Pueblos como Viator, Benahadux, Pechina o Rioja, entre otros, estarán conectados a la EDAR de El Bobar a partir del 1 de junio
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| Aguas fecales en el río Andarax a su paso por la capital almeriense. |
ALMERÍA HOY / 29·05·2017
Tras años de protestas por los malos olores, la proliferación de insectos como mosquitos o los daños medioambientales ocasionados al entorno, los pueblos del Bajo Andarax —Huércal de Almería, Benahadux, Viator, Pechina, Rioja, Gádor y Santa Fe de Mondújar— dejarán de verter sus aguas residuales al río a partir de este jueves, 1 de junio, fecha prevista por la Mancomunidad de Municipios de esta comarca para que los siete pueblos que la componen estén conectados con la depuradora (EDAR) de El Bobar.
En ese sentido, se ha establecido el ratio número de metros cúbicos de aguas residuales que serán tratadas, cifrándose en 3.500 metros cúbicos diarios tras el informe realizado por técnicos del ente supramunicipal y de la Diputación Provincial. El consumo calculado comprende los usuarios industriales y no industriales de los siete municipios de la comarca. También se contempla que el servicio de depuración se extienda al polígono industrial de La Juaida y al núcleo de Huéchar.
Una vez definido el consumo previsto, la Mancomunidad ha aprobado durante el pleno iniciar los trámites para modificar la ordenanza del ciclo integral del agua, que sólo afectará a la tasa de depuración de aguas, y no al abastecimiento y alcantarillado. Igualmente, se ha calculado el coste anual del servicio de depuración que se tendrá que pagar al Ayuntamiento de Almería, y que ascenderá a 353.000 euros.
Periodo transitorio
La Mancomunidad del Bajo Andarax destinará 30.000 euros de sus fondos a abonar la primera mensualidad del periodo transitorio, que abarca desde la apertura total del contador general hasta la entrada en vigor de la nueva ordenanza. El coste de los tres meses siguientes será aportado por los siete ayuntamientos de la comarca acorde a la proporción del número de usuarios de cada municipio.
El presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, ha destacado el paso dado por la Junta Gestora para solucionar el problema medioambiental del río Andarax, «y acabar de una vez con las plagas de insectos y malos olores que vienen padeciendo históricamente los vecinos de la comarca y de la capital». Del mismo modo, Almansa ha agradecido la inversión de 44 millones de euros realizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en los últimos años para la puesta en marcha del ciclo integral del agua en el Bajo Andarax.
Retrasos y polémicas
Para el recuerdo quedan los dimes y diretes entre Junta y Ayuntamiento de Almería a cuenta de unos vertidos ilegales que, amén de los malos olores, provocaban la aparición de plagas de mosquitos. Incluso el grupo municipal de IU llegó a personarse en la investigación abierta por la Fiscalía.
En cualquier caso, la Junta de Andalucía anunció la resolución de este problema para el año pasado, si bien, una vez terminadas las obras de ampliación de la EDAR de El Bobar, los vertidos de aguas residuales se seguían produciendo porque la conexión a la desaladora de los municipios del Bajo Andarax «está pendiente de algunos aspectos técnicos para concretar», según explicó entonces el delegado de Medio Ambiente, con lo que no había un plazo oficial fijado para poner punto y final a los vertidos al río Andarax hasta ahora, establecido el 1 de junio de 2017.
En ese sentido, se ha establecido el ratio número de metros cúbicos de aguas residuales que serán tratadas, cifrándose en 3.500 metros cúbicos diarios tras el informe realizado por técnicos del ente supramunicipal y de la Diputación Provincial. El consumo calculado comprende los usuarios industriales y no industriales de los siete municipios de la comarca. También se contempla que el servicio de depuración se extienda al polígono industrial de La Juaida y al núcleo de Huéchar.
Una vez definido el consumo previsto, la Mancomunidad ha aprobado durante el pleno iniciar los trámites para modificar la ordenanza del ciclo integral del agua, que sólo afectará a la tasa de depuración de aguas, y no al abastecimiento y alcantarillado. Igualmente, se ha calculado el coste anual del servicio de depuración que se tendrá que pagar al Ayuntamiento de Almería, y que ascenderá a 353.000 euros.
Periodo transitorio
La Mancomunidad del Bajo Andarax destinará 30.000 euros de sus fondos a abonar la primera mensualidad del periodo transitorio, que abarca desde la apertura total del contador general hasta la entrada en vigor de la nueva ordenanza. El coste de los tres meses siguientes será aportado por los siete ayuntamientos de la comarca acorde a la proporción del número de usuarios de cada municipio.
El presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio Almansa, ha destacado el paso dado por la Junta Gestora para solucionar el problema medioambiental del río Andarax, «y acabar de una vez con las plagas de insectos y malos olores que vienen padeciendo históricamente los vecinos de la comarca y de la capital». Del mismo modo, Almansa ha agradecido la inversión de 44 millones de euros realizada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en los últimos años para la puesta en marcha del ciclo integral del agua en el Bajo Andarax.
Retrasos y polémicas
Para el recuerdo quedan los dimes y diretes entre Junta y Ayuntamiento de Almería a cuenta de unos vertidos ilegales que, amén de los malos olores, provocaban la aparición de plagas de mosquitos. Incluso el grupo municipal de IU llegó a personarse en la investigación abierta por la Fiscalía.
En cualquier caso, la Junta de Andalucía anunció la resolución de este problema para el año pasado, si bien, una vez terminadas las obras de ampliación de la EDAR de El Bobar, los vertidos de aguas residuales se seguían produciendo porque la conexión a la desaladora de los municipios del Bajo Andarax «está pendiente de algunos aspectos técnicos para concretar», según explicó entonces el delegado de Medio Ambiente, con lo que no había un plazo oficial fijado para poner punto y final a los vertidos al río Andarax hasta ahora, establecido el 1 de junio de 2017.
