A Rosmari le vuelve a caducar el Paseo

Los abogados de los propietarios del Maui han puesto en conocimiento de Costas y del Ayuntamiento de Mojácar que el procedimiento para resolver el expediente de la nueva fase del Paseo Marítimo ha prescrito otra vez, como ya ocurriera hace un año




ALMERÍA HOY / 25·05·2018

La tramitación del proyecto de construcción del desglosado 2 de la 2ª fase del Paseo Marítimo de Mojácar tendrá que volver a la casilla de salida. Así lo mantiene el gabinete jurídico del chiringuito que se verá más afectado por la obra. Nos referimos al famoso Maui.
‘Costas’ y la alcaldesa Rosa María Cano (PP) podrían haber vuelto a tropezar en la misma piedra, lo que les obligaría, por segunda vez, a iniciar todo el procedimiento desde el principio.

Así, los abogados de Rubia Ascasibar, S.L., compañía propietaria del chiringuito Maui, han registrado en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, así como en el Ayuntamiento de Mojácar, un recurso solicitando que se declare la suspensión del procedimiento porque «se encuentra caducado» por haber sobrepasado «el plazo de tres meses» previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En ese sentido, los letrados recuerdan a ambas administraciones que el procedimiento tuvo comienzo el 20 de diciembre de 2017, con la aprobación de las particularidades que habían de regir la contratación de las obras pero, aunque la resolución con la aprobación definitiva se dictó el 13 de marzo de 2018, esto es, una semana antes de que expirase el plazo, no fue notificada hasta el 2 de abril, es decir, 12 días después del límite estipulado en la Ley para hacerlo.

Algo parecido sucedió hace un año. En aquel entonces, desde el 7 de julio de 2016, momento en que la Dirección General de Costas dictó la resolución que lo inició, hasta el 16 de marzo de 2017 en que se aprobó definitivamente, pasaron mucho más de los seis meses que la norma establecía; un plazo que quedó recortado a la mitad el 2 de octubre de 2016 para los procedimientos iniciados a partir de ese día.

Ésa razón, la de la caducidad, es ya por sí sola, según el recurso presentado, una causa más que suficiente para la nulidad, como ya ocurrió en el caso anterior y admitió el propio equipo de gobierno en noviembre del pasado año. Sin embargo, los abogados del Maui añaden más motivos para la suspensión.

Por una parte, señalan la «incongruencia y falta de motivación» existentes en los argumentos de la administración para rechazar las alegaciones presentadas. Como prueba del «escaso rigor» con que se llevó a cabo tal resolución, los letrados indican que se ha respondido a «varias alegaciones que no se efectuaron y, por el contrario, no incluye otras que sí quedaron reflejadas en el escrito presentado».

Además, los abogados enumeran otra batería de argumentos que afectan al contenido del proyecto, de entre los que cabe destacar que el ancho previsto por el trazado del paseo en la zona de los chiringuitos «excede de la anchura de los seis metros que la Ley de Costas y su Reglamento fijan para la servidumbre de tránsito».


«Tres millones de euros»

En ese estado de cosas, Diego Martínez, experto en derecho urbanístico contratado por el equipo jurídico que asiste a los propietarios del Maui, explica «que no estamos hablando de chiringuitos, aunque lo parezcan, sino de establecimientos de hostelería situados en primera línea de playa». Y aclara: «no se trata de concesiones situadas en terrenos públicos, sino de propiedades particulares que han costado el sudor de generaciones y mucho dinero a sus dueños para adquirirlas».

«Eso significa —añade el abogado— que, al tratarse de negocios en pleno funcionamiento, sus propietarios tienen derecho a ser indemnizados por el lucro cesante, es decir, por los beneficios que no obtendrían durante los 25 años siguientes a la expropiación. En el caso del Maui serían unos 3 millones de euros». Así las cosas, se pregunta: «¿el interés general de Mojácar consiste en pagar ese dineral a una empresa para reducirla a un kiosko?». Y es que Martínez recuerda que el actual trazado del proyecto de Paseo Marítimo «deja al Maui en sólo 400 m2 desde los 1.200 con que cuentan ahora».

«Me consta que ellos han intentado dialogar con la alcaldesa, pero ésta no se lo ha permitido. Estarían incluso dispuestos a ceder gratis la parte de los terrenos que le expropiarían siempre y cuando se redujera el espacio a expropiar desgajando el carril bici y llevándoselo junto a la carretera, como ocurre en el resto del trazado, pero se estrellan una y otra vez con la obcecación de la regidora».

«No podemos olvidar que el proyecto inicial de Paseo –añade- contaba con un ancho de cuatro metros, muy inferior al actual. En cualquier caso, aún se está a tiempo de arreglar las cosas. Conozco a los propietarios de varios establecimientos afectados y sé que todos están dispuestos a entenderse. Todos apuestan por un Paseo Marítimo, pero no por éste».


«Vosotros sois mi gente»

El consejero de Turismo se vio el pasado 16 de mayo con los propietarios de los chiringuitos de Mojácar para conocer las repercusiones que tendrá el futuro paseo sobre sus negocios. Francisco Javier Fernández Hernández trató con cariño a los afectados: «Vosotros sois mi gente porque dais un servicio esencial para los turistas que nos visitan», y añadió que «los chiringuitos andaluces son una referencia y hay que cuidarlos». El titular de la Junta se comprometió a ver de qué forma puede la Consejería ayudar a resolver el problema generado con las futuras obras del paseo marítimo mojaquero.


La alcaldesa dice que no sabe si ha incumplido los plazos


Durante el Pleno extraordinario celebrado el pasado 7 de mayo para abordar las expropiaciones del paseo, Rosa María Cano (PP), en respuesta al portavoz socialista Manuel Zamora, afirmó que «nadie me ha advertido que el procedimiento del expediente haya caducado. A mí no me consta, ni tampoco sé quién tiene que advertírmelo. Yo no muevo los tiempos y no sé si está caducado. Es el Ministerio quien se ocupa de esas cosas».

Así se pronunció Cano en su turno de réplica al portavoz socialista Manuel Zamora, que a punto estuvo de no terminar la sesión en su escaño, al recibir por parte de la alcaldesa dos de las tres advertencias que le hubieran hecho acreedor de la expulsión. La primera tuvo lugar al inicio de su exposición. Zamora comenzó afirmando que «este proyecto caducado es fruto del rencor y tiene como objetivo hacer daño».

La regidora le interrumpió, visiblemente airada, al grito de «¡no le permito ese tono de maldad y odio hacia mí! Primera advertencia».
Más adelante, Rosa María Cano subrayaba que no era alguien «sin oficio ni beneficio», sino que disfrutaba de una excedencia porque ganó «unas oposiciones libres» en Diputación, momento que aprovechó Zamora para apostillar que se hizo con el puesto «tras la moción de censura que firmó» en 1992 para desbancar al PSOE de la Alcaldía en beneficio del PP, el mismo partido que gobernaba la entidad provincial. Eso le valió la segunda advertencia.

El salón de plenos y las dependencias municipales estaban abarrotadas por vecinos afectados por la obra a lo que la alcaldesa tuvo que llamar la atención para que se abstuvieran a de aplaudir y jalear a la oposición.