actual gobierno municipal dice estar cumpliendo.
Indican que lo mismo está sucediendo con la tercera sentencia condenatoria con esta misma empresa y generada por servicios prestados entre los años 2016-2018. 117.418 euros de facturas impagadas a lo que hay que sumar 56.310 euros de intereses. En total 226.728 euros que el gobierno del PP terminará de pagar según el calendario de pagos, en el año 2027.
Un abogado, asesor de alcaldía, reclama facturas impagadas por sus servicios del año 2015 que ascienden a 75.582 euros.
La alcaldía sigue explicando que, la quinta sentencia está relacionada con este conocido letrado y data del año 2016. “Una deuda por facturas impagadas de 34.667 euros que nadie ha pagado en todos estos años y que ahora pagará el gobierno de Alfonso durante los próximos dos años”, indica el consistorio.
A la deuda referida, hay que sumar la sexta sentencia condenatoria con obligaciones de pago que afecta al anterior gobierno, que da la razón a la empresa Construcciones MAYGAR por la urbanización de la calle nueva, junto al Huerto de Los Frailes. “El ex alcalde Francisco Torrecillas ha dejado sin pagar 53.721 euros, y ahora el gobierno de María del Mar Alfonso deberá hacer frente a la deuda”, explican fuentes municipales.
La modificación presupuestaria para poder pagar las seis sentencias de gobiernos anteriores ha sido aprobada en pleno por unanimidad de todos los concejales presentes; 8 votos del PP, 3 PSOE y 2 ediles de UCIN.
El equipo de gobierno explica que a ello se suma el pago en el último año de más de dos millones de euros en facturas pendientes de materiales, obras, servicios, eventos y todo tipo de conceptos, “que el ex alcalde Francisco Torrecillas había dejado en los cajones”.
Para poder acatar las diferentes órdenes judiciales, el actual equipo de gobierno ha tenido que aprobar en sesión plenaria una modificación presupuestaria para el ejercicio 2024 que permita asumir la deuda retrayendo dinero de otras partidas. “Este equipo se ve obligado a hacer una modificación presupuestaria para hacer frente al calendario de pagos de jurídicos y contenciosos de los anteriores gobiernos. Otras partidas se van a ver reducidas para poder pagar las sentencias consecuencia de los incumplimientos de gobiernos anteriores” explica la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.
Según explican, el más antiguo de los contenciosos se remonta al año 2012. La empresa EULEN Servicios Sociosanitarios reclama facturas impagadas cuyo valor asciende a 61.878 euros. Unas obligaciones de pago reclamadas por la justicia que el ex alcalde Torrecillas tampoco ha asumido durante sus años de gobierno y que ahora está pagando el actual equipo dirigido por Alfonso.
La segunda sentencia, también con la empresa EULEN Servicios Sociosanitarios y generada por facturas impagadas, se remonta al año 2017 y la justicia obliga al Ayuntamiento de Albox a pagar 71.245 euros. Un calendario de pagos que el actual gobierno municipal dice estar cumpliendo.
Indican que lo mismo está sucediendo con la tercera sentencia condenatoria con esta misma empresa y generada por servicios prestados entre los años 2016-2018. 117.418 euros de facturas impagadas a lo que hay que sumar 56.310 euros de intereses. En total 226.728 euros que el gobierno del PP terminará de pagar según el calendario de pagos, en el año 2027.
Un abogado, asesor de alcaldía, reclama facturas impagadas por sus servicios del año 2015 que ascienden a 75.582 euros.
La alcaldía sigue explicando que, la quinta sentencia está relacionada con este conocido letrado y data del año 2016. “Una deuda por facturas impagadas de 34.667 euros que nadie ha pagado en todos estos años y que ahora pagará el gobierno de Alfonso durante los próximos dos años”, indica el consistorio.
A la deuda referida, hay que sumar la sexta sentencia condenatoria con obligaciones de pago que afecta al anterior gobierno, que da la razón a la empresa Construcciones MAYGAR por la urbanización de la calle nueva, junto al Huerto de Los Frailes. “El ex alcalde Francisco Torrecillas ha dejado sin pagar 53.721 euros, y ahora el gobierno de María del Mar Alfonso deberá hacer frente a la deuda”, explican fuentes municipales.
La modificación presupuestaria para poder pagar las seis sentencias de gobiernos anteriores ha sido aprobada en pleno por unanimidad de todos los concejales presentes; 8 votos del PP, 3 PSOE y 2 ediles de UCIN.
