El compromiso de Juanma Moreno recibe críticas de UGT Andalucía porque "vulnera Ley de Libertad Sindical de 1985"
ALMERÍA HOY / 07·05·2021
El Presidente de la Junta de Andalucía quiere escuchar a otros agentes sociales, además de a patronal, UGT y CCOO, en el diálogo social. El Gobierno andaluz prepara una nueva ley que permita abrir la puerta a la negociación social a más participantes. En la actualidad solo UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía participan en esta mesa. Pero Juanma Moreno se comprometió a ampliar esas voces en el debate sobre el estado de la comunidad, celebrado el pasado año en el Parlamento Andaluz. La Junta abre la puerta para que participen en estas negociaciones a CSIF y la organización de autónomos ATA. La nueva ley que de cobertura a esta propuesta del gobierno PP-C's quedó paralizada por la pandemia, pero en estos días se ha retomado para seguir avanzando hacia su aprobación.
La federación de UGT Andalucía ha mostrado su disconformidad con las intenciones del ejecutivo andaluz, y recuerda que la Ley de Libertad Sindical de 1985, de ámbito estatal, fija en un porcentaje del 15 por ciento la representatividad que tiene que tener un sindicato a nivel autonómico para acceder a los órganos donde se desarrolla y debate el diálogo social. En opinión de UGT, la nueva ley andaluza debería respetar este porcentaje. En Andalucía, solamente CCOO y UGT alcanzan esas cifras, y son quienes históricamente han ocupado ese papel negociador con la Junta de Andalucía. En contraposición a lo que indican los sindicatos mayoritarios, los independientes de CSIF reclaman que se contemple en la nueva ley bajar ese límite al 5 por ciento. El Gobierno de Moreno está escuchando de manera especial a los sindicatos, y quiere escuchar a más colectivos que tienen algo que decir en ese terreno, como -por ejempo- la organización ATA, muy activa en las reinvicaciones de los autónomos desde el inicio de la pandemia. La nueva ley está de camino y es inminente, acabará con el protagonismo que han venido concentrando las centrales sindicales de UGT y CCOO en Andalucía.
La federación de UGT Andalucía ha mostrado su disconformidad con las intenciones del ejecutivo andaluz, y recuerda que la Ley de Libertad Sindical de 1985, de ámbito estatal, fija en un porcentaje del 15 por ciento la representatividad que tiene que tener un sindicato a nivel autonómico para acceder a los órganos donde se desarrolla y debate el diálogo social. En opinión de UGT, la nueva ley andaluza debería respetar este porcentaje. En Andalucía, solamente CCOO y UGT alcanzan esas cifras, y son quienes históricamente han ocupado ese papel negociador con la Junta de Andalucía. En contraposición a lo que indican los sindicatos mayoritarios, los independientes de CSIF reclaman que se contemple en la nueva ley bajar ese límite al 5 por ciento. El Gobierno de Moreno está escuchando de manera especial a los sindicatos, y quiere escuchar a más colectivos que tienen algo que decir en ese terreno, como -por ejempo- la organización ATA, muy activa en las reinvicaciones de los autónomos desde el inicio de la pandemia. La nueva ley está de camino y es inminente, acabará con el protagonismo que han venido concentrando las centrales sindicales de UGT y CCOO en Andalucía.
