Los socialistas consideran que existe responsabilidad penal imputable a Juan Francisco Fernández por la contratación municipal de servicios a un taller del que es socio
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| María López, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Garrucha |
ALMERÍA HOY / 31·10·2014
El PSOE de Garrucha ha anunciado su intención de recurrir la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vera de archivar la causa abierta contra el alcalde la localidad, Juan Francisco Fernández, que había sido denunciado por el PSOE por la contratación de servicios a un taller mecánico del que era titular. El importe de estos servicios, según fuentes socialistas, ascendería a 17.000 euros para los contratados entre los años 2008 y 2012; a los que habría que añadir otros 10.000 euros contratados desde entonces. Los trabajos realizados por el taller habrían comprendido el mantenimiento y reparación de vehículos municipales, si bien las facturas —aseguran estas mismas fuentes— no iban acompañadas de albarán alguno.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Garrucha, María López, ha asegurado que, en junio del año pasado, durante su declaración ante la juez, el alcalde «confesó los hechos y admitió que había realizado esos pagos».
Ahora, en el auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, la juez reconoce como «hecho cierto» que, entre los años 2007 y 2011, Juan Francisco Fernández era socio y administrador de la mercantil Automecánicas Garrucha SL, «con la cual realizó contratos de prestación de servicios el Ayuntamiento». También admite como hecho cierto que el alcalde participó «en los acuerdos municipales relativos a esos contratos», lo que de manera «evidente» supone una «irregularidad administrativa», pese a lo que decreta el archivo de la causa y rechaza la «entidad penal» de los hechos.
Ley de incompatibilidades
Frente a lo expuesto en su resolución por la magistrado, los socialistas de Garrucha sostienen que la ley de incompatibilidades prohíbe claramente que los cargos públicos realicen actividades de este tipo, siendo por lo tanto exigibles responsabilidades penales, motivo por el cual, han anunciado, recurrirán el archivo de la causa.
«La ley que regula las incompatibilidades de los cargos públicos indica de manera taxativa que el máximo responsable de una administración no puede ordenar contratos con su propia empresa, de manera que es evidente que el alcalde de Garrucha ha incumplido la ley, y creemos que debe asumir responsabilidades penales por ello», ha asegurado López.
Sobre el cambio en la empresa Automecánicas Garrucha SL, después de que, en febrero de 2012, el alcalde fuera sustituido por su hermano como administrador de la empresa, los socialistas insisten en que «esa sustitución no cambia el fondo del asunto, porque sigue siendo incompatible que el alcalde ordene pagos a la empresa administrada por su hermano, además de que Juan Francisco Fernández permaneció como accionista único de la empresa».
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Garrucha, María López, ha asegurado que, en junio del año pasado, durante su declaración ante la juez, el alcalde «confesó los hechos y admitió que había realizado esos pagos».
Ahora, en el auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, la juez reconoce como «hecho cierto» que, entre los años 2007 y 2011, Juan Francisco Fernández era socio y administrador de la mercantil Automecánicas Garrucha SL, «con la cual realizó contratos de prestación de servicios el Ayuntamiento». También admite como hecho cierto que el alcalde participó «en los acuerdos municipales relativos a esos contratos», lo que de manera «evidente» supone una «irregularidad administrativa», pese a lo que decreta el archivo de la causa y rechaza la «entidad penal» de los hechos.
Ley de incompatibilidades
Frente a lo expuesto en su resolución por la magistrado, los socialistas de Garrucha sostienen que la ley de incompatibilidades prohíbe claramente que los cargos públicos realicen actividades de este tipo, siendo por lo tanto exigibles responsabilidades penales, motivo por el cual, han anunciado, recurrirán el archivo de la causa.
«La ley que regula las incompatibilidades de los cargos públicos indica de manera taxativa que el máximo responsable de una administración no puede ordenar contratos con su propia empresa, de manera que es evidente que el alcalde de Garrucha ha incumplido la ley, y creemos que debe asumir responsabilidades penales por ello», ha asegurado López.
Sobre el cambio en la empresa Automecánicas Garrucha SL, después de que, en febrero de 2012, el alcalde fuera sustituido por su hermano como administrador de la empresa, los socialistas insisten en que «esa sustitución no cambia el fondo del asunto, porque sigue siendo incompatible que el alcalde ordene pagos a la empresa administrada por su hermano, además de que Juan Francisco Fernández permaneció como accionista único de la empresa».
