La iniciativa de instalar en los móviles de trabajo una aplicación para registrar el cumplimiento de la jornada laboral ha resultado fallida
 |
El vehículo de trabajo del coordinador adjunto Ignacio de la
Torre suele estar aparcado en las inmediaciones de su domicilio, algo
expresamente prohibido por una instrucción vigente de la Consejería. |
ALMERÍA HOY / 02·05·2021
No son Bond, aunque sí agentes de la autoridad, y los hechos muestran que, si quieren, gozan de ‘licencia para faltar’. Porque ya ha transcurrido año y medio desde que un miembro de la Unidad de Medio Ambiente que presta servicio en el Levante de la provincia denunciara el presunto absentismo de sus cinco compañeros -Francisco Arias, David Ortiz, José Ángel Rodríguez Fenoy, Rafael Campoy e Ignacio de la Torre, que es el coordinador comarcal-, pero ni la Consejería ni su Delegación en Almería han tomado medida alguna para controlar y registrar el cumplimiento de la jornada laboral de los forestales, tal y como exige el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, reformado en marzo 2019.
El apartado 9 de dicho artículo es claro. Establece la obligación por parte del empleador –en este caso la Junta de Andalucía- de efectuar un “registro diario” del horario de trabajo que debe incluir el “inicio y finalización” del mismo, y a conservarlo “durante cuatro años”.
Sin embargo, nadie controla debidamente si los forestales de toda la provincia van a trabajar, ni a qué horas comienzan y terminan su día de faena. De hecho, son los únicos empleados de la Delegación de Almería que no ‘fichan’, pues todos los demás compañeros que desempeñan tareas administrativas sí que lo hacen.
Las “especiales características” de su trabajo que para justificar la anómala situación adujo en su día la entonces delegada Aránzazu Martín, no hacen imposible un control eficiente de la jornada laboral de los agentes. Por establecer un paralelismo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han informado a esta redacción que el servicio de los miembros del Cuerpo es controlado “mediante geolocalizadores GPS instalados en los vehículos y el control de patrullas que realizan otros compañeros”. Es decir, si se quiere, se puede. Y, en el caso que nos ocupa, también se debe por imperativo legal.
La falta de control del horario de trabajo de los forestales de Almería –y todo apunta que también al conjunto de la región- ha llegado incluso hasta el Parlamento Andaluz. Adelante Andalucía registraba el 27 de enero una serie de preguntas interesándose por el resultado de la investigación del presunto absentismo en Medio Ambiente; por qué no registran los agentes el inicio y el término de su jornada laboral; por qué usan los vehículos oficiales para ir y volver del trabajo a sus domicilios; así como cuáles son las razones y quiénes los responsables de que no se haya resuelto aún una denuncia por absentismo en nuestra comarca presentada en septiembre de 2019.
La coordinadora provincial de IU –uno de los partidos que integran la plataforma de izquierdas- entiende que se trata de “recursos de todos los andaluces sobre cuya mala utilización existe una fundada sospecha que hay que disipar o corregir con urgencia”. Transcurridos tres meses, continúan sin recibir respuesta del Gobierno andaluz.
INTENTO FALLIDO
Un día después de que la plataforma de izquierdas interpelara al Ejecutivo de Moreno Bonilla, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible se propuso controlar a los agentes, aunque todo acabó en ‘gatillazo’. Al menos por el momento.
El encargado de informar de la nueva medida a sus compañeros fue el coordinador adjunto de los forestales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Lorenzo Carrascosa. La novedad iba a consistir en la implantación de un geolocalizador en los teléfonos de trabajo para “controlar” el comienzo y finalización de la jornada laboral de cada agente. Los elegidos para instalar en sus móviles las primeras aplicaciones el 1 de febrero fueron el coordinador adjunto en el Levante, Ignacio de la Torre –uno de los funcionarios denunciados por presunto absentismo- y Jesús García, el coordinador de Cabo de Gata, donde un forestal bajo su mando, que supuestamente no acudía regularmente al trabajo, denunció acoso laboral después de ser amonestado verbalmente por otro compañero.
Carrascosa –que, en su etapa de coordinador provincial, y consciente de que había personal que no cumplía con sus obligaciones, llegó a llamar “partes de la mentira” a los informes que le pasaban los agentes- admitía en su mensaje al resto de compañeros de la provincia que la nueva medida iba a “molestarles” porque “nunca” había existido un control sobre su jornada laboral. Además, revelaba que la decisión de la Delegación es “consecuencia” de la denuncia sobre la supuesta falta al trabajo de los cinco agentes del Levante.
Dos meses más tarde, el 29 de marzo, el departamento de Informática de la Delegación enviaba un mensaje a todos los agentes con instrucciones para descargar e instalar una aplicación en los teléfonos móviles de trabajo, en concreto, la conocida como ‘BIXPE Localizar Empleados’. Además, convocaba a los forestales a una reunión que debió celebrarse el 9 de abril para solventar dudas. Cada agente sería controlado por su coordinador y el coordinador provincial a todos. No obstante, ningún agente se descargó ni instaló la aplicación. Tampoco asistió nadie a la reunión.
‘ARTISTAS’
El rechazo general se justificó en que no se trataba de una orden transmitida por un superior, sino de un mensaje de un departamento técnico sin carácter de autoridad. Cabe preguntarse por qué no lo ordenó ningún responsable de la Delegación. Una segunda razón, aunque no menos relevante, es que la medida no había sido aprobada por la Mesa Sectorial, un organismo administrativo integrado por directivos y personal jurídico de la Consejería, así como representantes de los empleados públicos. El procedimiento estipula que esta instancia debe pronunciarse con carácter previo sobre la implantación de cualquier medida que pueda afectar a los empleados. No se entiende este argumento cuando existe una norma superior -el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores- que obliga a llevar este control.
En cualquier caso, diecinueve meses después de la denuncia sobre el presunto absentismo de cinco agentes del Levante, tres meses de la pregunta parlamentaria sobre el asunto por parte de Adelante Andalucía y veinticinco meses desde la modificación del Estatuto de los Trabajadores que introdujo la obligación del control y registro de la jornada laboral, la Junta de Andalucía continúa sin aplicarla a los forestales. Es cierto que la ley excluye de su cumplimiento a algunos grupos, como el personal de alta dirección, los penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales o los artistas en espectáculos públicos. ¿A cuál pertenecen los agentes de Medio Ambiente? ¿Tal vez al de ‘artistas’?
Sin embargo, nadie controla debidamente si los forestales de toda la provincia van a trabajar, ni a qué horas comienzan y terminan su día de faena. De hecho, son los únicos empleados de la Delegación de Almería que no ‘fichan’, pues todos los demás compañeros que desempeñan tareas administrativas sí que lo hacen.
Las “especiales características” de su trabajo que para justificar la anómala situación adujo en su día la entonces delegada Aránzazu Martín, no hacen imposible un control eficiente de la jornada laboral de los agentes. Por establecer un paralelismo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han informado a esta redacción que el servicio de los miembros del Cuerpo es controlado “mediante geolocalizadores GPS instalados en los vehículos y el control de patrullas que realizan otros compañeros”. Es decir, si se quiere, se puede. Y, en el caso que nos ocupa, también se debe por imperativo legal.
La falta de control del horario de trabajo de los forestales de Almería –y todo apunta que también al conjunto de la región- ha llegado incluso hasta el Parlamento Andaluz. Adelante Andalucía registraba el 27 de enero una serie de preguntas interesándose por el resultado de la investigación del presunto absentismo en Medio Ambiente; por qué no registran los agentes el inicio y el término de su jornada laboral; por qué usan los vehículos oficiales para ir y volver del trabajo a sus domicilios; así como cuáles son las razones y quiénes los responsables de que no se haya resuelto aún una denuncia por absentismo en nuestra comarca presentada en septiembre de 2019.
La coordinadora provincial de IU –uno de los partidos que integran la plataforma de izquierdas- entiende que se trata de “recursos de todos los andaluces sobre cuya mala utilización existe una fundada sospecha que hay que disipar o corregir con urgencia”. Transcurridos tres meses, continúan sin recibir respuesta del Gobierno andaluz.
INTENTO FALLIDO
Un día después de que la plataforma de izquierdas interpelara al Ejecutivo de Moreno Bonilla, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible se propuso controlar a los agentes, aunque todo acabó en ‘gatillazo’. Al menos por el momento.
El encargado de informar de la nueva medida a sus compañeros fue el coordinador adjunto de los forestales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Lorenzo Carrascosa. La novedad iba a consistir en la implantación de un geolocalizador en los teléfonos de trabajo para “controlar” el comienzo y finalización de la jornada laboral de cada agente. Los elegidos para instalar en sus móviles las primeras aplicaciones el 1 de febrero fueron el coordinador adjunto en el Levante, Ignacio de la Torre –uno de los funcionarios denunciados por presunto absentismo- y Jesús García, el coordinador de Cabo de Gata, donde un forestal bajo su mando, que supuestamente no acudía regularmente al trabajo, denunció acoso laboral después de ser amonestado verbalmente por otro compañero.
Carrascosa –que, en su etapa de coordinador provincial, y consciente de que había personal que no cumplía con sus obligaciones, llegó a llamar “partes de la mentira” a los informes que le pasaban los agentes- admitía en su mensaje al resto de compañeros de la provincia que la nueva medida iba a “molestarles” porque “nunca” había existido un control sobre su jornada laboral. Además, revelaba que la decisión de la Delegación es “consecuencia” de la denuncia sobre la supuesta falta al trabajo de los cinco agentes del Levante.
Dos meses más tarde, el 29 de marzo, el departamento de Informática de la Delegación enviaba un mensaje a todos los agentes con instrucciones para descargar e instalar una aplicación en los teléfonos móviles de trabajo, en concreto, la conocida como ‘BIXPE Localizar Empleados’. Además, convocaba a los forestales a una reunión que debió celebrarse el 9 de abril para solventar dudas. Cada agente sería controlado por su coordinador y el coordinador provincial a todos. No obstante, ningún agente se descargó ni instaló la aplicación. Tampoco asistió nadie a la reunión.
‘ARTISTAS’
El rechazo general se justificó en que no se trataba de una orden transmitida por un superior, sino de un mensaje de un departamento técnico sin carácter de autoridad. Cabe preguntarse por qué no lo ordenó ningún responsable de la Delegación. Una segunda razón, aunque no menos relevante, es que la medida no había sido aprobada por la Mesa Sectorial, un organismo administrativo integrado por directivos y personal jurídico de la Consejería, así como representantes de los empleados públicos. El procedimiento estipula que esta instancia debe pronunciarse con carácter previo sobre la implantación de cualquier medida que pueda afectar a los empleados. No se entiende este argumento cuando existe una norma superior -el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores- que obliga a llevar este control.
En cualquier caso, diecinueve meses después de la denuncia sobre el presunto absentismo de cinco agentes del Levante, tres meses de la pregunta parlamentaria sobre el asunto por parte de Adelante Andalucía y veinticinco meses desde la modificación del Estatuto de los Trabajadores que introdujo la obligación del control y registro de la jornada laboral, la Junta de Andalucía continúa sin aplicarla a los forestales. Es cierto que la ley excluye de su cumplimiento a algunos grupos, como el personal de alta dirección, los penados en instituciones penitenciarias, deportistas profesionales o los artistas en espectáculos públicos. ¿A cuál pertenecen los agentes de Medio Ambiente? ¿Tal vez al de ‘artistas’?
