El TSJA tumba las pretensiones de una promotora británica que pedía setenta y cinco euros por metro
ALMERÍA HOY / 06·03·2026
El histórico litigio por los terrenos contaminados tras el accidente nuclear de 1966 ha llegado a su punto final. La Justicia ha dictaminado que el Estado español puede quedarse con las tierras afectadas pagando un precio irrisorio: apenas 0,68 euros por metro cuadrado. Esta decisión supone un durísimo golpe para Villaricos SL, una promotora de capital británico que exigía una indemnización de casi 75 euros por metro, alegando que el suelo tenía un enorme potencial urbanístico para la construcción de complejos de lujo.
La clave de esta sentencia reside en una carambola legal. Aunque la empresa defendía que el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora había aprobado un plan urbanístico en 2007, la Abogacía del Estado demostró que dicho plan fue anulado por los tribunales en 2011. Al no existir legalmente ese permiso para construir, los jueces han valorado el suelo como "terreno de imposible explotación". En la práctica, esto significa que el Estado adquiere una ubicación privilegiada frente al mar a precio de terreno rústico improductivo, basándose en que la propia radiactividad impide cualquier uso comercial.
El hallazgo que cambió el tablero: la contaminación invisible de la sierra
La historia de Palomares no solo se limita a los solares del centro del pueblo donde cayeron las bombas. A principios de los años 2000, los investigadores del Ciemat descubrieron que el problema era mucho más extenso de lo que el régimen de Franco y Estados Unidos admitieron en su día. Mientras que todo el mundo vigilaba las diez hectáreas más obvias, el viento había desplazado silenciosamente el plutonio hacia la sierra de Almagrera.
Allí se detectaron otras treinta hectáreas contaminadas en una zona con vistas espectaculares a la puesta de sol, justo donde la promotora británica planeaba expandir su resort. Este descubrimiento científico, que reveló la presencia de americio (un derivado del plutonio que permanece activo durante decenas de miles de años), fue lo que obligó al Gobierno a activar la maquinaria de expropiación para evitar que se levantaran viviendas sobre suelo contaminado.
Un cierre administrativo para un problema ambiental eterno
Con esta resolución judicial se cierra la puerta a la especulación inmobiliaria en la zona, pero el problema del plutonio sigue enterrado. Durante décadas, la población local vivió en una aparente normalidad, convencida por las autoridades de que todo estaba bajo control. Esa confianza se rompió definitivamente en 2011, cuando los vecinos presenciaron cómo una delegación estadounidense caminaba por el centro del pueblo protegida con calzas de plástico para no tocar el suelo, mientras ellos seguían con su vida diaria.
A pesar de los acuerdos firmados con las administraciones de Obama y los acercamientos con Joe Biden, la limpieza definitiva de la tierra sigue pendiente sesenta años después del choque de los aviones. Ahora que el Estado es el propietario legal de los terrenos tras pagar una cantidad simbólica, ya no existen obstáculos de propiedad privada para ejecutar la descontaminación, una tarea que Washington siempre ha evitado para no sentar precedentes ante futuras reclamaciones internacionales.
Sin embargo, la resolución judicial que fija este precio de saldo no se ha traducido todavía en la ejecución material de la expropiación ni en el desembolso efectivo a los propietarios. Aunque el Estado ya tiene el respaldo de los tribunales para hacerse con el control del suelo por una cifra irrisoria, la toma de posesión definitiva y el inicio de las tareas de descontaminación siguen sumidos en el letargo administrativo y diplomático. Sesenta años después del accidente, y a pesar de que el valor legal del terreno ha quedado reducido a prácticamente nada, el plutonio permanece bajo las vallas de Palomares.
La clave de esta sentencia reside en una carambola legal. Aunque la empresa defendía que el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora había aprobado un plan urbanístico en 2007, la Abogacía del Estado demostró que dicho plan fue anulado por los tribunales en 2011. Al no existir legalmente ese permiso para construir, los jueces han valorado el suelo como "terreno de imposible explotación". En la práctica, esto significa que el Estado adquiere una ubicación privilegiada frente al mar a precio de terreno rústico improductivo, basándose en que la propia radiactividad impide cualquier uso comercial.
El hallazgo que cambió el tablero: la contaminación invisible de la sierra
La historia de Palomares no solo se limita a los solares del centro del pueblo donde cayeron las bombas. A principios de los años 2000, los investigadores del Ciemat descubrieron que el problema era mucho más extenso de lo que el régimen de Franco y Estados Unidos admitieron en su día. Mientras que todo el mundo vigilaba las diez hectáreas más obvias, el viento había desplazado silenciosamente el plutonio hacia la sierra de Almagrera.
Allí se detectaron otras treinta hectáreas contaminadas en una zona con vistas espectaculares a la puesta de sol, justo donde la promotora británica planeaba expandir su resort. Este descubrimiento científico, que reveló la presencia de americio (un derivado del plutonio que permanece activo durante decenas de miles de años), fue lo que obligó al Gobierno a activar la maquinaria de expropiación para evitar que se levantaran viviendas sobre suelo contaminado.
Un cierre administrativo para un problema ambiental eterno
Con esta resolución judicial se cierra la puerta a la especulación inmobiliaria en la zona, pero el problema del plutonio sigue enterrado. Durante décadas, la población local vivió en una aparente normalidad, convencida por las autoridades de que todo estaba bajo control. Esa confianza se rompió definitivamente en 2011, cuando los vecinos presenciaron cómo una delegación estadounidense caminaba por el centro del pueblo protegida con calzas de plástico para no tocar el suelo, mientras ellos seguían con su vida diaria.
A pesar de los acuerdos firmados con las administraciones de Obama y los acercamientos con Joe Biden, la limpieza definitiva de la tierra sigue pendiente sesenta años después del choque de los aviones. Ahora que el Estado es el propietario legal de los terrenos tras pagar una cantidad simbólica, ya no existen obstáculos de propiedad privada para ejecutar la descontaminación, una tarea que Washington siempre ha evitado para no sentar precedentes ante futuras reclamaciones internacionales.
Sin embargo, la resolución judicial que fija este precio de saldo no se ha traducido todavía en la ejecución material de la expropiación ni en el desembolso efectivo a los propietarios. Aunque el Estado ya tiene el respaldo de los tribunales para hacerse con el control del suelo por una cifra irrisoria, la toma de posesión definitiva y el inicio de las tareas de descontaminación siguen sumidos en el letargo administrativo y diplomático. Sesenta años después del accidente, y a pesar de que el valor legal del terreno ha quedado reducido a prácticamente nada, el plutonio permanece bajo las vallas de Palomares.
