Solicitan al Defensor del Pueblo que interceda para buscar soluciones a un problema que, según señalan, afecta especialmente a Aguamarga, San José, Las Negras y Rodalquilar
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| Imagen de archivo de las fiestas de San José, en Níjar. |
EUROPA PRESS / 06·10·2015
La asociación 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar' ha solicitado a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que medie ante el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que procedan a elaborar un mapa de ruidos «que garantice la adopción de medidas acústicas adecuadas» y el «derecho a disfrutar» de este espacio protegido.
El colectivo entiende que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, puede intermediar entre ambas administraciones para que implementen planes de ruidos que señalen cuáles son las áreas de sensibilidad acústica y las zonas acústicamente saturadas.
La iniciativa ecologista llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería, que ordenó en 2014 al Ayuntamiento de Níjar a que adoptase medidas para el control de la contaminación acústica en el parque natural, haya concluido que éste inició las «oportunas actuaciones tendentes a la finalidad pretendida», y que el «éxito» o no de las mismas para conseguir este objetivo «no se ha demostrado como achacable al Consistorio».
El juez de lo Contencioso-administrativo también resolvió en cuanto al mapa de ruidos, que en el caso de Níjar sería «competencia autonómica», aunque matizaba que ello no era óbice para que el ente municipal pueda llevar a cabo acciones tendentes a elaborar tal mapa.
En su queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el colectivo, que señala los núcleos costeros Aguamarga, San José, Las Negras o Rodalquilar como puntos más afectados por los ruidos, argumenta que el Ayuntamiento de Níjar asumió las competencias en virtud del acuerdo plenario de 2012 y de otro posterior de agosto de 2014, por el que acordó la apertura de un periodo de información previa para el estudio y recogida de aportaciones al borrador de Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.
Traslada, en este línea, respecto a una eventual «falta de medios materiales ni medios económicos», que ayuntamientos limítrofes como el de la capital han sacado a licitación un mapa de ruidos, y que los principales de la provincia como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra lo tienen. «Un término municipal tan extenso como Nijar, con núcleos de población con alta densidad, no puede omitir esta necesidad, por lo tanto es necesario que se aprueben este tipo de medidas», remarca.
'Amigos del Parque' apunta, al hilo de esto, que el Ayuntamiento de Nijar ha tenido hasta tres presupuestos municipales para incluir la licitación de un mapa de ruidos e aboga por que, «dado que somos conocedores de las limitaciones materiales del Ayuntamiento en cuanto a personal técnico», se puedan «explorar otras vías de auxilio administrativo con la Diputación Provincial de Almería y Junta de Andalucía, cuestiones —añade— que serían más propias de criterios de oportunidad política que oportunidad legal».
Por último, la asociación indica que no pretende «en ningún caso» limitar la autorización de actividades deportivas y la apertura de establecimientos hosteleros, sino «establecer un marco de dialogo en la sociedad civil y la adopción de medidas contra los ruidos para garantizar una adecuada armonía entre un adecuado disfrute y protección del medio ambiente urbano y la generación económica ligada al turismo».
El colectivo entiende que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, puede intermediar entre ambas administraciones para que implementen planes de ruidos que señalen cuáles son las áreas de sensibilidad acústica y las zonas acústicamente saturadas.
La iniciativa ecologista llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería, que ordenó en 2014 al Ayuntamiento de Níjar a que adoptase medidas para el control de la contaminación acústica en el parque natural, haya concluido que éste inició las «oportunas actuaciones tendentes a la finalidad pretendida», y que el «éxito» o no de las mismas para conseguir este objetivo «no se ha demostrado como achacable al Consistorio».
El juez de lo Contencioso-administrativo también resolvió en cuanto al mapa de ruidos, que en el caso de Níjar sería «competencia autonómica», aunque matizaba que ello no era óbice para que el ente municipal pueda llevar a cabo acciones tendentes a elaborar tal mapa.
En su queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el colectivo, que señala los núcleos costeros Aguamarga, San José, Las Negras o Rodalquilar como puntos más afectados por los ruidos, argumenta que el Ayuntamiento de Níjar asumió las competencias en virtud del acuerdo plenario de 2012 y de otro posterior de agosto de 2014, por el que acordó la apertura de un periodo de información previa para el estudio y recogida de aportaciones al borrador de Ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica.
Traslada, en este línea, respecto a una eventual «falta de medios materiales ni medios económicos», que ayuntamientos limítrofes como el de la capital han sacado a licitación un mapa de ruidos, y que los principales de la provincia como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra lo tienen. «Un término municipal tan extenso como Nijar, con núcleos de población con alta densidad, no puede omitir esta necesidad, por lo tanto es necesario que se aprueben este tipo de medidas», remarca.
'Amigos del Parque' apunta, al hilo de esto, que el Ayuntamiento de Nijar ha tenido hasta tres presupuestos municipales para incluir la licitación de un mapa de ruidos e aboga por que, «dado que somos conocedores de las limitaciones materiales del Ayuntamiento en cuanto a personal técnico», se puedan «explorar otras vías de auxilio administrativo con la Diputación Provincial de Almería y Junta de Andalucía, cuestiones —añade— que serían más propias de criterios de oportunidad política que oportunidad legal».
Por último, la asociación indica que no pretende «en ningún caso» limitar la autorización de actividades deportivas y la apertura de establecimientos hosteleros, sino «establecer un marco de dialogo en la sociedad civil y la adopción de medidas contra los ruidos para garantizar una adecuada armonía entre un adecuado disfrute y protección del medio ambiente urbano y la generación económica ligada al turismo».
