“Hay suficientes pruebas para condenar a Antonio Segura”

El abogado de la acusación particular considera “muy relevantes” las evidencias contra el letrado veratense en las investigaciones por un presunto tráfico ilegal de agua



ALMERÍA HOY / 06·08·2023

El abogado de la acusación particular considera “muy relevantes” las evidencias contra el letrado veratense en las investigaciones por un presunto tráfico ilegal de agua. También ha comentado que Segura podría “irse de rositas”, pagando “sólo 400.000 euros por un delito que habría reportado 40 millones y causado la ruina de muchas familias”.

José Ramón Cantalejo es el letrado de SARAMA, la empresa que acusó ante la Fiscalía el 24 de febrero de 2020 a Antonio Segura, conocido abogado veratense y presidente de la SAT Climasol, por el supuesto tráfico ilegal de casi 9 Hm3 de agua. Está convencido de que “hay suficientes pruebas para condenarle”, sin embargo, teme que la “lentitud” con que obra la Justicia pueda dejar la condena en una “fruslería” en relación al “negocio” que podría haber reportado el delito investigado.

Sobre la “solidez” de las evidencias, no alberga dudas, “como tampoco las tuvo el fiscal de Medio Ambiente cuando decidió presentar la querella” el 9 de septiembre de 2020.

LAS PRUEBAS

Cantalejo alude al informe elaborado por técnicos de la Junta visando que el pozo de la Terrera –del que supuestamente extraían agua Antonio Segura y su socio, Francisco Montoya- “no dispone de título de aprovechamiento”, otra manera de decir que carecía de permiso. Esto fue corroborado por el acusado ante la juez.

Cantalejo también se refiere al certificado expedido por la Dirección General del Catastro señalando que el mencionado pozo “es propiedad de la Junta de Andalucía con carácter de bien patrimonial”.

Un tercer testimonio consiste en una colección de facturas de suministro eléctrico, cursadas a nombre de la SAT Climasol -presidida por Segura-, pero vinculadas al contador del sondeo de la Terrera.

Pero hay más, como las facturas expedidas por UEPA SAT –empresa del socio del abogado veratense- facturando el agua del pozo presuntamente ilegal, así como el informe de un técnico de Medio Ambiente aseverando que, entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019, del pozo de la Terrera se habrían extraído 1.761.037 m3 de agua, tasados en 343.249,92 euros, a razón de 0,19 euros/m3. La valoración cabría calificarla de muy generosa con los inculpados, y muy lejos de los 0,50 euros/m3 reflejados en las facturas.

Por último, tanto las declaraciones de los testigos, señalando la gestión del pozo por medio de recursos humanos y económicos de la SAT presidida por Antonio Segura, y de éste mismo, reconociendo ante la juez que explotaba el sondeo sin la preceptiva autorización, parecen a Cantalejo pruebas “sobradamente contundentes” para acabar condenando al abogado veratenses.

343.249 EUROS

En consecuencia, el Ministerio Público entiende que procede “imponer” a cada uno de los acusados –Segura, su socio Francisco Montoya, el empresario Fulgencio Marín, así como las sociedades vinculadas a los tres, entre ellas Climasol- la pena de “un año y seis meses de prisión”, además de “inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo [a ser elegido]” y a desarrollar cualquier actividad relacionada con la agricultura durante el tiempo que dure la condena, así como a pagar las costas judiciales y una multa de 7.200 euros.

Finalmente, en el caso de ser condenados, los acusados deberán “indemnizar” con “343.249,92 euros” a la Junta de Andalucía por el daño producido al dominio público hidráulico, con independencia de lo que deban resarcir a terceros por los perjuicios que “hayan podido ocasionar”. Ambas compensaciones podrían acabar siendo pagadas por los socios de la SAT Climasol, total o parcialmente, si la sentencia considera culpables a los demás imputados y se declararan insolventes.

Para prevenir el pago de posibles indemnizaciones, el juez ordenó a cada uno de los seis investigados el depósito de fianzas por valor de 457.655 euros, es decir, un total de 2.745.930 euros. Lo decretó mediante providencia firmada el 4 de mayo de 2022. Fijó un plazo de 24 horas para hacerlo, no obstante, cuando ha transcurrido más de un año, nadie lo ha hecho.

“PENA CORTÍSIMA”

Pero lo “peor” del caso, es que los “problemas añadidos a la lentitud” con que ya actúa la Justicia, hacen temer al abogado de la acusación que Antonio Segura y el resto de inculpados podrían “irse de rositas”.

No es que pase por la imaginación de Cantalejo que acaben siendo absueltos, porque insiste en que las pruebas son “suficientes” para condenarles, pero sí que las penas impuestas sean “cortísimas”.

De hecho, apunta que el fiscal apenas pide un año y medio de prisión y una indemnización de 343.249,92 euros “cuando el negocio generado por los hechos que se juzgan podría haber superado los 40 millones”.

Culpa de tal “desproporción” a que el ordenamiento jurídico impide exigir responsabilidades más allá del tiempo investigado, es decir, del 30 de noviembre de 2017. Pero, además, el “colapso” que sufre la Justicia podría dilatar muchos años la resolución del caso . Recordemos que el juez anunció el 4 de mayo de 2022 la celebración de un juicio que, más de un año después, ni siquiera ha sido convocado.

A la proverbial lentitud con que suele conducirse la Justicia, Cantalejo suma el freno que han supuesto las huelgas de secretarios judiciales, funcionarios, jueces y una más que ya anuncian los abogados. Sirva como ejemplo que su bufete ya está recibiendo citas para juicios fechadas ¡en 2025!

La consecuencia del retraso es clara para el letrado de la acusación particular: “Los imputados en la querella por tráfico ilegal de agua podrían beneficiarse por dilación excesiva de un procedimiento que, en circunstancias normales, tendría que haberse resuelto en menos de dos años, que ya se han superado con creces sin haber convocado aún la vista oral”.