La juez transformó el juicio contra el conocido militante socialista José Soler Cano por amenazas leves hacia el portavoz de Garrucha para la Gente en una causa de “enjuiciamiento criminal”
ALMERÍA HOY / 24·05·2023
18 de abril de 2023, 9:30 horas. La titular del número 2 de Vera, Cristina Martínez Pardo, da comienzo al juicio contra el militante socialista José Soler Cano, también conocido como ‘el Coco’, por dos delitos leves: uno de obstrucción a la Justicia y otro de amenazas hacia el portavoz de Garrucha para la Gente, Álvaro Ramos.
La vista apenas duró dos minutos, los suficientes para suspenderla, no sin antes advertir que iniciaba la instrucción de un procedimiento por los mismos delitos, pero con la categoría de “muy graves”.
¿Qué ocurrió durante esos 120 segundos para que la magistrada tuviera otra percepción de los hechos? Juan Carlos Sánchez Renovales, abogado del denunciante, le indicó que en el expediente del caso faltaban multitud de pruebas que había adjuntado a la denuncia, entre ellas, la grabación de la conversación en que un amigo del concejal le alertaba del supuesto encargo por parte del Coco de contratar “un sicario” para propinar al edil “una paliza o algo más”. El letrado también apuntó que no se habían tomado las declaraciones a varios testigos previamente solicitadas por escrito.
Fue suficiente para que la juez Martínez Pardo, tras valorar la carga probatoria no tenida en cuenta, decidiera cerrar el juicio de faltas y emprender nuevas diligencias, esta vez de “enjuiciamiento criminal”. El demandante adelanta que acusará a Soler de un delito de obstrucción a la Justicia y uno más por amenazas condicionadas. José Soler podría enfrentarse a penas de entre 2 y 4 años de cárcel.
“SICARIOS” Y “AMENAZAS”
Pero, ¿de qué se acusa al Coco? Los hechos denunciados comenzaron a producirse supuestamente hace algo más de un año, concretamente el 2 de abril de 2022. Ese día, un amigo telefoneó al portavoz de Garrucha para la Gente con el objetivo de advertirle que José Soler le había pedido “el contacto de un sicario para que te pegue una paliza o algo más. Van a por ti, Álvaro; que tú no conoces a esta gente. Quita la denuncia por tus hijos; te lo pido por favor”.
Se refería a la demanda presentada por Ramos sobre una serie de contratos presuntamente irregulares para trabajar en el Ayuntamiento, entre ellos, el de Victoria Soler, una de las hijas del Coco, despedida pocos días después de trascender la acusación.
Otro episodio denunciado ocurrió el 4 de mayo del año pasado en el Mercadona de la Media Legua. Ramos asegura que José Soler le espetó, nada más entrar al supermercado, varios insultos, como “desgraciado” y otros que no recuerda. Añade que, cuando se acercó a pedir explicaciones, sólo obtuvo por respuesta “vas a pagar lo que le has hecho a mi hija. Mientras yo esté vivo no estarás tranquilo en el pueblo”.
Un tercer capítulo se añadió a esta historia el 15 de junio. Fue en el trascurso de un Pleno extraordinario convocado a instancias del Grupo Popular para que la alcaldesa rindiera cuentas sobre la documentación solicitada por la Policía Judicial al Ayuntamiento; documentación relacionada con varios contratos de trabajo municipales, entre ellos, el de la hija del Coco, que había denunciado el concejal Ramos.
La Sesión se celebraba en el Centro Cultural. El Coco se sentó a “un metro y medio” del portavoz de Garrucha para la Gente y, durante el acto, “no paró de proferir insultos”. El edil declaró haber escuchado “hijo de puta”; “ya va a hablar otra vez el cabrón éste”; “mira que risa tiene de mierda”; “ni se te ocurra dar nombres”, en alusión al de su hija y al de otros contratados por el Consistorio.
Todo lo descrito hasta ahora forma parte del atestado presentado por la Guardia Civil de Garrucha en el Juzgado de Vera. El informe incluye, además, la grabación de la conversación entre Ramos y el amigo que le avisó del peligro que corría, así como el vídeo de la cámara de seguridad de Mercadona que registró el incidente.
EL ARCHIVO
No obstante, el juez del número 2 de Vera, Jesús Palomares Moreno, en quien recayó inicialmente el caso, decretó el archivo. Lo firmó el 4 de julio de 2022. Entendió que los hechos no encajaban en “ninguna figura delictiva”. Calificaba el intento de contratar un sicario y las demás actuaciones como “injurias leves”.
El edil interpuso un recurso, pero el juez Palomares ya no estaba para resolverlo. En esta ocasión, presidía la sala Cristina Martínez Pardo.
La juez sí estimó la solicitud del concejal, pues lo denunciado “no son meras vejaciones e injurias livianas”, sino posibles “amenazas condicionales y obstrucción a la justicia”. El presunto delito de obstrucción abre la puerta a que el Coco, con su supuesta acción de intimidación, presionaba al concejal para que retirara la denuncia de los contratos laborales, cuya investigación lleva a cabo el juzgado a instancias del fiscal, que es quien finalmente ha intervenido acusando a la alcaldesa de prevaricación. Dicho de otra manera: si con sus amenazas el Coco conseguía que el concejal renunciara a denunciar o a no colaborar con la justicia, la investigación del fiscal sobre los contratos municipales podría verse afectada, de ahí el presunto delito de “obstrucción a la justicia”.
Como hemos explicado, el 18 de abril la juez observó que “los hechos relatados hacen presumir la comisión de un delito penal” en lugar de uno leve, motivo que la indujo a abrir “diligencias previas” al amparo de la “Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Así las cosas, el Coco podría enfrentarse a una pena de prisión.
La vista apenas duró dos minutos, los suficientes para suspenderla, no sin antes advertir que iniciaba la instrucción de un procedimiento por los mismos delitos, pero con la categoría de “muy graves”.
¿Qué ocurrió durante esos 120 segundos para que la magistrada tuviera otra percepción de los hechos? Juan Carlos Sánchez Renovales, abogado del denunciante, le indicó que en el expediente del caso faltaban multitud de pruebas que había adjuntado a la denuncia, entre ellas, la grabación de la conversación en que un amigo del concejal le alertaba del supuesto encargo por parte del Coco de contratar “un sicario” para propinar al edil “una paliza o algo más”. El letrado también apuntó que no se habían tomado las declaraciones a varios testigos previamente solicitadas por escrito.
Fue suficiente para que la juez Martínez Pardo, tras valorar la carga probatoria no tenida en cuenta, decidiera cerrar el juicio de faltas y emprender nuevas diligencias, esta vez de “enjuiciamiento criminal”. El demandante adelanta que acusará a Soler de un delito de obstrucción a la Justicia y uno más por amenazas condicionadas. José Soler podría enfrentarse a penas de entre 2 y 4 años de cárcel.
“SICARIOS” Y “AMENAZAS”
Pero, ¿de qué se acusa al Coco? Los hechos denunciados comenzaron a producirse supuestamente hace algo más de un año, concretamente el 2 de abril de 2022. Ese día, un amigo telefoneó al portavoz de Garrucha para la Gente con el objetivo de advertirle que José Soler le había pedido “el contacto de un sicario para que te pegue una paliza o algo más. Van a por ti, Álvaro; que tú no conoces a esta gente. Quita la denuncia por tus hijos; te lo pido por favor”.
Se refería a la demanda presentada por Ramos sobre una serie de contratos presuntamente irregulares para trabajar en el Ayuntamiento, entre ellos, el de Victoria Soler, una de las hijas del Coco, despedida pocos días después de trascender la acusación.
Otro episodio denunciado ocurrió el 4 de mayo del año pasado en el Mercadona de la Media Legua. Ramos asegura que José Soler le espetó, nada más entrar al supermercado, varios insultos, como “desgraciado” y otros que no recuerda. Añade que, cuando se acercó a pedir explicaciones, sólo obtuvo por respuesta “vas a pagar lo que le has hecho a mi hija. Mientras yo esté vivo no estarás tranquilo en el pueblo”.
Un tercer capítulo se añadió a esta historia el 15 de junio. Fue en el trascurso de un Pleno extraordinario convocado a instancias del Grupo Popular para que la alcaldesa rindiera cuentas sobre la documentación solicitada por la Policía Judicial al Ayuntamiento; documentación relacionada con varios contratos de trabajo municipales, entre ellos, el de la hija del Coco, que había denunciado el concejal Ramos.
La Sesión se celebraba en el Centro Cultural. El Coco se sentó a “un metro y medio” del portavoz de Garrucha para la Gente y, durante el acto, “no paró de proferir insultos”. El edil declaró haber escuchado “hijo de puta”; “ya va a hablar otra vez el cabrón éste”; “mira que risa tiene de mierda”; “ni se te ocurra dar nombres”, en alusión al de su hija y al de otros contratados por el Consistorio.
Todo lo descrito hasta ahora forma parte del atestado presentado por la Guardia Civil de Garrucha en el Juzgado de Vera. El informe incluye, además, la grabación de la conversación entre Ramos y el amigo que le avisó del peligro que corría, así como el vídeo de la cámara de seguridad de Mercadona que registró el incidente.
EL ARCHIVO
No obstante, el juez del número 2 de Vera, Jesús Palomares Moreno, en quien recayó inicialmente el caso, decretó el archivo. Lo firmó el 4 de julio de 2022. Entendió que los hechos no encajaban en “ninguna figura delictiva”. Calificaba el intento de contratar un sicario y las demás actuaciones como “injurias leves”.
El edil interpuso un recurso, pero el juez Palomares ya no estaba para resolverlo. En esta ocasión, presidía la sala Cristina Martínez Pardo.
La juez sí estimó la solicitud del concejal, pues lo denunciado “no son meras vejaciones e injurias livianas”, sino posibles “amenazas condicionales y obstrucción a la justicia”. El presunto delito de obstrucción abre la puerta a que el Coco, con su supuesta acción de intimidación, presionaba al concejal para que retirara la denuncia de los contratos laborales, cuya investigación lleva a cabo el juzgado a instancias del fiscal, que es quien finalmente ha intervenido acusando a la alcaldesa de prevaricación. Dicho de otra manera: si con sus amenazas el Coco conseguía que el concejal renunciara a denunciar o a no colaborar con la justicia, la investigación del fiscal sobre los contratos municipales podría verse afectada, de ahí el presunto delito de “obstrucción a la justicia”.
Como hemos explicado, el 18 de abril la juez observó que “los hechos relatados hacen presumir la comisión de un delito penal” en lugar de uno leve, motivo que la indujo a abrir “diligencias previas” al amparo de la “Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Así las cosas, el Coco podría enfrentarse a una pena de prisión.
