Mientras el PSOE almeriense defiende la decisión de la Junta y culpa al PP de las demoliciones
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| José Luis Sánchez Teruel, secretario general de los socialistas almerienses |
EUROPA PRESS - ALMERÍA HOY / 05·11·2014
El Ayuntamiento de Cantoria ha comunicado esta tarde su decisión que acatar la ejecución del derribo de las dos viviendas del paraje Las Terreras, anunciando que, a diferencia de lo sucedido hace un año, cuando abrió un expediente administrativo sancionador a la Junta de Andalucía por no presentar parte de la documentación relacionada con el derribo, no se opondrá a la actuación, que ha sido programada para el próximo día 18.
Fuentes municipales han manifestado que «respetan» la decisión en cumplimiento de una providencia de la Audiencia Provincial de Almería que insta a cumplir los términos de la sentencia por la que resultó inhabilitado y condenado a cárcel el exalcalde Pedro Llamas, si bien han criticado «el ensañamiento» del Gobierno andaluz con este término municipal.
«No se acierta a entender el porqué de que se tomen tanto interés en Cantoria cuando hay decenas de causas con orden de derribo en otros términos municipales que no se ejecutan por parte de la Junta», denuncian desde el Consistorio, donde consideran la demolición de estas viviendas «un maltrato sin sentido».
Desde el Ayuntamiento de Cantoria reiteran su «respeto a las resoluciones judiciales», pero tildan de «cínica» la postura de la Junta, que «ahora contradice con hechos lo que dice con decretos».
Cabe recordar que el Consistorio cantoriano ya ordenó la paralización del derribo de estas viviendas en octubre de 2013, revocando la orden tres semanas más tarde, cuando la Junta de Andalucía denunció los hechos ante la Fiscalía de Almería para la «depuración de las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido las autoridades locales y las personas implicadas». La causa, judicializada, se archivó finalmente en instrucción.
Según explicaron en su momento desde la Administración local, la paralización respondía a la ausencia del preceptivo «documento técnico de derribo» que garantizara la «seguridad» de operarios y transeúntes, así como de la «declaración de innecesariedad de licencia» municipal para esta actuación.
La notificación remitida al Ayuntamiento de Cantoria fija para el día 18 de noviembre, a las 12:00 horas, la demolición de los inmuebles, y cita al Consistorio a una reunión previa para coordinar la actuación.
Los propietarios de las viviendas, todos ellos de origen británico, no han recibido aún ningún tipo de indemnización, por lo que tres de las familias se han visto forzadas a regresar a Reino Unido, «donde viven de alquiler», mientras que una cuarta permanece en España.
«Insólito e irresponsable»
Por su parte, el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, ha calificado de «insólito e irresponsable» que el Ayuntamiento de Cantoria responsabilice a la Junta de Andalucía de la demolición de dos viviendas en suelo no urbanizable por las que el exalcalde, Pedro Llamas, ya fue condenado a prisión e inhabilitado para cargo público.
Para Sánchez Teruel, el Partido Popular, «que no quiere ayudar a los afectados», no puede pretender que la Junta «vaya en contra de las sentencias que han ordenado la demolición y que mire para otro lado ante una orden judicial que insta a la demolición de dichas viviendas, construidas ilegalmente y por cuya ilegalidad el anterior alcalde está pagando ahora las consecuencias».
En este sentido, Sánchez Teruel ha pedido al PP que actúe con responsabilidad «por una vez en la vida» y haga lo que le pidieron los afectados en las pasadas elecciones europeas a González Pons y a Javier Arenas, cuando visitaron la comarca: cambiar el código penal para que las viviendas en situaciones similares no puedan ser demolidas en tanto que sus propietarios no reciban las indemnizaciones correspondientes. «Un drama que se da en este caso y para cuya solución los dirigentes del PP, ni en Almería ni en Madrid, han movido un solo papel», ha criticado el socialista, para quien las fuentes municipales que han protestado la actuación de la Junta de Andalucía «están actuando de manera irresponsable y absolutamente demagógica». «No es comprensible que reiteren su "respeto" por las resoluciones judiciales y al mismo tiempo se quejen de que la Junta haga lo que le ordena un juez», ha apostillado.
Fuentes municipales han manifestado que «respetan» la decisión en cumplimiento de una providencia de la Audiencia Provincial de Almería que insta a cumplir los términos de la sentencia por la que resultó inhabilitado y condenado a cárcel el exalcalde Pedro Llamas, si bien han criticado «el ensañamiento» del Gobierno andaluz con este término municipal.
«No se acierta a entender el porqué de que se tomen tanto interés en Cantoria cuando hay decenas de causas con orden de derribo en otros términos municipales que no se ejecutan por parte de la Junta», denuncian desde el Consistorio, donde consideran la demolición de estas viviendas «un maltrato sin sentido».
Desde el Ayuntamiento de Cantoria reiteran su «respeto a las resoluciones judiciales», pero tildan de «cínica» la postura de la Junta, que «ahora contradice con hechos lo que dice con decretos».
Cabe recordar que el Consistorio cantoriano ya ordenó la paralización del derribo de estas viviendas en octubre de 2013, revocando la orden tres semanas más tarde, cuando la Junta de Andalucía denunció los hechos ante la Fiscalía de Almería para la «depuración de las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido las autoridades locales y las personas implicadas». La causa, judicializada, se archivó finalmente en instrucción.
Según explicaron en su momento desde la Administración local, la paralización respondía a la ausencia del preceptivo «documento técnico de derribo» que garantizara la «seguridad» de operarios y transeúntes, así como de la «declaración de innecesariedad de licencia» municipal para esta actuación.
La notificación remitida al Ayuntamiento de Cantoria fija para el día 18 de noviembre, a las 12:00 horas, la demolición de los inmuebles, y cita al Consistorio a una reunión previa para coordinar la actuación.
Los propietarios de las viviendas, todos ellos de origen británico, no han recibido aún ningún tipo de indemnización, por lo que tres de las familias se han visto forzadas a regresar a Reino Unido, «donde viven de alquiler», mientras que una cuarta permanece en España.
«Insólito e irresponsable»
Por su parte, el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, ha calificado de «insólito e irresponsable» que el Ayuntamiento de Cantoria responsabilice a la Junta de Andalucía de la demolición de dos viviendas en suelo no urbanizable por las que el exalcalde, Pedro Llamas, ya fue condenado a prisión e inhabilitado para cargo público.
Para Sánchez Teruel, el Partido Popular, «que no quiere ayudar a los afectados», no puede pretender que la Junta «vaya en contra de las sentencias que han ordenado la demolición y que mire para otro lado ante una orden judicial que insta a la demolición de dichas viviendas, construidas ilegalmente y por cuya ilegalidad el anterior alcalde está pagando ahora las consecuencias».
En este sentido, Sánchez Teruel ha pedido al PP que actúe con responsabilidad «por una vez en la vida» y haga lo que le pidieron los afectados en las pasadas elecciones europeas a González Pons y a Javier Arenas, cuando visitaron la comarca: cambiar el código penal para que las viviendas en situaciones similares no puedan ser demolidas en tanto que sus propietarios no reciban las indemnizaciones correspondientes. «Un drama que se da en este caso y para cuya solución los dirigentes del PP, ni en Almería ni en Madrid, han movido un solo papel», ha criticado el socialista, para quien las fuentes municipales que han protestado la actuación de la Junta de Andalucía «están actuando de manera irresponsable y absolutamente demagógica». «No es comprensible que reiteren su "respeto" por las resoluciones judiciales y al mismo tiempo se quejen de que la Junta haga lo que le ordena un juez», ha apostillado.
