El servicio fue suspendido después de que varios autobuses fuesen objeto de apedreamientos y actos vandálicos
Avenida Mare Nostrum de El Puche. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 20·04·2016
El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio en la que insta la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano Surbus a que comience a prestar servicio en el interior del barrio de El Puche, en Almería capital, que, según remarca, quedó suspendido después de que los vehículos de línea sufrieran varios actos vandálicos, entre ellos, apedreamientos que causaron roturas de lunas.
En concreto, ha elevado recomendación al Ayuntamiento de Almería para que, con carácter urgente y sin perjuicio de adoptar otras medidas, se den las instrucciones oportunas para que Surbus comience a prestar servicios en el interior El Puche «sin perjuicio —matiza— de que si existe un cierto riesgo de que se pudieran producir hechos de esta naturaleza, se preste una adecuada protección a conductores y pasajeros a fin de garantizar su seguridad».
En la misma línea, le ha recordado el deber legal de mantener en adecuado funcionamiento el servicio público de transporte colectivo para atender las necesidades de las personas usuarias en los distintos barrios de la ciudad y, desde luego, de El Puche, todo ello de acuerdo con lo establecido en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La actuación deriva de una visita que asesores de la Oficina realizaron durante dos días en marzo a la barriada marginal con objeto de conocer y cambiar impresiones con vecinos sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Al mismo tiempo, y con motivo de esta visita, se plantearon distintas cuestiones relativas a las carencias, de distinta naturaleza, que afectan a la zona, según ha indicado el organismo en un comunicado.
De acuerdo con las conversaciones mantenidas con representantes del movimiento vecinal, entre otras demandas, se trasladó la necesidad de que vuelva a prestarse el servicio público de transporte urbano colectivo en el interior del barrio, que dejó de prestarse hace meses pese a que los servicios centrales de la empresa concesionaria se encuentran ubicados en un polígono industrial muy cercano a este núcleo de población.
Según la información facilitada a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, el motivo que justificó la paralización de los servicios fue el apedreamiento de uno de los autobuses «a su paso por la calle principal del barrio, resultando rota la luna del vehículo».
«Estos hechos vandálicos, de por sí rechazables, y la decisión de dejar de prestar el servicio público inciden negativamente en la imagen que, con frecuencia, se da de este barrio que, creemos, no corresponde al modo en que, en su vida cotidiana, se desenvuelve la inmensa mayoría de su población. Ésta no tiene otro deseo que vivir de una manera normalizada y sentirse parte de la ciudad de Almería, disfrutando de los servicios públicos en condiciones de igualdad con el resto de la población», ha remarcado.
«Agrava la sensación de olvido y abandono»
El Defensor del Pueblo ha lamentado que, cuando en distintos foros se están reclamando medidas para mejorar la imagen de El Puche, dotándolo de servicios públicos adecuados y eficientes, exigiendo los mismos derechos y obligaciones a esta población que a la de cualquier otra parte de la ciudad, «se adopten medidas tales como interrumpir un servicio público básico y obligatorio como es el transporte público colectivo en parte de este barrio de la ciudad de Almería», lo que, según ha subrayado, «no solo deja a esta población sin la prestación de este servicio, sino que, además, se vulnera el artículo 25.2.g) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local».
Para el organismo que dirige Jesús Maeztu se trata de una medida que «agrava la sensación de olvido y abandono por parte de los poderes públicos que nos trasladó un amplio sector de esta población y que afecta a todos sus habitantes» y, sobre todo, que incide «de una manera muy singular y negativa en personas mayores, discapacitadas, menores y mujeres, que tienen que utilizar carritos para hacer la compra o llevar a los bebés».
«A todos ellas, de manera injusta y diferencial con el resto de la población, se les obliga a realizar largos desplazamientos para utilizar los servicios del autobús, cuando esta situación, además, se agrava tanto con el mal tiempo como con la llegada del periodo estival, periodos en los que los usuarios de estos transportes se ven obligados a soportar, además de esas incomodidades, las inclemencias del tiempo», ha indicado.
La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha instado, asimismo, a que se proceda a un adecuado mantenimiento de las paradas y marquesinas existentes en el itinerario que discurre a lo largo de la Avenida Mare Nostrum, y a que se adopten medidas para que se prohíba, se sancione y, en su caso, se retiren los vehículos que son estacionados de manera indebida, dificultando el paso del tráfico rodado, tanto de vehículos privados como de los de transportes colectivos y que generan riesgo para quienes circulan por la misma.
«Es decir, que los agentes de la Policía Local actúen en el viario público del barrio de El Puche de la misma forma en que lo harían en otras calles del término municipal cuando se incumplen gravemente las normas de tráfico, dificultando la fluidez del tráfico rodado y poniendo en riesgo las personas y bienes», ha concluido.
En concreto, ha elevado recomendación al Ayuntamiento de Almería para que, con carácter urgente y sin perjuicio de adoptar otras medidas, se den las instrucciones oportunas para que Surbus comience a prestar servicios en el interior El Puche «sin perjuicio —matiza— de que si existe un cierto riesgo de que se pudieran producir hechos de esta naturaleza, se preste una adecuada protección a conductores y pasajeros a fin de garantizar su seguridad».
En la misma línea, le ha recordado el deber legal de mantener en adecuado funcionamiento el servicio público de transporte colectivo para atender las necesidades de las personas usuarias en los distintos barrios de la ciudad y, desde luego, de El Puche, todo ello de acuerdo con lo establecido en la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La actuación deriva de una visita que asesores de la Oficina realizaron durante dos días en marzo a la barriada marginal con objeto de conocer y cambiar impresiones con vecinos sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Al mismo tiempo, y con motivo de esta visita, se plantearon distintas cuestiones relativas a las carencias, de distinta naturaleza, que afectan a la zona, según ha indicado el organismo en un comunicado.
De acuerdo con las conversaciones mantenidas con representantes del movimiento vecinal, entre otras demandas, se trasladó la necesidad de que vuelva a prestarse el servicio público de transporte urbano colectivo en el interior del barrio, que dejó de prestarse hace meses pese a que los servicios centrales de la empresa concesionaria se encuentran ubicados en un polígono industrial muy cercano a este núcleo de población.
Según la información facilitada a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, el motivo que justificó la paralización de los servicios fue el apedreamiento de uno de los autobuses «a su paso por la calle principal del barrio, resultando rota la luna del vehículo».
«Estos hechos vandálicos, de por sí rechazables, y la decisión de dejar de prestar el servicio público inciden negativamente en la imagen que, con frecuencia, se da de este barrio que, creemos, no corresponde al modo en que, en su vida cotidiana, se desenvuelve la inmensa mayoría de su población. Ésta no tiene otro deseo que vivir de una manera normalizada y sentirse parte de la ciudad de Almería, disfrutando de los servicios públicos en condiciones de igualdad con el resto de la población», ha remarcado.
«Agrava la sensación de olvido y abandono»
El Defensor del Pueblo ha lamentado que, cuando en distintos foros se están reclamando medidas para mejorar la imagen de El Puche, dotándolo de servicios públicos adecuados y eficientes, exigiendo los mismos derechos y obligaciones a esta población que a la de cualquier otra parte de la ciudad, «se adopten medidas tales como interrumpir un servicio público básico y obligatorio como es el transporte público colectivo en parte de este barrio de la ciudad de Almería», lo que, según ha subrayado, «no solo deja a esta población sin la prestación de este servicio, sino que, además, se vulnera el artículo 25.2.g) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local».
Para el organismo que dirige Jesús Maeztu se trata de una medida que «agrava la sensación de olvido y abandono por parte de los poderes públicos que nos trasladó un amplio sector de esta población y que afecta a todos sus habitantes» y, sobre todo, que incide «de una manera muy singular y negativa en personas mayores, discapacitadas, menores y mujeres, que tienen que utilizar carritos para hacer la compra o llevar a los bebés».
«A todos ellas, de manera injusta y diferencial con el resto de la población, se les obliga a realizar largos desplazamientos para utilizar los servicios del autobús, cuando esta situación, además, se agrava tanto con el mal tiempo como con la llegada del periodo estival, periodos en los que los usuarios de estos transportes se ven obligados a soportar, además de esas incomodidades, las inclemencias del tiempo», ha indicado.
La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha instado, asimismo, a que se proceda a un adecuado mantenimiento de las paradas y marquesinas existentes en el itinerario que discurre a lo largo de la Avenida Mare Nostrum, y a que se adopten medidas para que se prohíba, se sancione y, en su caso, se retiren los vehículos que son estacionados de manera indebida, dificultando el paso del tráfico rodado, tanto de vehículos privados como de los de transportes colectivos y que generan riesgo para quienes circulan por la misma.
«Es decir, que los agentes de la Policía Local actúen en el viario público del barrio de El Puche de la misma forma en que lo harían en otras calles del término municipal cuando se incumplen gravemente las normas de tráfico, dificultando la fluidez del tráfico rodado y poniendo en riesgo las personas y bienes», ha concluido.