En tres años el Gobierno local ha conseguido reducir a la tercera parte el censo de domicilios usurpados. La elaboración de informes de inhabitabilidad o insalubridad ha resultado una herramienta eficaz para luchar contra el problema
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| El teniente de alcalde y el primer edil en el edificio Pawui tras ser desokupado. |
ALMERÍA HOY / 08·06·2022
Sumar 120 viviendas okupadas en una ciudad de apenas 17.700 habitantes es mucho. Demasiadas. Sobre todo, constituyen un grave problema para propietarios y vecinos. En el caso de los primeros, porque no pueden disfrutar de un bien pagado con el trabajo y sudor de años. En cuanto a los segundos, sufren los efectos de una convivencia no exenta de “peleas y trapicheos”, como revelaba la concejal de Presidencia de Vera, Carolina Pérez, en RADIO ACTUALIDAD.
Ése fue el panorama que encontró el Gobierno de José Carmelo Jorge Blanco (PP) en 2019. Bloques okupados prácticamente enteros, como el Pawui y los tres de la promoción ‘Los Patios’ construidos frente a Mercovera; otros cuatro en la calle Carlos V; cuatro más en la Plaza de España y tres en la calle Clavel, por encima de la Iglesia Parroquial. Lo mismo sucedía en viviendas aisladas a lo largo del casco urbano y en urbanizaciones de la playa. En no pocas ocasiones se han estado utilizando para el cultivo de marihuana.
En aquellos días, fuentes municipales hablaban de “mafias” que identificaban las viviendas vacías, por lo general, propiedad de entidades financieras, pero también segundas residencias. Tampoco hacían ascos a propiedades públicas. Es el caso de los cuatro bloques de la calle Carlos V, conocidos como ‘La Cárcel’, construidos por la Junta de Andalucía como viviendas sociales que nunca llegaron a tener el fin para el que fueron concebidos.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que el actual equipo de Gobierno adoptara como uno de sus principales objetivos, si no erradicar el problema por completo, al menos trabajar para paliarlo en la medida de lo posible.
La tarea era “muy complicada”, en palabras de la edil. El fin consistía en desalojar las viviendas okupadas, devolverlas a sus legítimos propietarios y restituir la tranquilidad al vecindario. Pero “siempre desde el respeto a la ley y sin desamparar a familias desvalidas que carecen realmente de medios para pagar un alquiler”.
Comenzaron creando “la primera comisión antiokupación de España”. El órgano contó con la participación de personas afectadas e implicadas en el problema que comenzaron a observar qué se hacía en otros municipios y a estudiar soluciones. “Para resolver un problema, es preciso poner el foco sobre él”, explicaba la edil. También solicitaron ayuda al Gobierno de España por medio del subdelegado.
Además, se reunieron con las entidades financieras propietarias de la “mayoría” de viviendas okupadas. Les instaron a “acelerar” la ejecución de los embargos para evitar el “limbo jurídico” que eterniza la usurpación de estos inmuebles porque “nadie los reclama”. La concejal reconoció que hubo que “presionar” a algunos bancos. Quizás porque asumir la propiedad significa, entre otras cosas, pagar los impuestos correspondientes.
INHABITABILIDAD
Sin embargo, el remedio llegó desde El Ejido. En la localidad del Poniente, los técnicos municipales elaboraban informes de inhabitabilidad para viviendas en que se detectaban acometidas ilegales de agua o electricidad que, al no estar homologadas, podrían provocar inundaciones o incendios.
Otro motivo de inhabitabilidad aparece vinculado a la insalubridad producida por la acumulación de residuos y falta de condiciones higiénicas.
Según Carolina Pérez, casi todos los expedientes de este tipo incoados en Vera se correspondían con okupaciones. La edil confirmaba la eficacia de esta “herramienta”.
Aseguraba que “ningún juez se opone” a emitir una orden de desalojo ante un informe que muestra una alta probabilidad de peligro incluso para la vida de las personas. Hasta ahora, la orden ha sido obedecida de forma voluntaria por los okupas. De no haber sido así, habrían sido desalojados por la fuerza.
Ese “vericueto o resquicio legal”, como lo llama la concejal de Presidencia, ha sido fundamental para conseguir que, el censo inicial de 120 viviendas okupadas que había en la Vera de 2019, en tres años se haya reducido a 40. Algunas de ellas no han podido recuperarse por “encontrarse inmersas en procedimientos judiciales”.
25 de los desalojos se han producido en los últimos tres meses. Es el tiempo que lleva funcionando la aplicación AlertaOkupa, que permite poner en conocimiento de la Policía Local, de forma anónima e inmediata, el allanamiento de domicilios.
En este periodo se han desokupado las doce viviendas usurpadas en el Bariamare, un bloque de la calle Clavel, propiedad de Bankia, y trece en el edificio Pawui, frente a Mercovera, donde aún quedan dos pisos habitados por intrusos.
“Los vecinos no se lo podían creer”, manifestaba Pérez. El Pawui es, más que un bloque, una urbanización con jardines interiores y una piscina que los propietarios no podían disfrutar por culpa de la “mala convivencia” generada por los okupas. Porque la concejal desvelaba un “mayor porcentaje de conflictos” en las zonas con viviendas okupadas, hasta el punto de que “muchos vecinos del entorno han abandonado sus casas”.
Destacaba que la okupación es sinónimo de “inseguridad”. Sin embargo, no vinculó la usurpación de domicilios de manera directa con la inmigración. Aseguraba que, en el caso de Vera, entre los okupas “hay inmigrantes, veratenses y personas que han venido de otros municipios de la comarca”.
Carolina Pérez concluía que “la okupación no es ninguna solución”, y que ante casos de “necesidad”, la Administración cuenta con fórmulas “para que nadie acabe en la calle sin vulnerar el derecho a la propiedad”.
Ése fue el panorama que encontró el Gobierno de José Carmelo Jorge Blanco (PP) en 2019. Bloques okupados prácticamente enteros, como el Pawui y los tres de la promoción ‘Los Patios’ construidos frente a Mercovera; otros cuatro en la calle Carlos V; cuatro más en la Plaza de España y tres en la calle Clavel, por encima de la Iglesia Parroquial. Lo mismo sucedía en viviendas aisladas a lo largo del casco urbano y en urbanizaciones de la playa. En no pocas ocasiones se han estado utilizando para el cultivo de marihuana.
En aquellos días, fuentes municipales hablaban de “mafias” que identificaban las viviendas vacías, por lo general, propiedad de entidades financieras, pero también segundas residencias. Tampoco hacían ascos a propiedades públicas. Es el caso de los cuatro bloques de la calle Carlos V, conocidos como ‘La Cárcel’, construidos por la Junta de Andalucía como viviendas sociales que nunca llegaron a tener el fin para el que fueron concebidos.
Con tales antecedentes, no es de extrañar que el actual equipo de Gobierno adoptara como uno de sus principales objetivos, si no erradicar el problema por completo, al menos trabajar para paliarlo en la medida de lo posible.
La tarea era “muy complicada”, en palabras de la edil. El fin consistía en desalojar las viviendas okupadas, devolverlas a sus legítimos propietarios y restituir la tranquilidad al vecindario. Pero “siempre desde el respeto a la ley y sin desamparar a familias desvalidas que carecen realmente de medios para pagar un alquiler”.
Comenzaron creando “la primera comisión antiokupación de España”. El órgano contó con la participación de personas afectadas e implicadas en el problema que comenzaron a observar qué se hacía en otros municipios y a estudiar soluciones. “Para resolver un problema, es preciso poner el foco sobre él”, explicaba la edil. También solicitaron ayuda al Gobierno de España por medio del subdelegado.
Además, se reunieron con las entidades financieras propietarias de la “mayoría” de viviendas okupadas. Les instaron a “acelerar” la ejecución de los embargos para evitar el “limbo jurídico” que eterniza la usurpación de estos inmuebles porque “nadie los reclama”. La concejal reconoció que hubo que “presionar” a algunos bancos. Quizás porque asumir la propiedad significa, entre otras cosas, pagar los impuestos correspondientes.
INHABITABILIDAD
Sin embargo, el remedio llegó desde El Ejido. En la localidad del Poniente, los técnicos municipales elaboraban informes de inhabitabilidad para viviendas en que se detectaban acometidas ilegales de agua o electricidad que, al no estar homologadas, podrían provocar inundaciones o incendios.
Otro motivo de inhabitabilidad aparece vinculado a la insalubridad producida por la acumulación de residuos y falta de condiciones higiénicas.
Según Carolina Pérez, casi todos los expedientes de este tipo incoados en Vera se correspondían con okupaciones. La edil confirmaba la eficacia de esta “herramienta”.
Aseguraba que “ningún juez se opone” a emitir una orden de desalojo ante un informe que muestra una alta probabilidad de peligro incluso para la vida de las personas. Hasta ahora, la orden ha sido obedecida de forma voluntaria por los okupas. De no haber sido así, habrían sido desalojados por la fuerza.
Ese “vericueto o resquicio legal”, como lo llama la concejal de Presidencia, ha sido fundamental para conseguir que, el censo inicial de 120 viviendas okupadas que había en la Vera de 2019, en tres años se haya reducido a 40. Algunas de ellas no han podido recuperarse por “encontrarse inmersas en procedimientos judiciales”.
25 de los desalojos se han producido en los últimos tres meses. Es el tiempo que lleva funcionando la aplicación AlertaOkupa, que permite poner en conocimiento de la Policía Local, de forma anónima e inmediata, el allanamiento de domicilios.
En este periodo se han desokupado las doce viviendas usurpadas en el Bariamare, un bloque de la calle Clavel, propiedad de Bankia, y trece en el edificio Pawui, frente a Mercovera, donde aún quedan dos pisos habitados por intrusos.
“Los vecinos no se lo podían creer”, manifestaba Pérez. El Pawui es, más que un bloque, una urbanización con jardines interiores y una piscina que los propietarios no podían disfrutar por culpa de la “mala convivencia” generada por los okupas. Porque la concejal desvelaba un “mayor porcentaje de conflictos” en las zonas con viviendas okupadas, hasta el punto de que “muchos vecinos del entorno han abandonado sus casas”.
Destacaba que la okupación es sinónimo de “inseguridad”. Sin embargo, no vinculó la usurpación de domicilios de manera directa con la inmigración. Aseguraba que, en el caso de Vera, entre los okupas “hay inmigrantes, veratenses y personas que han venido de otros municipios de la comarca”.
Carolina Pérez concluía que “la okupación no es ninguna solución”, y que ante casos de “necesidad”, la Administración cuenta con fórmulas “para que nadie acabe en la calle sin vulnerar el derecho a la propiedad”.
