El juez considera que no había motivos para convocarlo de manera urgrente sin respetar los dos días de antelación preceptivos
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| Saturnino Fernández, portavoz del PP de Cantoria. |
ALMERÍA HOY / 7·04·2024
El portavoz del PP de Cantoria, Saturnino Fernández, ha expresado su "satisfacción" sobre la condena al Ayuntamiento por haber convocado un Pleno en julio de 2023 de manera urgente "sin motivos" que justificaran esa forma de citación.
Fernández celebra que la Justicia le haya dado la razón "tras años y años de convocatorias de plenos urgentes en la localidad, una táctica implantada por la alcaldesa socialista Purificación Sánchez en 2015 para dejar sin margen de maniobra a la oposición a la hora de poder estudiar los expedientes y la información referente al pleno, y que lamentablemente se ha convertido en una constante en el Ayuntamiento cantoriano".
El edil popular explica que, desde hace 9 años, "más del 58% de un total de 113 plenos convocados han sido con carácter urgente y, a pesar de haber advertido a la alcaldesa en numerosas ocasiones de que estas formas eran poco democráticas, ella siguió haciendo caso omiso". Por este motivo, los populares tomaron la decisión de llevar el caso a los tribunales al entender que con esta decisión la primera edil estaba "sesgando los derechos fundamentales" de los concejales de la oposición.
Concretamente, el recurso contencioso-administrativo del PP se refiere a la convocatoria y los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento de Cantoria con fecha 31 de julio de 2023, por considerar los populares que se vulnera el derecho fundamental a la participación política consagrado en el Art. 23 CE, al no haberse justificado la urgencia del pleno.
La alcaldesa convocó sesión plenaria extraordinaria urgente el jueves 27 de julio para el lunes 31 de julio, justificando la urgencia en “la adopción de varios acuerdos que afectan al interés público y general del municipio” así como “al objeto de dar cumplimiento a la tramitación y aprobación de una serie de expedientes que afectan a la organización interna del Ayuntamiento antes del inicio de las vacaciones donde la actividad de los órganos colegiados queda paralizada”.
La sentencia indica que “no se observa razón alguna por la que la convocatoria del pleno no hubiera podido tener lugar con la antelación de dos días prevista con carácter general, ya que la práctica paralización de la administración ordinaria en el mes de agosto, como se aduce, para justificar el pleno el último día hábil de julio, no puede constituir justificación alguna para no respetar el plazo mínimo de antelación de dos días hábiles en la convocatoria, pues lo relevante para apreciar razones de urgencia es si lo justifica el interés general, lo que aquí no acontece”.
Por ello, y según el fallo quedan “anulados y sin efecto los acuerdos adoptados en el pleno del 31 de julio de 2023, con imposición de costas a la parte demandada”.
Saturnino Fernández espera que esta sentencia sirva para que la alcaldesa "recapacite y deje de utilizar el Ayuntamiento como si fuera su cortijo". Además le recuerda que los concejales del PP "han sido elegidos democráticamente y tienen todo el derecho a ejercer la oposición sin que desde el equipo de gobierno se le estén poniendo trabas continuamente". “Lo único que pedimos es que se respete la ley y que podamos tener el tiempo necesario para conocer en profundidad los asuntos que se van a tratar en un pleno. Desde el PP recordamos a la alcaldesa que la legislación está para cumplirla, lo triste es que los caprichos fuera de la ley de nuestra primera edil, tengan que ser sufragados por todos los cantorianos”, concluye.
Fernández celebra que la Justicia le haya dado la razón "tras años y años de convocatorias de plenos urgentes en la localidad, una táctica implantada por la alcaldesa socialista Purificación Sánchez en 2015 para dejar sin margen de maniobra a la oposición a la hora de poder estudiar los expedientes y la información referente al pleno, y que lamentablemente se ha convertido en una constante en el Ayuntamiento cantoriano".
El edil popular explica que, desde hace 9 años, "más del 58% de un total de 113 plenos convocados han sido con carácter urgente y, a pesar de haber advertido a la alcaldesa en numerosas ocasiones de que estas formas eran poco democráticas, ella siguió haciendo caso omiso". Por este motivo, los populares tomaron la decisión de llevar el caso a los tribunales al entender que con esta decisión la primera edil estaba "sesgando los derechos fundamentales" de los concejales de la oposición.
Concretamente, el recurso contencioso-administrativo del PP se refiere a la convocatoria y los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento de Cantoria con fecha 31 de julio de 2023, por considerar los populares que se vulnera el derecho fundamental a la participación política consagrado en el Art. 23 CE, al no haberse justificado la urgencia del pleno.
La alcaldesa convocó sesión plenaria extraordinaria urgente el jueves 27 de julio para el lunes 31 de julio, justificando la urgencia en “la adopción de varios acuerdos que afectan al interés público y general del municipio” así como “al objeto de dar cumplimiento a la tramitación y aprobación de una serie de expedientes que afectan a la organización interna del Ayuntamiento antes del inicio de las vacaciones donde la actividad de los órganos colegiados queda paralizada”.
La sentencia indica que “no se observa razón alguna por la que la convocatoria del pleno no hubiera podido tener lugar con la antelación de dos días prevista con carácter general, ya que la práctica paralización de la administración ordinaria en el mes de agosto, como se aduce, para justificar el pleno el último día hábil de julio, no puede constituir justificación alguna para no respetar el plazo mínimo de antelación de dos días hábiles en la convocatoria, pues lo relevante para apreciar razones de urgencia es si lo justifica el interés general, lo que aquí no acontece”.
Por ello, y según el fallo quedan “anulados y sin efecto los acuerdos adoptados en el pleno del 31 de julio de 2023, con imposición de costas a la parte demandada”.
Saturnino Fernández espera que esta sentencia sirva para que la alcaldesa "recapacite y deje de utilizar el Ayuntamiento como si fuera su cortijo". Además le recuerda que los concejales del PP "han sido elegidos democráticamente y tienen todo el derecho a ejercer la oposición sin que desde el equipo de gobierno se le estén poniendo trabas continuamente". “Lo único que pedimos es que se respete la ley y que podamos tener el tiempo necesario para conocer en profundidad los asuntos que se van a tratar en un pleno. Desde el PP recordamos a la alcaldesa que la legislación está para cumplirla, lo triste es que los caprichos fuera de la ley de nuestra primera edil, tengan que ser sufragados por todos los cantorianos”, concluye.
