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JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
EN AQUELLA ISLA lejana resuenan los tambores de guerra entre las más enconadas y poderosas tribus. El jefe de la tribu además ejerce de brujo y de chamán e invoca a los dioses maléficos, garrota en mano, para que caiga fuego, enfermedad y ruina sobre sus adversarios que pretenden arrebatarle el báculo. Esto ocurre en aquella isla en cada sequía, cuando el agua escasea, mueren los animales y merman las cosechas, y las demás tribus culpan al Jefe de todos los males de la Tierra, como si estuviera maldito.
Nacer y vivir en Europa nos libra de semejantes tribalismos y conductas ancestrales. La democracia conduce las conductas públicas hacia el civismo, fundamento de la tranquilidad colectiva, y establece normas sobre las relaciones entre los distintos grupos políticos. Todo ello se cumple “exquisitamente” en España, ejemplar paraíso democrático, y los partidos políticos ejercen de escuelas de civismo, buena educación y trato amable. Y en este ambiente de cordialidad comienza la campaña electoral en los municipios y algunas comunidades autónomas. Las declaraciones e intervenciones de los principales dirigentes políticos tratan del bien común y perfeccionar una sociedad que afronta estoicamente adversidades y catástrofes que alteran la vida cotidiana y crean inquietud sobre el presente y el futuro. Las elecciones se perciben como una buena ocasión mientras la sequía se califica de histórica con pronósticos devastadores para la agricultura, la ganadería y el consumo humano. En aquella isla, los aborígenes miran hacia el jefe de la tribu y le retan con gestos y gritos espeluznantes antes de arrebatarle el báculo, previo sacrificio humano. El canibalismo aún no se ha logrado erradicar definitivamente.
Para nuestro orgullo, en España podemos respirar tranquilos, aunque no llueva. Todo está previsto y regulado pacíficamente, incluso la posible entrega del “báculo”. En estos momentos de interés electoral se aprueba una ley encaminada a paliar la escasez de viviendas y también sobre los alquileres. El presidente del Gobierno se preocupa de la falta de viviendas sociales mientras la demanda de parte de las familias menos pudientes no encuentra respuesta de las distintas administraciones públicas, cuyo exponente máximo es el Gobierno de España. Aseguran los afectados que este problema es reiterativo, no hay viviendas sociales y ello es una de las causas del precio de los alquileres y, aún peor, de la okupación. Será por ello que el presidente del Gobierno, prudente y estudioso, vuelva sus ojos misericordiosos a otros tiempos, cuando se hubo de afrontar un problema semejante y se promulgó la Ley de Viviendas de Protección Oficial y Renta Limitada, de 15 de julio de 1954. Parece razonable que a la vista de los resultados trate de emular ahora lo que en el siglo XX se consideró un éxito en política social, cuando se construyeron y adjudicaron más cuatro millones de viviendas de Protección Oficial entre 1961 y 1975, sin otra publicidad que el NODO. Este espectacular impulso conllevó la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957.
Esta realidad es aún visible en los rótulos de fachadas de centenares de miles de viviendas y ponen de manifiesto que los excesos grandilocuentes del presidente del Gobierno y los ministros, y ministras, señalando que “esta es la primera ley de la vivienda en España” no se corresponden con la realidad. En estos detalles puede evaluarse el nivel de formación académica de la mayoría del gobierno de España. O no han leído la historia reciente de España, o tratan de eludirla por intereses políticos obvios. Y eso desvirtúa la “benéfica” intención que subyace en esta recién aprobada ley. Las promesas del presidente del Gobierno en esta campaña electoral, anunciando que el Gobierno va a construir 183.000 viviendas sociales, causan risas en la opinión pública e incredulidad en el sector inmobiliario. Entre otras incógnitas, una muy relevante: en tanto la Ley de 1954 disponía de suelo público suficiente para la construcción de viviendas sociales, la actual normativa reguladora de la calificación urbanística del suelo reparte entre comunidades autónomas y ayuntamientos competencias que resultan un complicado enjambre burocrático, normativas y limitaciones difíciles de soslayar. Habrá de contemplar la realidad de estas promesas. En diciembre de 2023 se convocarán elecciones generales cuyos resultados son inciertos. Una de las posibilidades sería que hubiera un cambio de gobierno, a este respecto se ha pronunciado el líder del partido mayoritario de la oposición anunciando la derogación de esta ley. Núñez Feijoo señala que este gobierno lleva “prometidas” la construcción de 420.000 viviendas sociales, pero la realidad es que en estos cinco años de gobierno no ha construido ninguna, por ello estos anuncios precipitados carecen de credibilidad.
Al margen de opiniones más o menos sesgadas, hay algo cierto en esta situación de precariedad de viviendas sociales en el contexto de una grave crisis que afecta a las familias más vulnerables. Efectivamente, el derecho a la vivienda es reconocido en el artº 47 de la Constitución de 1978, donde se menciona que los poderes públicos habrán de promover las condiciones necesarias parta ello. La mención concreta a “condiciones necesarias” habrá de contemplar la liberación de suelo público donde las distintas administraciones: el Estado, las CC AA y ayuntamientos han de incentivar la construcción de viviendas sociales de protección oficial a precios asequibles respecto al mercado libre. El sector inmobiliario en España y en todos los países de la UE, desarrollan su actividad dentro de la economía de libre mercado. Un elemento esencial de dicho modelo de economía es la protección de la propiedad privada y el derecho a su legítimo uso, cuestión tan importante es considerada pilar fundacional de la Unión Europea. Además de ello, la Constitución española, en su artículo 36, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Resulta por ello inaudito que la nueva ley de la vivienda traslade la obligación y responsabilidad de promover y construir viviendas sociales al sector inmobiliario y a los ciudadanos que libremente optaron por invertir en vivienda para ellos mismos, sus hijos o para el alquiler, y a las empresas del sector inmobiliario, a quienes esta nueva ley les carga obligaciones que limitan el libre uso de la propiedad y los precios y condiciones de alquiler. Todo ello atenta directamente contra el libre mercado y contra la propiedad privada, cuyos derechos y usos se cuestionan. En lugar de ahondar y mejorar la Ley de Vivienda de 1954, cuando el Estado español construyó, solo en diez años, más de cuatro millones de viviendas de Protección Oficial, el actual gobierno de España aprueba una ley confiscatoria e intervencionista en el mercado libre que, además de causar alarma, ya está agravando la crisis de viviendas, el mercado del alquiler y de la promoción inmobiliaria.
Nacer y vivir en Europa nos libra de semejantes tribalismos y conductas ancestrales. La democracia conduce las conductas públicas hacia el civismo, fundamento de la tranquilidad colectiva, y establece normas sobre las relaciones entre los distintos grupos políticos. Todo ello se cumple “exquisitamente” en España, ejemplar paraíso democrático, y los partidos políticos ejercen de escuelas de civismo, buena educación y trato amable. Y en este ambiente de cordialidad comienza la campaña electoral en los municipios y algunas comunidades autónomas. Las declaraciones e intervenciones de los principales dirigentes políticos tratan del bien común y perfeccionar una sociedad que afronta estoicamente adversidades y catástrofes que alteran la vida cotidiana y crean inquietud sobre el presente y el futuro. Las elecciones se perciben como una buena ocasión mientras la sequía se califica de histórica con pronósticos devastadores para la agricultura, la ganadería y el consumo humano. En aquella isla, los aborígenes miran hacia el jefe de la tribu y le retan con gestos y gritos espeluznantes antes de arrebatarle el báculo, previo sacrificio humano. El canibalismo aún no se ha logrado erradicar definitivamente.
Para nuestro orgullo, en España podemos respirar tranquilos, aunque no llueva. Todo está previsto y regulado pacíficamente, incluso la posible entrega del “báculo”. En estos momentos de interés electoral se aprueba una ley encaminada a paliar la escasez de viviendas y también sobre los alquileres. El presidente del Gobierno se preocupa de la falta de viviendas sociales mientras la demanda de parte de las familias menos pudientes no encuentra respuesta de las distintas administraciones públicas, cuyo exponente máximo es el Gobierno de España. Aseguran los afectados que este problema es reiterativo, no hay viviendas sociales y ello es una de las causas del precio de los alquileres y, aún peor, de la okupación. Será por ello que el presidente del Gobierno, prudente y estudioso, vuelva sus ojos misericordiosos a otros tiempos, cuando se hubo de afrontar un problema semejante y se promulgó la Ley de Viviendas de Protección Oficial y Renta Limitada, de 15 de julio de 1954. Parece razonable que a la vista de los resultados trate de emular ahora lo que en el siglo XX se consideró un éxito en política social, cuando se construyeron y adjudicaron más cuatro millones de viviendas de Protección Oficial entre 1961 y 1975, sin otra publicidad que el NODO. Este espectacular impulso conllevó la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957.
Esta realidad es aún visible en los rótulos de fachadas de centenares de miles de viviendas y ponen de manifiesto que los excesos grandilocuentes del presidente del Gobierno y los ministros, y ministras, señalando que “esta es la primera ley de la vivienda en España” no se corresponden con la realidad. En estos detalles puede evaluarse el nivel de formación académica de la mayoría del gobierno de España. O no han leído la historia reciente de España, o tratan de eludirla por intereses políticos obvios. Y eso desvirtúa la “benéfica” intención que subyace en esta recién aprobada ley. Las promesas del presidente del Gobierno en esta campaña electoral, anunciando que el Gobierno va a construir 183.000 viviendas sociales, causan risas en la opinión pública e incredulidad en el sector inmobiliario. Entre otras incógnitas, una muy relevante: en tanto la Ley de 1954 disponía de suelo público suficiente para la construcción de viviendas sociales, la actual normativa reguladora de la calificación urbanística del suelo reparte entre comunidades autónomas y ayuntamientos competencias que resultan un complicado enjambre burocrático, normativas y limitaciones difíciles de soslayar. Habrá de contemplar la realidad de estas promesas. En diciembre de 2023 se convocarán elecciones generales cuyos resultados son inciertos. Una de las posibilidades sería que hubiera un cambio de gobierno, a este respecto se ha pronunciado el líder del partido mayoritario de la oposición anunciando la derogación de esta ley. Núñez Feijoo señala que este gobierno lleva “prometidas” la construcción de 420.000 viviendas sociales, pero la realidad es que en estos cinco años de gobierno no ha construido ninguna, por ello estos anuncios precipitados carecen de credibilidad.
Al margen de opiniones más o menos sesgadas, hay algo cierto en esta situación de precariedad de viviendas sociales en el contexto de una grave crisis que afecta a las familias más vulnerables. Efectivamente, el derecho a la vivienda es reconocido en el artº 47 de la Constitución de 1978, donde se menciona que los poderes públicos habrán de promover las condiciones necesarias parta ello. La mención concreta a “condiciones necesarias” habrá de contemplar la liberación de suelo público donde las distintas administraciones: el Estado, las CC AA y ayuntamientos han de incentivar la construcción de viviendas sociales de protección oficial a precios asequibles respecto al mercado libre. El sector inmobiliario en España y en todos los países de la UE, desarrollan su actividad dentro de la economía de libre mercado. Un elemento esencial de dicho modelo de economía es la protección de la propiedad privada y el derecho a su legítimo uso, cuestión tan importante es considerada pilar fundacional de la Unión Europea. Además de ello, la Constitución española, en su artículo 36, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Resulta por ello inaudito que la nueva ley de la vivienda traslade la obligación y responsabilidad de promover y construir viviendas sociales al sector inmobiliario y a los ciudadanos que libremente optaron por invertir en vivienda para ellos mismos, sus hijos o para el alquiler, y a las empresas del sector inmobiliario, a quienes esta nueva ley les carga obligaciones que limitan el libre uso de la propiedad y los precios y condiciones de alquiler. Todo ello atenta directamente contra el libre mercado y contra la propiedad privada, cuyos derechos y usos se cuestionan. En lugar de ahondar y mejorar la Ley de Vivienda de 1954, cuando el Estado español construyó, solo en diez años, más de cuatro millones de viviendas de Protección Oficial, el actual gobierno de España aprueba una ley confiscatoria e intervencionista en el mercado libre que, además de causar alarma, ya está agravando la crisis de viviendas, el mercado del alquiler y de la promoción inmobiliaria.
