El superjuez metido a abogado amortiza sus honorarios. La eficacia compensa el alto coste de sus servicios. Los políticos de la comarca lo saben bien
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Gómez Bermúdez, al fondo. De espaldas, Pepi Cruz y Cristóbal
Fernández. |
ALMERÍA HOY / 24·11·2022
Si la iglesia elevó a Santa Rita a la condición universal de abogada de los imposibles, y a ella se encomiendan los que creen estar en una situación irresoluble, el político con problemas judiciales dirige la mirada hacia Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez, con la esperanza de esquivar la bala de la inhabilitación.
Ser defendido por él no está al alcance de todo el mundo. Su tarifa es de las más elevadas en la abogacía, sin embargo, contratarle es buen negocio. Los resultados le avalan y, si no, pregunten a las alcaldesas de Mojácar, Turre y la exconcejal de Cultura de Carboneras, Pepi Cruz, a quienes ha resuelto sus problemas con la Justicia. El mismo final espera la regidora de Garrucha, que también ha requerido sus servicios.
La cabeza rapada de Gómez Bermúdez es muy conocida. A tal popularidad han contribuido, sin lugar a dudas, los ochos años que presidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Le sucedió en 2012 el actual ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska.
En ese intervalo, Bermúdez se ocupó de algunos de los casos más mediáticos, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el de los atentados del 11 de marzo de 2004. Su rostro abrió los informativos prácticamente a diario durante años pero, antes, pasó por varios juzgados de provincias, como el número 2 de lo Penal y la Audiencia Provincial de Almería, donde fue el decano de los jueces durante cerca de tres años, entre marzo de 1994 y diciembre de 1996.
Desde 2018 se halla en excedencia y ejerce como abogado en el bufete Ramón y Cajal. Su minuta no es asequible para el ciudadano de a pie. En la provincia ha cobrado por caso desde 7.000 hasta 18.000 euros, IVA incluido. Asegurar un alto porcentaje de victoria tiene un precio.
ROSMARI
La primera que acudió al exjuez fue la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP). O, mejor dicho, el Ayuntamiento de todos, que es quien paga las facturas. El despacho Ramón y Cajal mantenía con el Consistorio mojaquero un contrato de 119.790 euros (99.000 de principal más 20.790 por el IVA). La finalidad era el asesoramiento jurídico y la asistencia letrada en procedimientos contencioso-administrativos.
Sin embargo, la regidora fue objeto de una querella presentada por la Fiscalía del Estado instada por el mismísimo Defensor del Pueblo, que señaló al de Mojácar como uno de los 19 Ayuntamientos “entorpecedores” entre los más de 8.000 con que cuenta España. La Oficina del Defensor señaló a Cano por negarle reiteradamente información. Si no se responde al Defensor, la Ley actúa impulsada por la Fiscalía. Estamos, entonces, ante un delito castigado con una pena de entre seis meses y un año de prisión, así como hasta dos años de inhabilitación.
Al tratarse de un ilícito penal, el caso no estaba incluido en el contrato con el despacho madrileño, pero la alcaldesa optó por fichar a Gómez Bermúdez para su defensa. Todo un acierto. En menos de un mes se archivó la causa y el despacho del exjuez pasó la minuta por importe de 9.075 euros. Se los había ganado.
MARÍA ISABEL
Otra clienta contenta es la regidora de Turre, María Isabel López (PSOE). Se enfrentaba a 12 años de inhabilitación por haber negado a un empresario feriante la instalación de su puesto de turrones en la misma ubicación que había ocupado su familia durante tres generaciones, desde 1949, en la feria de San Francisco.
Como su colega mojaquera, López se encomendó al antiguo decano de los jueces de Almería y hace casi un año, a principios de diciembre de 2021, celebró su absolución.
Gómez Bermúdez convenció al tribunal de que una discusión entre el demandante y el jefe de la Policía Local, al que el feriante espetó “pistolitas, saca la pistola y pégame un tiro” en el despacho de la alcaldesa, podía entenderse “de suficiente entidad para interpretar” que permitir el establecimiento del puesto podría suponer “un riesgo para el orden público” y, por tanto, la alcaldesa no actuó de forma “arbitraria”. El resultado fue la absolución y 7.000 euros bien pagados para el bufete de la defensa.
MARI TOÑI
También ha depositado su esperanza en el exjuez la alcaldesa de Garrucha. María Antonia López Cervantes (PSOE) se halla en calidad de investigada por un delito contra los derechos cívicos al haber supuestamente negado documentos solicitados por el concejal de Garrucha para la Gente Álvaro Ramos. Además, está imputada por prevaricación y un delito contra la Administración pública al haber contratado por decreto de Alcaldía, presuntamente sin observar el procedimiento estipulado, a la hija de un conocido militante socialista como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento.
Y está rondando una tercera querella, pues el fiscal anda investigando el uso supuestamente irregular de tarjetas para el pago de combustible con cargo al erario municipal.
De momento, la Junta de Gobierno Local ya ha decidido la contratación de Gómez Bermúdez por 18.000 euros para salvar de la inhabilitación a López Cervantes.
PEPI CRUZ
De momento, la última afortunada por el buen hacer del exdecano ha sido Josefa Cruz (PSOE), quien se enfrentaba a un año de cárcel, ocho de inhabilitación, 1.200 euros de multa e indemnizar al Ayuntamiento de Carboneras con 3.250 por haber comprado en agosto de 2009, siendo concejal de Cultura, una colección de 80 facsímiles de grabados de Goya por decisión propia, sin haber observado procedimiento administrativo alguno. Eso decía la querella.
Ante las pruebas aportadas por el fiscal, como el testimonio de funcionarios que declararon no haber visto nunca las láminas y que ni siquiera constan en el inventario de bienes municipales, Gómez Bermúdez alegó que la compra “no fue arbitraria” al tratarse de un contrato menor -3.250 euros- que “sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación de la factura”, aunque no aportó el expediente.
Sí adujo el “interés público” de la colección al tratarse de la obra de “un afamado pintor”, lo que la reviste de “evidente interés cultural”. Por si fuera poco, el abogado enfatizó que su cliente aseguró que las láminas “quedaron depositadas en el archivo del Ayuntamiento” cuando se produjo el cambio de gobierno, y ese testimonio fue “respaldado” por la declaración del exalcalde socialista Cristóbal Fernández. Nadie más las vio.
Además, a preguntas de Gómez Bermúdez, el entonces secretario municipal, Francisco Javier Rodríguez, admitió que “en varias ocasiones”, tras ausentarse momentáneamente para desayunar, “se encontraba al regresar que la puerta del archivo estaba abierta, por lo que personas no autorizadas tenían acceso a su interior”.
De esa manera, el que fuera juez estrella consiguió sembrar la duda necesaria para favorecer a su defendida, que fue absuelta. De lo que no cabe duda alguna es que contratar a Javier Gómez Bermúdez sale rentable. Porque a los abogados, como a los entrenadores de fútbol, les avalan los resultados.
Ser defendido por él no está al alcance de todo el mundo. Su tarifa es de las más elevadas en la abogacía, sin embargo, contratarle es buen negocio. Los resultados le avalan y, si no, pregunten a las alcaldesas de Mojácar, Turre y la exconcejal de Cultura de Carboneras, Pepi Cruz, a quienes ha resuelto sus problemas con la Justicia. El mismo final espera la regidora de Garrucha, que también ha requerido sus servicios.
La cabeza rapada de Gómez Bermúdez es muy conocida. A tal popularidad han contribuido, sin lugar a dudas, los ochos años que presidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Le sucedió en 2012 el actual ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska.
En ese intervalo, Bermúdez se ocupó de algunos de los casos más mediáticos, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el de los atentados del 11 de marzo de 2004. Su rostro abrió los informativos prácticamente a diario durante años pero, antes, pasó por varios juzgados de provincias, como el número 2 de lo Penal y la Audiencia Provincial de Almería, donde fue el decano de los jueces durante cerca de tres años, entre marzo de 1994 y diciembre de 1996.
Desde 2018 se halla en excedencia y ejerce como abogado en el bufete Ramón y Cajal. Su minuta no es asequible para el ciudadano de a pie. En la provincia ha cobrado por caso desde 7.000 hasta 18.000 euros, IVA incluido. Asegurar un alto porcentaje de victoria tiene un precio.
ROSMARI
La primera que acudió al exjuez fue la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP). O, mejor dicho, el Ayuntamiento de todos, que es quien paga las facturas. El despacho Ramón y Cajal mantenía con el Consistorio mojaquero un contrato de 119.790 euros (99.000 de principal más 20.790 por el IVA). La finalidad era el asesoramiento jurídico y la asistencia letrada en procedimientos contencioso-administrativos.
Sin embargo, la regidora fue objeto de una querella presentada por la Fiscalía del Estado instada por el mismísimo Defensor del Pueblo, que señaló al de Mojácar como uno de los 19 Ayuntamientos “entorpecedores” entre los más de 8.000 con que cuenta España. La Oficina del Defensor señaló a Cano por negarle reiteradamente información. Si no se responde al Defensor, la Ley actúa impulsada por la Fiscalía. Estamos, entonces, ante un delito castigado con una pena de entre seis meses y un año de prisión, así como hasta dos años de inhabilitación.
Al tratarse de un ilícito penal, el caso no estaba incluido en el contrato con el despacho madrileño, pero la alcaldesa optó por fichar a Gómez Bermúdez para su defensa. Todo un acierto. En menos de un mes se archivó la causa y el despacho del exjuez pasó la minuta por importe de 9.075 euros. Se los había ganado.
MARÍA ISABEL
Otra clienta contenta es la regidora de Turre, María Isabel López (PSOE). Se enfrentaba a 12 años de inhabilitación por haber negado a un empresario feriante la instalación de su puesto de turrones en la misma ubicación que había ocupado su familia durante tres generaciones, desde 1949, en la feria de San Francisco.
Como su colega mojaquera, López se encomendó al antiguo decano de los jueces de Almería y hace casi un año, a principios de diciembre de 2021, celebró su absolución.
Gómez Bermúdez convenció al tribunal de que una discusión entre el demandante y el jefe de la Policía Local, al que el feriante espetó “pistolitas, saca la pistola y pégame un tiro” en el despacho de la alcaldesa, podía entenderse “de suficiente entidad para interpretar” que permitir el establecimiento del puesto podría suponer “un riesgo para el orden público” y, por tanto, la alcaldesa no actuó de forma “arbitraria”. El resultado fue la absolución y 7.000 euros bien pagados para el bufete de la defensa.
MARI TOÑI
También ha depositado su esperanza en el exjuez la alcaldesa de Garrucha. María Antonia López Cervantes (PSOE) se halla en calidad de investigada por un delito contra los derechos cívicos al haber supuestamente negado documentos solicitados por el concejal de Garrucha para la Gente Álvaro Ramos. Además, está imputada por prevaricación y un delito contra la Administración pública al haber contratado por decreto de Alcaldía, presuntamente sin observar el procedimiento estipulado, a la hija de un conocido militante socialista como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento.
Y está rondando una tercera querella, pues el fiscal anda investigando el uso supuestamente irregular de tarjetas para el pago de combustible con cargo al erario municipal.
De momento, la Junta de Gobierno Local ya ha decidido la contratación de Gómez Bermúdez por 18.000 euros para salvar de la inhabilitación a López Cervantes.
PEPI CRUZ
De momento, la última afortunada por el buen hacer del exdecano ha sido Josefa Cruz (PSOE), quien se enfrentaba a un año de cárcel, ocho de inhabilitación, 1.200 euros de multa e indemnizar al Ayuntamiento de Carboneras con 3.250 por haber comprado en agosto de 2009, siendo concejal de Cultura, una colección de 80 facsímiles de grabados de Goya por decisión propia, sin haber observado procedimiento administrativo alguno. Eso decía la querella.
Ante las pruebas aportadas por el fiscal, como el testimonio de funcionarios que declararon no haber visto nunca las láminas y que ni siquiera constan en el inventario de bienes municipales, Gómez Bermúdez alegó que la compra “no fue arbitraria” al tratarse de un contrato menor -3.250 euros- que “sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación de la factura”, aunque no aportó el expediente.
Sí adujo el “interés público” de la colección al tratarse de la obra de “un afamado pintor”, lo que la reviste de “evidente interés cultural”. Por si fuera poco, el abogado enfatizó que su cliente aseguró que las láminas “quedaron depositadas en el archivo del Ayuntamiento” cuando se produjo el cambio de gobierno, y ese testimonio fue “respaldado” por la declaración del exalcalde socialista Cristóbal Fernández. Nadie más las vio.
Además, a preguntas de Gómez Bermúdez, el entonces secretario municipal, Francisco Javier Rodríguez, admitió que “en varias ocasiones”, tras ausentarse momentáneamente para desayunar, “se encontraba al regresar que la puerta del archivo estaba abierta, por lo que personas no autorizadas tenían acceso a su interior”.
De esa manera, el que fuera juez estrella consiguió sembrar la duda necesaria para favorecer a su defendida, que fue absuelta. De lo que no cabe duda alguna es que contratar a Javier Gómez Bermúdez sale rentable. Porque a los abogados, como a los entrenadores de fútbol, les avalan los resultados.
