Pese a que, según ha insistido ante la comisión de investigación en el Parlamento andaluz, su departamento visitó «todos los cursos» organizados en la provincia
 |
| Méndez Capel (centro), durante su comparecencia de este lunes. |
EUROPA PRESS / 15·03·2016
El jefe servicio de la Dirección General Formación de Almería entre 2008 y 2013, Blas Méndez Capel, ha defendido este lunes que «en todo momento» su departamento ha cumplido con la legalidad vigente, dado que, según ha manifestado, trabajaban «para que las cosas salieran bien».
Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, caso por el que Méndez Capel se encuentra imputado.
El ex jefe de servicio a sostenido asimismo que el informe especial de la Intervención no ha encontrado «ninguna incidencia destacable», sino que las que recoge son «mínimas y subsanables». «No encuentro en Almería ninguna incidencia especialmente destacable de la fase de programación a la de justificación, creemos que se ha desarrollado según la normativa y lo previsto, no puedo pensar que no se hacía bien», ha afirmado antes de incidir en que los expedientes se sometían siempre a una fiscalización previa.
También ha insistido en que en esta provincia «se ha llevado un seguimiento de los cursos al cien por cien», dado que han visitado «todos los cursos», afirmado que si hubieran detectado alguna empresa ficticia «no le hubiéramos dado ninguna subvención». Además, ha negado que se haya producido menoscabo de fondos públicos.
A preguntas del parlamentario del PP-A Jaime Raynaud sobre las manifestaciones del interventor provincial de Almería en la comisión, que apuntaba a que «el SAE no había cumplido con la legislación aplicable», Méndez Capel ha manifestado su desacuerdo con ese extremo, al tiempo que ha negado, a otra pregunta del popular, tener constancia de que cursos subvencionados a UGT se hayan impartido en sedes del PSOE.
De otro lado, sobre las exceptuaciones, Méndez Capel ha explicado que en Almería no ha habido muchas y que, en cualquier caso, era el consejero el responsable de dictar dicha orden que, además, «no se hacen a nivel provincial sino a nivel andaluz».
Preguntado por el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe cómo se puede exceptuar a alguien de una obligación que ya ha cumplido, Méndez Capel ha explicado que a veces ha sido «materialmente imposible» revisar las justificaciones en plazo, a pesar de que la entidad había presentado la documentación en tiempo y forma.
No obstante, ha defendido que con el personal con el que contaba su departamento podían hacerlo «razonablemente bien», aunque daban más importancia a la fase de seguimiento que a la de justificación, siempre que no se superaran demasiado los plazos. «En la Administración hay el personal que hay», ha apuntado.
Respecto al reintegro de los expedientes, el jefe de servicio ha manifestado que la inmensa mayoría pagaron en periodo voluntario, aunque «alguno es posible que haya ido a vía ejecutiva», mientras que sobre posibles prescripciones, entiende que no es posible que haya pasado en los del informe especial, «supongo que los compañeros en Educación lo habrán tenido en cuenta», y que el sistema operativo alerta de esa circunstancia.
Méndez Capel ha explicado que cuanto era el jefe servicio de la Dirección General Formación de Almería, el servicio contaba con tres departamentos, el de análisis y programación, el de seguimiento y gestión y el de gestión y tramitación de subvenciones, unos departamentos que contaban con unas 25 personas «de media» que se iban repartiendo por los mismos en función de la carga de trabajo.
En la tramitación de cada expediente de formación para el empleo, ha indicado que participaba personal de los tres departamentos, de manera que en cada uno «podían intervenir hasta más de siete personas», y que para que pasaran de una fase a otra, «era imprescindible que superara todos los trámites de la anterior».
El ex jefe de servicio ha remarcado durante su comparecencia que no participó en la preparación y supervisión de la documentación que más tarde se trasladó a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes, así como que tampoco lo hizo en la preparación de los expedientes que se requirieron para el informe especial, ni en la elaboración de las alegaciones.
Sus funciones se limitaban, según ha señalado, a gestionar la formación profesional en el ámbito provincial bajo la dirección del director provincial del SAE y de la Dirección General de la Formación.
La diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha utilizado su turno de pregunta para manifestar la necesidad de «desterrar la falsa opinión de que en Andalucía no se controlaba la formación cuando estamos viendo que sí se controlaba», al tiempo que ha agradecido al compareciente la claridad de sus respuestas ante el órgano parlamentario.
Por Ciudadanos, Marta Bosquet ha mostrado su extrañeza ante la declaración del compareciente defendiendo «que todo se ha hecho bien cuando este caso está siendo investigado por 18 juzgados». «Yo le doy mi visión de lo que ha pasado en Almería», le ha contestado antes de apuntar que «si nos han engañado, como con facturas falsas, eso ya no lo sé».
A preguntas de la parlamentaria de IU Elena Cortés, Méndez Capel ha explicado que durante todo el tiempo que ha estado al frente del servicio habrá gestionado entre 20 y 25 millones de euros en subvenciones, y sobre las empresas 'cazasubvenciones', ha asegurado que no han detectado ninguna y que serán los juzgados los que tengan que aclarar esa circunstancia.
Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, caso por el que Méndez Capel se encuentra imputado.
El ex jefe de servicio a sostenido asimismo que el informe especial de la Intervención no ha encontrado «ninguna incidencia destacable», sino que las que recoge son «mínimas y subsanables». «No encuentro en Almería ninguna incidencia especialmente destacable de la fase de programación a la de justificación, creemos que se ha desarrollado según la normativa y lo previsto, no puedo pensar que no se hacía bien», ha afirmado antes de incidir en que los expedientes se sometían siempre a una fiscalización previa.
También ha insistido en que en esta provincia «se ha llevado un seguimiento de los cursos al cien por cien», dado que han visitado «todos los cursos», afirmado que si hubieran detectado alguna empresa ficticia «no le hubiéramos dado ninguna subvención». Además, ha negado que se haya producido menoscabo de fondos públicos.
A preguntas del parlamentario del PP-A Jaime Raynaud sobre las manifestaciones del interventor provincial de Almería en la comisión, que apuntaba a que «el SAE no había cumplido con la legislación aplicable», Méndez Capel ha manifestado su desacuerdo con ese extremo, al tiempo que ha negado, a otra pregunta del popular, tener constancia de que cursos subvencionados a UGT se hayan impartido en sedes del PSOE.
De otro lado, sobre las exceptuaciones, Méndez Capel ha explicado que en Almería no ha habido muchas y que, en cualquier caso, era el consejero el responsable de dictar dicha orden que, además, «no se hacen a nivel provincial sino a nivel andaluz».
Preguntado por el parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe cómo se puede exceptuar a alguien de una obligación que ya ha cumplido, Méndez Capel ha explicado que a veces ha sido «materialmente imposible» revisar las justificaciones en plazo, a pesar de que la entidad había presentado la documentación en tiempo y forma.
No obstante, ha defendido que con el personal con el que contaba su departamento podían hacerlo «razonablemente bien», aunque daban más importancia a la fase de seguimiento que a la de justificación, siempre que no se superaran demasiado los plazos. «En la Administración hay el personal que hay», ha apuntado.
Respecto al reintegro de los expedientes, el jefe de servicio ha manifestado que la inmensa mayoría pagaron en periodo voluntario, aunque «alguno es posible que haya ido a vía ejecutiva», mientras que sobre posibles prescripciones, entiende que no es posible que haya pasado en los del informe especial, «supongo que los compañeros en Educación lo habrán tenido en cuenta», y que el sistema operativo alerta de esa circunstancia.
Méndez Capel ha explicado que cuanto era el jefe servicio de la Dirección General Formación de Almería, el servicio contaba con tres departamentos, el de análisis y programación, el de seguimiento y gestión y el de gestión y tramitación de subvenciones, unos departamentos que contaban con unas 25 personas «de media» que se iban repartiendo por los mismos en función de la carga de trabajo.
En la tramitación de cada expediente de formación para el empleo, ha indicado que participaba personal de los tres departamentos, de manera que en cada uno «podían intervenir hasta más de siete personas», y que para que pasaran de una fase a otra, «era imprescindible que superara todos los trámites de la anterior».
El ex jefe de servicio ha remarcado durante su comparecencia que no participó en la preparación y supervisión de la documentación que más tarde se trasladó a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes, así como que tampoco lo hizo en la preparación de los expedientes que se requirieron para el informe especial, ni en la elaboración de las alegaciones.
Sus funciones se limitaban, según ha señalado, a gestionar la formación profesional en el ámbito provincial bajo la dirección del director provincial del SAE y de la Dirección General de la Formación.
La diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha utilizado su turno de pregunta para manifestar la necesidad de «desterrar la falsa opinión de que en Andalucía no se controlaba la formación cuando estamos viendo que sí se controlaba», al tiempo que ha agradecido al compareciente la claridad de sus respuestas ante el órgano parlamentario.
Por Ciudadanos, Marta Bosquet ha mostrado su extrañeza ante la declaración del compareciente defendiendo «que todo se ha hecho bien cuando este caso está siendo investigado por 18 juzgados». «Yo le doy mi visión de lo que ha pasado en Almería», le ha contestado antes de apuntar que «si nos han engañado, como con facturas falsas, eso ya no lo sé».
A preguntas de la parlamentaria de IU Elena Cortés, Méndez Capel ha explicado que durante todo el tiempo que ha estado al frente del servicio habrá gestionado entre 20 y 25 millones de euros en subvenciones, y sobre las empresas 'cazasubvenciones', ha asegurado que no han detectado ninguna y que serán los juzgados los que tengan que aclarar esa circunstancia.
