La propuesta de compra es 'oficial' e incluye informe técnico de valoración del inmueble
ALMERÍA HOY / 4·04·2021
El Ayuntamiento de Almería va en serio con la compra del edificio de Correos en la Plaza Casinello. Tan en serio como haber incluido partidas en el presupuesto de este año para iniciar los trámites de adquisición, y haber desarrollado informes técnicos de valoración que permitan ofertar en firma a la dirección geneal de Correos. Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Almería de manera oficial, mediante escrito firmado por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. El interés municipal en la adquisición del inmueble situado en la Plaza Juan Cassinello, número 3, antigua sede de Correos, es firme. El consistorio tiene como objetivola puesta en valor del espacio propiedad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, empresa de capital 100% público, cuyo propietario es el Estado español.
En el escrito, el Consistorio comunica a la propiedad del inmueble la “voluntad” del municipio en su adquisición, mediante procedimiento negociado, y por el precio resultante de la valoración municipal, recordando que a tal efecto se ha incluido consignación “suficiente” en el presupuesto municipal del ejercicio 2021, aprobado inicialmente el pasado 23 de marzo. La propuesta de adquisición se acompaña del preceptivo informe técnico de valoración emitido por los servicios técnicos municipales, cuantificando esa valoración en el importe de 1.187.771,70 euros.
La adquisición mediante procedimiento negociado está prevista en el art. 10.2 a) de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, cuando así lo requieran las características de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica de los bienes, acreditándose en este caso la “idoneidad de la adquisición para el cumplimiento de su destino urbanístico de bien dotacional de interés públicos y social”. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha justificado la propuesta de adquisición, adelantada ya a comienzos del pasado mes de marzo, en el “compromiso” municipal de encontrar una solución “definitiva” a la situación del actual edificio, cerrado y sin uso desde el año 2011 y en un evidente y progresivo deterioro que ha motivado, por parte del Ayuntamiento, la tramitación del procedimiento previsto en la legislación urbanística y que ha finalizado en la correspondiente orden de ejecución a los propietarios.
Una situación que, como ha recordado la edil popular, ha llevado al alcalde a promover una decisión “consensuada” con el resto de grupos de la Corporación municipal”, ahora trasladada oficialmente a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, después de que ésta no haya logrado vender el edificio, como ha sido su propósito, tras varios intentos. No obstante, como también se recuerda en el escrito, la calificación urbanística como servicio dotacional público, “habilita al municipio para su adquisición mediante expropiación, de oficio o solicitud de los propietarios”. En este sentido, Martínez Labella espera que esta fórmula “fuera el último recurso, entendiendo el interés que existe por ambas partes, Sociedad y Ayuntamiento, para una solución definitiva a la situación del edificio”. El inmueble, en sus actuales circunstancias, viene siendo “fuente de problemas para los vecinos y ciudadanos en general”, ha subrayado la responsable municipal de Urbanismo. Por otra parte, su ubicación en la entrada del Casco Histórico es “estratégica” para dotar al mismo del uso urbanísticamente previsto de un servicio dotacional de interés público y social, “que influya positivamente en incrementar la actividad del centro, mejore la imagen urbana y dinamice la zona”. Se insiste, en último término en el escrito remitido a la Sociedad Estatal en que “el Ayuntamiento tiene competencias en cuantos asuntos redunden en el interés general de los vecinos y, en particular, en el cumplimiento del deber de conservación de construcciones, edificaciones y solares, para asegurar la seguridad, salubridad y ornato público; promoción del turismo, así como la defensa y protección del patrimonio histórico y artístico”.
En el escrito, el Consistorio comunica a la propiedad del inmueble la “voluntad” del municipio en su adquisición, mediante procedimiento negociado, y por el precio resultante de la valoración municipal, recordando que a tal efecto se ha incluido consignación “suficiente” en el presupuesto municipal del ejercicio 2021, aprobado inicialmente el pasado 23 de marzo. La propuesta de adquisición se acompaña del preceptivo informe técnico de valoración emitido por los servicios técnicos municipales, cuantificando esa valoración en el importe de 1.187.771,70 euros.
La adquisición mediante procedimiento negociado está prevista en el art. 10.2 a) de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, cuando así lo requieran las características de singularidad y especificidad histórica, cultural, artística o técnica de los bienes, acreditándose en este caso la “idoneidad de la adquisición para el cumplimiento de su destino urbanístico de bien dotacional de interés públicos y social”. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha justificado la propuesta de adquisición, adelantada ya a comienzos del pasado mes de marzo, en el “compromiso” municipal de encontrar una solución “definitiva” a la situación del actual edificio, cerrado y sin uso desde el año 2011 y en un evidente y progresivo deterioro que ha motivado, por parte del Ayuntamiento, la tramitación del procedimiento previsto en la legislación urbanística y que ha finalizado en la correspondiente orden de ejecución a los propietarios.
Una situación que, como ha recordado la edil popular, ha llevado al alcalde a promover una decisión “consensuada” con el resto de grupos de la Corporación municipal”, ahora trasladada oficialmente a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, después de que ésta no haya logrado vender el edificio, como ha sido su propósito, tras varios intentos. No obstante, como también se recuerda en el escrito, la calificación urbanística como servicio dotacional público, “habilita al municipio para su adquisición mediante expropiación, de oficio o solicitud de los propietarios”. En este sentido, Martínez Labella espera que esta fórmula “fuera el último recurso, entendiendo el interés que existe por ambas partes, Sociedad y Ayuntamiento, para una solución definitiva a la situación del edificio”. El inmueble, en sus actuales circunstancias, viene siendo “fuente de problemas para los vecinos y ciudadanos en general”, ha subrayado la responsable municipal de Urbanismo. Por otra parte, su ubicación en la entrada del Casco Histórico es “estratégica” para dotar al mismo del uso urbanísticamente previsto de un servicio dotacional de interés público y social, “que influya positivamente en incrementar la actividad del centro, mejore la imagen urbana y dinamice la zona”. Se insiste, en último término en el escrito remitido a la Sociedad Estatal en que “el Ayuntamiento tiene competencias en cuantos asuntos redunden en el interés general de los vecinos y, en particular, en el cumplimiento del deber de conservación de construcciones, edificaciones y solares, para asegurar la seguridad, salubridad y ornato público; promoción del turismo, así como la defensa y protección del patrimonio histórico y artístico”.