 |
| .. |
JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
QUIENES PROFESIONALMENTE NOS ocupamos de la información, hemos viajado por Europa y conocemos los usos y costumbres de los países que la UE, sabemos que en esos países está garantizado por sus estados y sus gobiernos el pacífico uso y disfrute de la propiedad privada. En España no está garantizado ese uso y disfrute, ustedes amigos lectores lo saben. Esta situación de desprotección, absolutamente imposible imaginar en otros países de nuestro entorno, en España está auspiciada por ministros y socios del gobierno de la Nación que fomentan, de modo evidente pasivo o activo, la ocupación ilegal de viviendas y locales. Una preocupante realidad se ha hecho presente en todas las regiones y provincias de España. Consecuencia de ello son los nuevos negocios que surgen alrededor de la inseguridad: seguros especiales para viviendas y locales, con sobre prima por la posible ocupación ilegal; compañías de seguridad que proponen contratos de vigilancia con medios electrónicos y empresas específicamente especializadas en “desalojos”, a veces con el uso de la fuerza.
Estamos escribiendo sobre un país que, sin ser, huele a tercermundista, donde en la práctica no existe eficacia de la ley y el orden. En eso ha convertido el gobierno social-comunista un país habitado por ciudadanos confiados y tranquilos en las garantías incuestionables del Estado de Derecho y que un día no tan lejano imaginaron un futuro realmente pacífico amparado por las leyes, por la Justicia y por las fuerzas del orden, donde no hubiera que utilizar la fuerza para disfrutar de la legítima propiedad. Esto se parece cada día más a Nigeria, Ecuador o a cualquier otro país ajeno a la cultura y significado sobre la propiedad privada y el Estado de Derecho.
Lo que diariamente ocurre y evidencian los medios de información es un preaviso con certificado de acuse sobre lo que es capaz el comunismo y el populismo en acción. No se trata aquí de facilitar datos o detalles, nadie podrá dudar de las cifras pavorosas de casos de ocupaciones ilegales en circunstancias realmente insoportables para la razón y el sentido común; ninguna propiedad inmobiliaria esta salvo en España de una ocupación ilegal. Ni el Estado, ni la Constitución, ni la legislación vigente se muestran capaces de evitar o actuar con diligencia frente a estas situaciones, menos aún para frenarlas o impedirlas. Es decir, se trata de una flagrante desprotección de parte del Estado y del Gobierno, único actor legitimado para actuar con todos los medios que un ciudadano no podría utilizar. La cuestión insólita y difícil de entender es la pasividad de las Cámaras que representan la voluntad popular: Congreso y Senado, donde los representantes de esa voluntad no parecen dispuestos cambiar la situación, por lo que a todas luces parece irreversible.
El derecho a una vivienda esta reconocido en todas las democracias europeas, sin embargo, el fenómeno de la ocupación ilegal no es algo que preocupe a los europeos como una amenaza al uso y disfrute de la propiedad privada. Ambos derechos pueden coexistir sin que uno prevalezca sobre el otro. La cuestión fundamental, la única cuestión, es que en España no hay suficiente vivienda social capaz de satisfacer la demanda. En esta situación de precariedad, el Estado, es decir, el Gobierno de España, fuerza a los propietarios de viviendas a suplir de algún modo, generalmente con la violencia de parte, la escasez de viviendas que afectan a centenares de miles de inmigrantes y españoles carentes de recursos.
Algunas cifras ilustran la situación: el actual presidente del gobierno ha anunciado en varias ocasiones su programa de vivienda social en campañas electorales; en 2019 anunció la cifra de 230.000 viviendas que el Estado facilitaría “a los más necesitados”, que ha resultado falso y vergonzante; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció el “Plan 20.000”, igualmente falso; en marzo de 2021, también Ábalos volvía a lanzar caramelos al aire anunciando otras 100.000 viviendas a disposición de las clases “más desfavorecidas”, totalmente falso. Y así una sarta de mentiras que han quedado en evidencia a fecha 2024, cuando las cifras de ocupación ilegal continúan aumentando porque el Estado, es decir, el Gobierno garante de los derechos de todos, no es capaz de cumplir sus promesas con los realmente necesitados.
El Gobierno carece de argumentos y recurre a nuevas promesas, mentiras y pretextos que no pueden soslayar esta realidad: el porcentaje de viviendas sociales en España es del 2,5% respecto a la totalidad del parque inmobiliario. En Europa ese porcentaje de viviendas sociales es de 9,3%, es decir: España mantiene muy bajo el número de viviendas sociales, está en posición muy inferior a los países de Europa. Consecuencia directa, en España se extiende la ocupación ilegal y en Europa apenas se conocen casos.
Analizando el fondo del asunto desde la perspectiva de los últimos treinta años, resulta evidente que las políticas sobre el suelo han sido un fracaso. El primero fue conceder competencias a los ayuntamientos para la calificación del suelo. Así comenzaron los más escandalosos casos de corrupción. Sería interminable el número de alcaldes y concejales de todos los partidos imputados y condenados por corrupción. Con la excepción de honestos gestores públicos, en la mayoría de los casos el dedazo de la calificación y recalificación del suelo ha guiado sucesivas generaciones de políticos dedicados enriquecerse con el mangoneo del suelo, único objetivo alejado de cualquier voluntad de servicio, como han mostrado miles de hampones amparados bajo la etiqueta de la política. Cualquiera puede reconocerlos en su pueblo o en su ciudad. Es decir: las gravísimas decisiones de los sucesivos gobiernos, en relación al uso del suelo, han pervertido el sentido noble de la vocación política atrayendo a vulgares delincuentes al olor del dinero. El urbanismo, objetivo dorado de los saqueadores que se acercan al poder, cuerno de la abundancia que tanto ha derramado en bolsillos ajenos trazando líneas, precio convenido, sobre los planes generales de urbanismo. Todo lo anterior ha propiciado una inacabable feria de pelotazos, fomentando la especulación del suelo y, por ello, de la vivienda, aumentando precios y haciendo inalcanzable la adquisición, según dicta la ley de libre mercado. Nadie medianamente capacitado puede ignorar esta situación.
Tantos errores y excesos y la ausencia de compromiso social de los poderes públicos en España han propiciado el fenómeno de la ocupación ilegal, y con ello la desprotección de los propietarios. Los sucesivos gobiernos, y singularmente el actual, no han afrontado este grave problema, cuya solución pasa por políticas de vivienda social capaces de satisfacer la demanda. Y estas ausencias y errores las han de soportar los propietarios de inmuebles. En boca de ciertos dirigentes populistas, la propiedad privada se señala como un exceso del capitalismo a erradicar, como si la inversión en el sector inmobiliario fuera un delito y los inversores especuladores sin corazón. Se trata a todas luces de evadir responsabilidades y realidades que enfrentan la actuación de gobiernos de otra época en relación a la vivienda social.
El equilibrio y la armonía entre los derechos de todos los ciudadanos hacen posible una sociedad más justa.
Estamos escribiendo sobre un país que, sin ser, huele a tercermundista, donde en la práctica no existe eficacia de la ley y el orden. En eso ha convertido el gobierno social-comunista un país habitado por ciudadanos confiados y tranquilos en las garantías incuestionables del Estado de Derecho y que un día no tan lejano imaginaron un futuro realmente pacífico amparado por las leyes, por la Justicia y por las fuerzas del orden, donde no hubiera que utilizar la fuerza para disfrutar de la legítima propiedad. Esto se parece cada día más a Nigeria, Ecuador o a cualquier otro país ajeno a la cultura y significado sobre la propiedad privada y el Estado de Derecho.
Lo que diariamente ocurre y evidencian los medios de información es un preaviso con certificado de acuse sobre lo que es capaz el comunismo y el populismo en acción. No se trata aquí de facilitar datos o detalles, nadie podrá dudar de las cifras pavorosas de casos de ocupaciones ilegales en circunstancias realmente insoportables para la razón y el sentido común; ninguna propiedad inmobiliaria esta salvo en España de una ocupación ilegal. Ni el Estado, ni la Constitución, ni la legislación vigente se muestran capaces de evitar o actuar con diligencia frente a estas situaciones, menos aún para frenarlas o impedirlas. Es decir, se trata de una flagrante desprotección de parte del Estado y del Gobierno, único actor legitimado para actuar con todos los medios que un ciudadano no podría utilizar. La cuestión insólita y difícil de entender es la pasividad de las Cámaras que representan la voluntad popular: Congreso y Senado, donde los representantes de esa voluntad no parecen dispuestos cambiar la situación, por lo que a todas luces parece irreversible.
El derecho a una vivienda esta reconocido en todas las democracias europeas, sin embargo, el fenómeno de la ocupación ilegal no es algo que preocupe a los europeos como una amenaza al uso y disfrute de la propiedad privada. Ambos derechos pueden coexistir sin que uno prevalezca sobre el otro. La cuestión fundamental, la única cuestión, es que en España no hay suficiente vivienda social capaz de satisfacer la demanda. En esta situación de precariedad, el Estado, es decir, el Gobierno de España, fuerza a los propietarios de viviendas a suplir de algún modo, generalmente con la violencia de parte, la escasez de viviendas que afectan a centenares de miles de inmigrantes y españoles carentes de recursos.
Algunas cifras ilustran la situación: el actual presidente del gobierno ha anunciado en varias ocasiones su programa de vivienda social en campañas electorales; en 2019 anunció la cifra de 230.000 viviendas que el Estado facilitaría “a los más necesitados”, que ha resultado falso y vergonzante; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció el “Plan 20.000”, igualmente falso; en marzo de 2021, también Ábalos volvía a lanzar caramelos al aire anunciando otras 100.000 viviendas a disposición de las clases “más desfavorecidas”, totalmente falso. Y así una sarta de mentiras que han quedado en evidencia a fecha 2024, cuando las cifras de ocupación ilegal continúan aumentando porque el Estado, es decir, el Gobierno garante de los derechos de todos, no es capaz de cumplir sus promesas con los realmente necesitados.
El Gobierno carece de argumentos y recurre a nuevas promesas, mentiras y pretextos que no pueden soslayar esta realidad: el porcentaje de viviendas sociales en España es del 2,5% respecto a la totalidad del parque inmobiliario. En Europa ese porcentaje de viviendas sociales es de 9,3%, es decir: España mantiene muy bajo el número de viviendas sociales, está en posición muy inferior a los países de Europa. Consecuencia directa, en España se extiende la ocupación ilegal y en Europa apenas se conocen casos.
Analizando el fondo del asunto desde la perspectiva de los últimos treinta años, resulta evidente que las políticas sobre el suelo han sido un fracaso. El primero fue conceder competencias a los ayuntamientos para la calificación del suelo. Así comenzaron los más escandalosos casos de corrupción. Sería interminable el número de alcaldes y concejales de todos los partidos imputados y condenados por corrupción. Con la excepción de honestos gestores públicos, en la mayoría de los casos el dedazo de la calificación y recalificación del suelo ha guiado sucesivas generaciones de políticos dedicados enriquecerse con el mangoneo del suelo, único objetivo alejado de cualquier voluntad de servicio, como han mostrado miles de hampones amparados bajo la etiqueta de la política. Cualquiera puede reconocerlos en su pueblo o en su ciudad. Es decir: las gravísimas decisiones de los sucesivos gobiernos, en relación al uso del suelo, han pervertido el sentido noble de la vocación política atrayendo a vulgares delincuentes al olor del dinero. El urbanismo, objetivo dorado de los saqueadores que se acercan al poder, cuerno de la abundancia que tanto ha derramado en bolsillos ajenos trazando líneas, precio convenido, sobre los planes generales de urbanismo. Todo lo anterior ha propiciado una inacabable feria de pelotazos, fomentando la especulación del suelo y, por ello, de la vivienda, aumentando precios y haciendo inalcanzable la adquisición, según dicta la ley de libre mercado. Nadie medianamente capacitado puede ignorar esta situación.
Tantos errores y excesos y la ausencia de compromiso social de los poderes públicos en España han propiciado el fenómeno de la ocupación ilegal, y con ello la desprotección de los propietarios. Los sucesivos gobiernos, y singularmente el actual, no han afrontado este grave problema, cuya solución pasa por políticas de vivienda social capaces de satisfacer la demanda. Y estas ausencias y errores las han de soportar los propietarios de inmuebles. En boca de ciertos dirigentes populistas, la propiedad privada se señala como un exceso del capitalismo a erradicar, como si la inversión en el sector inmobiliario fuera un delito y los inversores especuladores sin corazón. Se trata a todas luces de evadir responsabilidades y realidades que enfrentan la actuación de gobiernos de otra época en relación a la vivienda social.
El equilibrio y la armonía entre los derechos de todos los ciudadanos hacen posible una sociedad más justa.
