En la operación, desarrollada por la UCO en las 8 provincias andaluzas, han sido arrestados también los actuales delegados de Empleo en Huelva y Sevilla, así como la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía
 |
| Pérez Laborda durante un acto electoral del PSOE en la campaña de las elecciones andaluzas |
EUROPA PRESS / 24·03·2015
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación este martes en la que se ha detenido a la exdelegada provincial de Empleo de la Junta de Andalucía Francisca Pérez Laborda, en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación que investiga la juez Mercedes Alaya.
Así lo han indicado fuentes del caso, quienes han precisado que la detención de Pérez Laborda, actual técnico eventual en la Delegación de Gobierno de la Junta y secretaria general del PSOE de Macael, se ha realizado en función de su anterior cargo como directora provincial de Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el marco de esta operación que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas.
Las mismas fuentes han precisado que, por el momento, se trata de la única detención prevista en la provincia de Almería, donde no se han practicado registros en la sede de la Delegación Territorial de Empleo ni en ninguna de los organismos dependientes de ella, a diferencia de otras provincias como Huelva, donde sí se han personado agentes.
La UCO ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, así como a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Otros de los detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y la exdelegada de Empleo de la Junta en Granada, Marina Martín Jiménez.
Dentro de esta operación, y según han precisado de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.
El caso, bajo secreto parcial
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la «existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación» y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla, «y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración».
En segundo lugar, la juez aludía a la «existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento».
En este sentido, la magistrada pone de manifiesto que, de la documentación recibida, «se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución».
El Servicio Andaluz de Empleo
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la juez instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».
En el nuevo auto, Mercedes Alaya recordaba que el 20 de enero «se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación», señalando que «del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando».
En este sentido, indica que, «analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes».
Todo ello, «atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba».
Así lo han indicado fuentes del caso, quienes han precisado que la detención de Pérez Laborda, actual técnico eventual en la Delegación de Gobierno de la Junta y secretaria general del PSOE de Macael, se ha realizado en función de su anterior cargo como directora provincial de Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el marco de esta operación que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas.
Las mismas fuentes han precisado que, por el momento, se trata de la única detención prevista en la provincia de Almería, donde no se han practicado registros en la sede de la Delegación Territorial de Empleo ni en ninguna de los organismos dependientes de ella, a diferencia de otras provincias como Huelva, donde sí se han personado agentes.
La UCO ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, así como a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Otros de los detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y la exdelegada de Empleo de la Junta en Granada, Marina Martín Jiménez.
Dentro de esta operación, y según han precisado de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.
El caso, bajo secreto parcial
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la «existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación» y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía en Sevilla, «y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración».
En segundo lugar, la juez aludía a la «existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento».
En este sentido, la magistrada pone de manifiesto que, de la documentación recibida, «se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución».
El Servicio Andaluz de Empleo
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la juez instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».
En el nuevo auto, Mercedes Alaya recordaba que el 20 de enero «se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación», señalando que «del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando».
En este sentido, indica que, «analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes».
Todo ello, «atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba».
