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JOSÉ HERRERA
El Consejo de Seguridad Nuclear archiva sin intervenir la denuncia de los puntos radiactivos fuera del vallado de Palomares y almacenamiento irregular de residuos.
La denuncia presentada en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en enero de este año por los ciudadanos sobre algunos de los puntos radiactivos y el almacenamiento de residuos radiactivos en el núcleo urbano ha sido archivada sin haber intentado buscar una solución. Esta hacía referencia a dos lugares fuera de las zonas valladas con unas lecturas radiológicas que obligan al CSN a descontaminar o restringir su acceso con vallado. El principal está situado en el arcén de una calle de la zona urbana de Palomares por donde transitan los vecinos y en ocasiones pasta el ganado. El segundo punto se refiere a un poste eléctrico en las balsas del cementerio. La denuncia también se centraba en el almacenamiento ilegal de 670 kg de residuos, con una radiactividad superior a los 5 millones de Bequereles, depositados el 29/11/2016 en un edificio urbano.
Dada la previsible inhibición del CSN, Ecologistas en Acción presentó una denuncia en el Parlamento Europeo en septiembre pasado, pero ampliándola a cinco parajes radiactivos fuera del vallado. Tras esta, el CSN se limitó a reunirse con el CIEMAT en octubre, sin adoptar solución alguna.
CSN
Subdirectora de Protección Radiológica Ambiental
Asunto: Cierre denuncia DN-607
Señora Inmaculada Simón:
Quisiera primero agradecer su extensa y detallada carta anunciando el cierre de la denuncia DN-607. Parece que la institución a la que pertenece ha avanzado cualitativamente en su gestión. Hace pocos años una denuncia semejante al mismo organismo sobre la desastrosa problemática radiológica de Palomares, Villaricos, Vera, no mereció ni acuse de recibo ni mucho menos su cierre.
El objeto de la DN-607 no solo era por cuestiones de seguridad y protección radiológica sino del incumplimiento sistemático de la normativa nacional e internacional, además de otras cuestiones importantes como la alarma social que generó el traslado de residuos (2011-2019) de las antiguas muestras radiactivas almacenadas durante medio siglo en el CIEMAT. Todos los miembros del CSN, desde los técnicos hasta el equipo directivo, saben que los contenedores marítimos donde se ubican en un baldío de Palomares mucho más de 3 toneladas de residuos no constituyen una instalación radiactiva de IIª clase, que es donde preceptivamente tendrían que estar, carece de los mecanismos de seguridad y control exigidos por el CSN.
Lo referido no es más que otra ilegalidad adicional al "suma y sigue" de hace 56 años. Se incumple en su totalidad el Real Decreto 1836-1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que el CSN en su día asesoró al Legislativo y además este es el organismo encargado de velar por su cumplimiento, según la Ley 15-1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Y por si fuera poco, los 670 kg. que se almacenan en una zona urbana, en un edificio que incumple también toda norma, de forma independiente a su calificación como residuos de media o baja actividad, resulta escandaloso y amoral. Llevan más de tres años sin que se hayan ubicado con el resto. Tal dispersión de los residuos, sin que el CSN haya procedido de oficio a buscar una solución, más allá del debate si suponen o no un riesgo radiológico, no les quede duda que le ha supuesto un tangible daño a la economía local, basada en la agricultura y el turismo.
Respecto a las medidas radiológicas aportadas, superficies y volúmenes afectados y coordenadas de los 5 puntos denunciados fuera de las vallas, con la excepción de uno, fueron realizadas por el CIEMAT. La única, en la calle Diseminado La Punta, ha sido realizada por un laboratorio profesional homologado de Zürich, pero coincide con la caracterización radiológica del PIEM-VR, tanto en el intervalo fuera de los criterios de restricción del CSN, como en la ubicación, señalada en los mapas oficiales. Por ello resulta incongruente poner en solfa tales resultados, más cuando las cifras mostradas desde hace 56 años sobre la zona, por los organismos reguladores (JEN y CSN) hace tiempo que han sufrido en su credibilidad por la ciudadanía y organizaciones sociales, lo que define como justo y necesario algún análisis independiente.
En este sentido, hace 7 años ya fue alertado el CSN (reg. entrada 16887 de 19/10/2015) por Greenpeace cuando, en un curso práctico de protección radiológica, recogieron algunas muestras aleatorias fuera del vallado y hallaron niveles que también superaban la actividad máxima derivada de los criterios de restricción de terrenos y solo sirvió para engrosar los archivos. La denuncia que ahora se cierra solo es la punta del iceberg.
La inacción crónica de este organismo con respecto a promover de cara al Ejecutivo una restauración medioambiental de lugares lejanos a los centros de decisión como zonas de sacrificio radiológico medioambiental (Huelva, Palomares, Cartagena, Flix) carece de justificación legal y moral, mientras siga vigente la presente normativa. La periferia peninsular pertenece también a España. Sus ciudadanos contribuyen con sus impuestos, igual que el resto, a la financiación de organismos oficiales como el CSN, por ello no se entiende la "ley del embudo" que prevalece con humillantes casos como el Plan Integral de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT, en un simple centro de trabajo de 8 horas/persona y no donde habitan los ciudadanos, a pesar de que ahí no existía ningún riesgo radiológico alguno para sus trabajadores. Sin embargo lleva 22 años en marcha sin pausa, con más de 100 millones de euros gastados. Tal dispendio y celo contrasta con la renuencia a proponer y sugerir al Ejecutivo la necesidad de desarrollar y llevar a cabo el Plan de Restauración de Palomares de 2010, como un ejemplo arquetípico de la desigualdad distributiva de los costes sociales medioambientales heredados del pasado.
Si le he expuesto una pequeña parte del argumentario que justifica la denuncia que ahora se cierra, ha sido por su amable y detallada respuesta, aún a sabiendas que ello no altera su resolución. Comprenderá que, dado que no se ha generado acción alguna por parte del CSN para solucionar las cuestiones que la integraban, solo me queda ser recurrente con la denuncia, como única herramienta ciudadana de disenso dentro del marco legislativo, hasta que el órgano regulador cumpla con sus cometidos o sea obligado a ello por la justicia española o europea.
Gracias por prestar atención a estos pocos argumentos y reciba un cordial saludo.
José Herrera Plaza.
La denuncia presentada en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en enero de este año por los ciudadanos sobre algunos de los puntos radiactivos y el almacenamiento de residuos radiactivos en el núcleo urbano ha sido archivada sin haber intentado buscar una solución. Esta hacía referencia a dos lugares fuera de las zonas valladas con unas lecturas radiológicas que obligan al CSN a descontaminar o restringir su acceso con vallado. El principal está situado en el arcén de una calle de la zona urbana de Palomares por donde transitan los vecinos y en ocasiones pasta el ganado. El segundo punto se refiere a un poste eléctrico en las balsas del cementerio. La denuncia también se centraba en el almacenamiento ilegal de 670 kg de residuos, con una radiactividad superior a los 5 millones de Bequereles, depositados el 29/11/2016 en un edificio urbano.
Dada la previsible inhibición del CSN, Ecologistas en Acción presentó una denuncia en el Parlamento Europeo en septiembre pasado, pero ampliándola a cinco parajes radiactivos fuera del vallado. Tras esta, el CSN se limitó a reunirse con el CIEMAT en octubre, sin adoptar solución alguna.
CSN
Subdirectora de Protección Radiológica Ambiental
Asunto: Cierre denuncia DN-607
Señora Inmaculada Simón:
Quisiera primero agradecer su extensa y detallada carta anunciando el cierre de la denuncia DN-607. Parece que la institución a la que pertenece ha avanzado cualitativamente en su gestión. Hace pocos años una denuncia semejante al mismo organismo sobre la desastrosa problemática radiológica de Palomares, Villaricos, Vera, no mereció ni acuse de recibo ni mucho menos su cierre.
El objeto de la DN-607 no solo era por cuestiones de seguridad y protección radiológica sino del incumplimiento sistemático de la normativa nacional e internacional, además de otras cuestiones importantes como la alarma social que generó el traslado de residuos (2011-2019) de las antiguas muestras radiactivas almacenadas durante medio siglo en el CIEMAT. Todos los miembros del CSN, desde los técnicos hasta el equipo directivo, saben que los contenedores marítimos donde se ubican en un baldío de Palomares mucho más de 3 toneladas de residuos no constituyen una instalación radiactiva de IIª clase, que es donde preceptivamente tendrían que estar, carece de los mecanismos de seguridad y control exigidos por el CSN.
Lo referido no es más que otra ilegalidad adicional al "suma y sigue" de hace 56 años. Se incumple en su totalidad el Real Decreto 1836-1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que el CSN en su día asesoró al Legislativo y además este es el organismo encargado de velar por su cumplimiento, según la Ley 15-1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. Y por si fuera poco, los 670 kg. que se almacenan en una zona urbana, en un edificio que incumple también toda norma, de forma independiente a su calificación como residuos de media o baja actividad, resulta escandaloso y amoral. Llevan más de tres años sin que se hayan ubicado con el resto. Tal dispersión de los residuos, sin que el CSN haya procedido de oficio a buscar una solución, más allá del debate si suponen o no un riesgo radiológico, no les quede duda que le ha supuesto un tangible daño a la economía local, basada en la agricultura y el turismo.
Respecto a las medidas radiológicas aportadas, superficies y volúmenes afectados y coordenadas de los 5 puntos denunciados fuera de las vallas, con la excepción de uno, fueron realizadas por el CIEMAT. La única, en la calle Diseminado La Punta, ha sido realizada por un laboratorio profesional homologado de Zürich, pero coincide con la caracterización radiológica del PIEM-VR, tanto en el intervalo fuera de los criterios de restricción del CSN, como en la ubicación, señalada en los mapas oficiales. Por ello resulta incongruente poner en solfa tales resultados, más cuando las cifras mostradas desde hace 56 años sobre la zona, por los organismos reguladores (JEN y CSN) hace tiempo que han sufrido en su credibilidad por la ciudadanía y organizaciones sociales, lo que define como justo y necesario algún análisis independiente.
En este sentido, hace 7 años ya fue alertado el CSN (reg. entrada 16887 de 19/10/2015) por Greenpeace cuando, en un curso práctico de protección radiológica, recogieron algunas muestras aleatorias fuera del vallado y hallaron niveles que también superaban la actividad máxima derivada de los criterios de restricción de terrenos y solo sirvió para engrosar los archivos. La denuncia que ahora se cierra solo es la punta del iceberg.
La inacción crónica de este organismo con respecto a promover de cara al Ejecutivo una restauración medioambiental de lugares lejanos a los centros de decisión como zonas de sacrificio radiológico medioambiental (Huelva, Palomares, Cartagena, Flix) carece de justificación legal y moral, mientras siga vigente la presente normativa. La periferia peninsular pertenece también a España. Sus ciudadanos contribuyen con sus impuestos, igual que el resto, a la financiación de organismos oficiales como el CSN, por ello no se entiende la "ley del embudo" que prevalece con humillantes casos como el Plan Integral de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT, en un simple centro de trabajo de 8 horas/persona y no donde habitan los ciudadanos, a pesar de que ahí no existía ningún riesgo radiológico alguno para sus trabajadores. Sin embargo lleva 22 años en marcha sin pausa, con más de 100 millones de euros gastados. Tal dispendio y celo contrasta con la renuencia a proponer y sugerir al Ejecutivo la necesidad de desarrollar y llevar a cabo el Plan de Restauración de Palomares de 2010, como un ejemplo arquetípico de la desigualdad distributiva de los costes sociales medioambientales heredados del pasado.
Si le he expuesto una pequeña parte del argumentario que justifica la denuncia que ahora se cierra, ha sido por su amable y detallada respuesta, aún a sabiendas que ello no altera su resolución. Comprenderá que, dado que no se ha generado acción alguna por parte del CSN para solucionar las cuestiones que la integraban, solo me queda ser recurrente con la denuncia, como única herramienta ciudadana de disenso dentro del marco legislativo, hasta que el órgano regulador cumpla con sus cometidos o sea obligado a ello por la justicia española o europea.
Gracias por prestar atención a estos pocos argumentos y reciba un cordial saludo.
José Herrera Plaza.
