ALMERÍA HOY / 14·10·2018
La presidenta de APAFA (asociación de familiares y amigos de personas con discapacidad), Matilde Díaz, ha sido recibida por el Defensor del Pueblo Español en Madrid, donde, según trasladan a este medio desde el propio colectivo, Joaquín Ruiz-Giménez se ha comprometido a apoyar la iniciativa planteada por la entidad ante el Gobierno de España.
Señalar, asimismo, que desde APAFA han remitido «cientos de cartas personales» a la Moncloa, y que ya llevan recogidas más de 22.000 firmas a través de internet.
Hace ahora una semana, cientos de personas se concentraban en Vélez-Rubio bajo el lema 'APAFA somos todos'. El problema viene de 2011 -explica Matilde Díaz, presidenta de APAFA, en declaraciones a este medio- con la subvención recibida a través de una convocatoria con cargo al IRPF para construir un centro para adultos con discapacidad en Vélez-Rubio con el fin de completar el complejo residencial. Así, Díaz aclara que «concurrieron tres empresas para llevar a cabo la obra, y entre medias llega la crisis económica, y esas empresas presentan una situación económica complicada, una de ellas llega a desaparecer. Entonces se presenta una empresa de la comarca de Los Vélez, que sin variar el proyecto hace una oferta más barata, porque con la crisis se abarataron los precios considerablemente».
Fue entonces, explica la presidenta de APAFA, cuando «se comunicó por teléfono el cambio de empresa», sentido en el que reconoce que «es verdad que la ley dice que hay que comunicarlo por escrito», aunque subraya que «es un disparate lo que pretenden hacer».
«En 2015, la secretaria de Estado nos reclama el importe integro de la subvención porque no se ha cumplido con ese trámite de la ley de subvenciones; se judicializó, pero no es cuestión judicial, sino de voluntad política. Hasta cierto punto es normal que haya una sentencia desfavorable, pero insisto en que no ha habido espíritu fraudulento; es un error de carácter formal, no de fondo sino de forma».
Por otro lado, recuerda que ese edificio «al final se construyó y se utiliza desde hace tres años. Incluso hace 20 días nos concedieron la certificación de calidad avanzada por la labor tan encomiable que realizamos».
«La secretaria de Estado de Asuntos Sociales tiene la solución. En principio, nos proponen fraccionar el pago, pero APAFA no es una empresa, no tenemos ganancias, somos una entidad de utilidad pública, y cualquier pago que se haga se realizará con cargo a los usuarios y trabajadores. No podemos permitir esa losa para APAFA, son unos 500.000 euros que hay que pagar». Preguntada por si dicho pago significaría el final de la asociación, responde que «sí peligra nuestra supervivencia», y que puede generarse «un problema social tremendo». «Habría que reubicarlos (a los discapacitados) en otros centros, y el plazo de admisión puede durar años».
Apoyo del exdelegado de Bienestar Social
Luis López ha sido uno de los delegados de la Junta en Almería más carismáticos. Responsable de Bienestar Social hasta el año 2010, cuando presentó su dimisión por diferencias con la entonces dirección provincial del PSOE, es una de las voces más reivindicativas en defensa de APAFA.
«APAFA está en peligro de muerte segura -alertada López días atrás-. Entendemos todos los que hemos tenido conocimiento de la situación que dicha actuación es manifiestamente desproporcionada y en modo alguno beneficiosa para los intereses generales de la nación y, particularmente, los de las personas con discapacidad y sus familias, y, desde luego, para los ciudadanos de Los Vélez y de toda la provincia de Almería.
Como estamos convencidos de que hay soluciones perfectamente legales y factibles, es por lo que acudimos a usted con el ruego de que ponga en marcha las medidas que conduzcan a evitar este disparate».
Señalar, asimismo, que desde APAFA han remitido «cientos de cartas personales» a la Moncloa, y que ya llevan recogidas más de 22.000 firmas a través de internet.
Hace ahora una semana, cientos de personas se concentraban en Vélez-Rubio bajo el lema 'APAFA somos todos'. El problema viene de 2011 -explica Matilde Díaz, presidenta de APAFA, en declaraciones a este medio- con la subvención recibida a través de una convocatoria con cargo al IRPF para construir un centro para adultos con discapacidad en Vélez-Rubio con el fin de completar el complejo residencial. Así, Díaz aclara que «concurrieron tres empresas para llevar a cabo la obra, y entre medias llega la crisis económica, y esas empresas presentan una situación económica complicada, una de ellas llega a desaparecer. Entonces se presenta una empresa de la comarca de Los Vélez, que sin variar el proyecto hace una oferta más barata, porque con la crisis se abarataron los precios considerablemente».
Fue entonces, explica la presidenta de APAFA, cuando «se comunicó por teléfono el cambio de empresa», sentido en el que reconoce que «es verdad que la ley dice que hay que comunicarlo por escrito», aunque subraya que «es un disparate lo que pretenden hacer».
«En 2015, la secretaria de Estado nos reclama el importe integro de la subvención porque no se ha cumplido con ese trámite de la ley de subvenciones; se judicializó, pero no es cuestión judicial, sino de voluntad política. Hasta cierto punto es normal que haya una sentencia desfavorable, pero insisto en que no ha habido espíritu fraudulento; es un error de carácter formal, no de fondo sino de forma».
Por otro lado, recuerda que ese edificio «al final se construyó y se utiliza desde hace tres años. Incluso hace 20 días nos concedieron la certificación de calidad avanzada por la labor tan encomiable que realizamos».
«La secretaria de Estado de Asuntos Sociales tiene la solución. En principio, nos proponen fraccionar el pago, pero APAFA no es una empresa, no tenemos ganancias, somos una entidad de utilidad pública, y cualquier pago que se haga se realizará con cargo a los usuarios y trabajadores. No podemos permitir esa losa para APAFA, son unos 500.000 euros que hay que pagar». Preguntada por si dicho pago significaría el final de la asociación, responde que «sí peligra nuestra supervivencia», y que puede generarse «un problema social tremendo». «Habría que reubicarlos (a los discapacitados) en otros centros, y el plazo de admisión puede durar años».
Apoyo del exdelegado de Bienestar Social
Luis López ha sido uno de los delegados de la Junta en Almería más carismáticos. Responsable de Bienestar Social hasta el año 2010, cuando presentó su dimisión por diferencias con la entonces dirección provincial del PSOE, es una de las voces más reivindicativas en defensa de APAFA.
«APAFA está en peligro de muerte segura -alertada López días atrás-. Entendemos todos los que hemos tenido conocimiento de la situación que dicha actuación es manifiestamente desproporcionada y en modo alguno beneficiosa para los intereses generales de la nación y, particularmente, los de las personas con discapacidad y sus familias, y, desde luego, para los ciudadanos de Los Vélez y de toda la provincia de Almería.
Como estamos convencidos de que hay soluciones perfectamente legales y factibles, es por lo que acudimos a usted con el ruego de que ponga en marcha las medidas que conduzcan a evitar este disparate».
