La Justicia no ha admitido el recurso contra el archivo de una causa por denegar supuestamente información a la oposición.
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| El ex alcalde Salvador Hernández |
ALMERÍA HOY / 26·04·2019
El Juzgado de Instrucción 4 de Vera no ha admitido a trámite el recurso presentado por el portavoz y candidato socialista a la alcaldía José Luis Amérigo oponiéndose al archivo de la causa abierta contra el exalcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), por obstaculizar supuestamente la labor de oposición.
El juez le ha dado carpetazo, sin entrar en el fondo, por haber sido presentado fuera del plazo de cinco días estipulado por la ley para tal efecto.
Ya en la resolución que concluyó con el sobreimiento de la causa dirigía un duro correctivo al candidato del PSOE, ya que señalaba que algunas de las peticiones de información que formuló Amérigo, y que fueron denegadas, eran "excesivas, vagas, ambiguas o demasiado generalistas".
Añadía que otras peticiones supuestamente denegadas "no lo fueron", que de las peticiones que sí se concedieron presuntamente sin cita, "algunas sí que fueron consultadas y citados los concejales socialistas" y que los retrasos denunciados en la entrega de las actas de la junta de gobierno "no fueron en ocasiones excesivos" teniendo en cuenta "la dilación existente en la administración y el abundante trabajo que existiría en el Ayuntamiento según las declaraciones practicadas".
En el auto, el juez aseguraba que "llama la atención" una de las 21 peticiones, en concreto la que hace referencia a la denuncia contra el exalcalde Cristóbal Fernández y la concejala del PSOE Josefa Cruz por la desaparición presunta de unas láminas de Goya ya que Salvador Hernández "declaró que fue una denuncia personal contra el anterior alcalde, que, además, es tío del portavoz socialista en la actualidad y denunciante, José Luis Amérigo".
El sobreseimiento, también con respecto al ex secretario municipal Francisco Javier R.R. y el ex coordinador general del Ayuntamiento Joaquín G.B., llegaba tras el análisis detallado de las solicitudes de información formuladas entre los años 2014 y 2017 y de que el Ministerio Fiscal, que instó a abrir diligencias previas para investigar un posible cercenamiento del derecho de la oposición al acceso a información, interesase el archivo.
El juez Alfonso Peralta detallaba que, según la denuncia, cinco de las peticiones estarían sin respuesta, ocho sin cita aunque respondida y diez denegadas. Sobre estas últimas, remarca que algunas tienen como objeto "un contenido tan amplio y genérico" que se hace "muy difícil" su contestación. Focaliza, por ejemplo, en una solicitud "excesivamente voluminosa" como es la "consulta del libro de registros de la Policía Local, así como de todas las denuncias" y tilda de "comprensible" que fuese denegada en dos ocasiones "por no ser individualizada, entorpecer el funcionamiento normal de la administración y contener datos protegidos de carácter personal".
"Las peticiones, como puede comprobarse en la documentación obrante, eran muchísimas y continuadas, algunas de todo punto desorbitadas", remarca para añadir que el propio denunciante, José Luis Amérigo, declaró que "en ocasiones realizaba las peticiones por duplicado, de la totalidad del expediente y de alguna de las partes".
Tras la criba, el juez señalaba que solo podrían considerarse denegadas dos pero que, en realidad, una de ellas referente a la compra de contenedores "sí fue concedida con acceso y con cita a dos concejalas que firmaron el acta" mientras que en la segunda, la ya mencionada denuncia de las láminas de Goya, también "se permitió el acceso, con acta firmada por las mismas ediles.
Respecto a las solicitudes que fueron concedidas pero sin fecha, el auto recogía que por la parte denunciada se aportó escrito con cita al solicitante, junto con el acta de las consultas firmadas por el denunciante. "Este sostiene que no fueron respondidos, y sin embargo consta en actuaciones su contestación y consulta", apuntilla.
En cuanto a los retrasos en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno, el juez instructor indicaba que las fechas de entrega ronda de un mes a tres meses y que el exsecretario municipal "justificó los retrasos en que tenían que confeccionarse por varios departamentos y recabar documentación".
Aseguró que "era práctica habitual acumular varias y entregarlas todas de golpe", apunta para apelar al principio de intervención mínima de la jurisdicción penal y añadir que el denunciante no ha acreditado interposición de recurso contencioso administrativo en materia de vulneración de derechos fundamentales, recurso administrativo o jurisdiccional o revisión de oficio o declaración de lesividad en vía administrativa por las conductas denunciadas ni tampoco consta una simple carta o queja formal relativa por ejemplo al retraso en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno Local.
Cabe recordar que Salvador Hernández, defendido en este caso por Juan Marfil, cumplió una pena de un año de inhabilitación por hechos similares que quedó liquidada el pasado 19 de abril.
El juez le ha dado carpetazo, sin entrar en el fondo, por haber sido presentado fuera del plazo de cinco días estipulado por la ley para tal efecto.
Ya en la resolución que concluyó con el sobreimiento de la causa dirigía un duro correctivo al candidato del PSOE, ya que señalaba que algunas de las peticiones de información que formuló Amérigo, y que fueron denegadas, eran "excesivas, vagas, ambiguas o demasiado generalistas".
Añadía que otras peticiones supuestamente denegadas "no lo fueron", que de las peticiones que sí se concedieron presuntamente sin cita, "algunas sí que fueron consultadas y citados los concejales socialistas" y que los retrasos denunciados en la entrega de las actas de la junta de gobierno "no fueron en ocasiones excesivos" teniendo en cuenta "la dilación existente en la administración y el abundante trabajo que existiría en el Ayuntamiento según las declaraciones practicadas".
En el auto, el juez aseguraba que "llama la atención" una de las 21 peticiones, en concreto la que hace referencia a la denuncia contra el exalcalde Cristóbal Fernández y la concejala del PSOE Josefa Cruz por la desaparición presunta de unas láminas de Goya ya que Salvador Hernández "declaró que fue una denuncia personal contra el anterior alcalde, que, además, es tío del portavoz socialista en la actualidad y denunciante, José Luis Amérigo".
El sobreseimiento, también con respecto al ex secretario municipal Francisco Javier R.R. y el ex coordinador general del Ayuntamiento Joaquín G.B., llegaba tras el análisis detallado de las solicitudes de información formuladas entre los años 2014 y 2017 y de que el Ministerio Fiscal, que instó a abrir diligencias previas para investigar un posible cercenamiento del derecho de la oposición al acceso a información, interesase el archivo.
El juez Alfonso Peralta detallaba que, según la denuncia, cinco de las peticiones estarían sin respuesta, ocho sin cita aunque respondida y diez denegadas. Sobre estas últimas, remarca que algunas tienen como objeto "un contenido tan amplio y genérico" que se hace "muy difícil" su contestación. Focaliza, por ejemplo, en una solicitud "excesivamente voluminosa" como es la "consulta del libro de registros de la Policía Local, así como de todas las denuncias" y tilda de "comprensible" que fuese denegada en dos ocasiones "por no ser individualizada, entorpecer el funcionamiento normal de la administración y contener datos protegidos de carácter personal".
"Las peticiones, como puede comprobarse en la documentación obrante, eran muchísimas y continuadas, algunas de todo punto desorbitadas", remarca para añadir que el propio denunciante, José Luis Amérigo, declaró que "en ocasiones realizaba las peticiones por duplicado, de la totalidad del expediente y de alguna de las partes".
Tras la criba, el juez señalaba que solo podrían considerarse denegadas dos pero que, en realidad, una de ellas referente a la compra de contenedores "sí fue concedida con acceso y con cita a dos concejalas que firmaron el acta" mientras que en la segunda, la ya mencionada denuncia de las láminas de Goya, también "se permitió el acceso, con acta firmada por las mismas ediles.
Respecto a las solicitudes que fueron concedidas pero sin fecha, el auto recogía que por la parte denunciada se aportó escrito con cita al solicitante, junto con el acta de las consultas firmadas por el denunciante. "Este sostiene que no fueron respondidos, y sin embargo consta en actuaciones su contestación y consulta", apuntilla.
En cuanto a los retrasos en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno, el juez instructor indicaba que las fechas de entrega ronda de un mes a tres meses y que el exsecretario municipal "justificó los retrasos en que tenían que confeccionarse por varios departamentos y recabar documentación".
Aseguró que "era práctica habitual acumular varias y entregarlas todas de golpe", apunta para apelar al principio de intervención mínima de la jurisdicción penal y añadir que el denunciante no ha acreditado interposición de recurso contencioso administrativo en materia de vulneración de derechos fundamentales, recurso administrativo o jurisdiccional o revisión de oficio o declaración de lesividad en vía administrativa por las conductas denunciadas ni tampoco consta una simple carta o queja formal relativa por ejemplo al retraso en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno Local.
Cabe recordar que Salvador Hernández, defendido en este caso por Juan Marfil, cumplió una pena de un año de inhabilitación por hechos similares que quedó liquidada el pasado 19 de abril.
