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AMANDO DE MIGUEL
La democracia fue una estupenda invención de la Edad Media en unos cuantos países, entre ellos Inglaterra, Francia y la España cristiana. Venía a ser una especie de control del poder que acumulaban los reyes. El fundamento era que los gastos de la Corte (especialmente bélicos y de ostentación) deberían ser aprobados de antemano por un órgano colegiado llamado Parlamento o Cortes. Para ello se reunían representantes de los tres brazos o estamentos: la nobleza, el clero y el estado llano (agricultores propietarios, artesanos y comerciantes). Los fondos que solicitaba el Rey se cubrían con tributos varios que debían ser aprobados por las Cortes.
Así llegamos a nuestro tiempo en el que formalmente los impuestos se fijan en las leyes que votan los Parlamentos o equivalentes. Existen en cada municipio, región, nación y la Unión Europea. El prepuesto bélico y el del Rey suponen ahora una insignificancia como parte de la pirámide del gasto público, que siempre crece. La suma de impuestos que paga el pueblo (elevado retóricamente a “ciudadanía”) es una maraña que nadie sabe descomponer y descifrar. Ya no se dilucida en el Parlamento sino en múltiples oficinas públicas. Realmente lo determina el juego de fuerzas políticas que llamamos partidos políticos y que también viven de la munificencia del Estado.
Caben algunas defensas para combatir los impuestos desaforados, pero al final, todos los partidos están de acuerdo en que la masa impositiva tiende a crecer.No importa que el Fisco se endeude; ya pagarán la deuda (más los intereses) los contribuyentes de la próxima generación. El pago de la deuda pública es la parte mollar de los Presupuestos Generales del Estado; no lleva trazas de menguar.
Una defensa particular respecto a la carga tributaria de cada uno consiste en trasladar una parte de los impuestos a través de los precios, siempre que se venda algo. Al final queda un resto de personas que solo compran y nada venden, ni siquiera su trabajo. Son los jubilados, los parados, los refugiados y los discapacitados o enfermos terminales. Sobre esa clase residual, pero muy numerosa y cada vez más amplia, recae realmente la carga impositiva. Ya no la pueden repercutir sobre nadie más. De ahí el sarcasmo que supone la propuesta de elevar los impuestos de los ricos o los que dirigen las grandes corporaciones.Esos son precisamente los que solo venden y, por tanto, gozan de la capacidad de subir los precios, incluso a costa de rebajar la calidad de los artículos o los servicios.
En síntesis. La injusticia fiscal es lo corriente, frente a la propaganda que sostiene el criterio redistribuidor de la carga impositiva. Por ese lado no hemos avanzado mucho desde la Edad Media. En nuestro tiempo los llamados “ricos” cuentan con grandes oportunidades para suavizar la carga fiscal que les toca; no digamos si se añaden las facilidades menos legales o ilegales. Conviene advertir que en los “ricos” caben muchos políticos.En cambio, los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos modestos ven muy difícil minorar sus obligaciones tributarias, que inevitablemente tienden a expandirse, como los gases. La Agencia Tributaria es la organización más eficiente del Estado, comparable a lo que en su día fue el Tribunal del Santo Oficio (vulgarmente Inquisición).
Así llegamos a nuestro tiempo en el que formalmente los impuestos se fijan en las leyes que votan los Parlamentos o equivalentes. Existen en cada municipio, región, nación y la Unión Europea. El prepuesto bélico y el del Rey suponen ahora una insignificancia como parte de la pirámide del gasto público, que siempre crece. La suma de impuestos que paga el pueblo (elevado retóricamente a “ciudadanía”) es una maraña que nadie sabe descomponer y descifrar. Ya no se dilucida en el Parlamento sino en múltiples oficinas públicas. Realmente lo determina el juego de fuerzas políticas que llamamos partidos políticos y que también viven de la munificencia del Estado.
Caben algunas defensas para combatir los impuestos desaforados, pero al final, todos los partidos están de acuerdo en que la masa impositiva tiende a crecer.No importa que el Fisco se endeude; ya pagarán la deuda (más los intereses) los contribuyentes de la próxima generación. El pago de la deuda pública es la parte mollar de los Presupuestos Generales del Estado; no lleva trazas de menguar.
Una defensa particular respecto a la carga tributaria de cada uno consiste en trasladar una parte de los impuestos a través de los precios, siempre que se venda algo. Al final queda un resto de personas que solo compran y nada venden, ni siquiera su trabajo. Son los jubilados, los parados, los refugiados y los discapacitados o enfermos terminales. Sobre esa clase residual, pero muy numerosa y cada vez más amplia, recae realmente la carga impositiva. Ya no la pueden repercutir sobre nadie más. De ahí el sarcasmo que supone la propuesta de elevar los impuestos de los ricos o los que dirigen las grandes corporaciones.Esos son precisamente los que solo venden y, por tanto, gozan de la capacidad de subir los precios, incluso a costa de rebajar la calidad de los artículos o los servicios.
En síntesis. La injusticia fiscal es lo corriente, frente a la propaganda que sostiene el criterio redistribuidor de la carga impositiva. Por ese lado no hemos avanzado mucho desde la Edad Media. En nuestro tiempo los llamados “ricos” cuentan con grandes oportunidades para suavizar la carga fiscal que les toca; no digamos si se añaden las facilidades menos legales o ilegales. Conviene advertir que en los “ricos” caben muchos políticos.En cambio, los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos modestos ven muy difícil minorar sus obligaciones tributarias, que inevitablemente tienden a expandirse, como los gases. La Agencia Tributaria es la organización más eficiente del Estado, comparable a lo que en su día fue el Tribunal del Santo Oficio (vulgarmente Inquisición).
