Después de que no hayan fructificado las reclamaciones de descatalogación del suelo presentadas en el Ayuntamiento de Carboneras y el Defensor del Pueblo
Hotel de El Algarrobico, Carboneras |
EUROPA PRESS / 18·05·2016
El colectivo ecologista 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata' ha presentado una denuncia ante el Servicio de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía en la que solicita que abra una investigación para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a que restaure la legalidad urbanística en los sectores ST-1 o Algarrobico y ST-2 o Canillar.
La petición persigue abrir una nueva vía para conseguir que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio requiera al Consistorio la catalogación como suelo no urbanizable de especial protección de los dos sectores arrebatados a la promotora Azata del Sol, y llega después de que no fructificasen los intentos realizados ante el Ayuntamiento de Carboneras y la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía.
En concreto, la organización ecologista reclamó al Consistorio que procediera a la descatalogación definitiva del paraje de El Algarrobico, que actualmente aparece en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras como suelo urbanizable, para así cumplir con la normativa ambiental específica del parque y con el Plan de Ordenación del Corredor del Litoral de Andalucía.
El Ayuntamiento, por su parte, contestó al colectivo que los terrenos en cuestión son de «propiedad privada», y que «no es posible en el momento actual» su cambio ya que, de hacerse así, la propiedad «tiene derechos adquiridos que darían lugar a reclamaciones patrimoniales y a resarcimientos que excederían las capacidades económicas de la administración local».
En esta nueva iniciativa, adoptada mediante un escrito que fue elevado al Servicio de Inspección Urbanística el pasado día 12, el colectivo ecologista indica que el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo para el cuatrienio 2013-2016, así como los programas que se establecen en ejecución de sus objetivos, prioriza las actuaciones inspectoras «siempre y cuando el objeto de la denuncia esté incluido en la Zona de Influencia del Litoral y, en particular, el corredor litoral establecido por los Planes de Ordenación del Territorio en suelo no urbanizable».
Asimismo, sostiene que los sectores urbanísticos objeto de la denuncia estarían dentro de estos supuestos y, por tanto, reclama que se inicie una investigación que desemboque en un proceso para restablecer el «orden jurídico perturbado», y se proceda a la «reposición de la realidad urbanística alterada».
La petición persigue abrir una nueva vía para conseguir que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio requiera al Consistorio la catalogación como suelo no urbanizable de especial protección de los dos sectores arrebatados a la promotora Azata del Sol, y llega después de que no fructificasen los intentos realizados ante el Ayuntamiento de Carboneras y la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía.
En concreto, la organización ecologista reclamó al Consistorio que procediera a la descatalogación definitiva del paraje de El Algarrobico, que actualmente aparece en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras como suelo urbanizable, para así cumplir con la normativa ambiental específica del parque y con el Plan de Ordenación del Corredor del Litoral de Andalucía.
El Ayuntamiento, por su parte, contestó al colectivo que los terrenos en cuestión son de «propiedad privada», y que «no es posible en el momento actual» su cambio ya que, de hacerse así, la propiedad «tiene derechos adquiridos que darían lugar a reclamaciones patrimoniales y a resarcimientos que excederían las capacidades económicas de la administración local».
En esta nueva iniciativa, adoptada mediante un escrito que fue elevado al Servicio de Inspección Urbanística el pasado día 12, el colectivo ecologista indica que el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo para el cuatrienio 2013-2016, así como los programas que se establecen en ejecución de sus objetivos, prioriza las actuaciones inspectoras «siempre y cuando el objeto de la denuncia esté incluido en la Zona de Influencia del Litoral y, en particular, el corredor litoral establecido por los Planes de Ordenación del Territorio en suelo no urbanizable».
Asimismo, sostiene que los sectores urbanísticos objeto de la denuncia estarían dentro de estos supuestos y, por tanto, reclama que se inicie una investigación que desemboque en un proceso para restablecer el «orden jurídico perturbado», y se proceda a la «reposición de la realidad urbanística alterada».