El PP va a presentar en los próximos plenos municipales una moción para instar al Gobierno a combatir eficazmente la okupación ilegal de viviendas que según los últimos datos publicados ha crecido un 58%
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| En la imagen, un edificio de Vera okupado ilegalmente en su totalidad. . |
ALMERÍA HOY / 02·11·2020
El diputado del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha recibido una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en la que el Ministerio de Interior reconoce que se han producido un total de 419 okupaciones ilegales en la provincia de Almería en el último año y medio, concretamente especifican que durante el año 2019 hubo 294 ocupaciones conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 125 en los primeros seis meses del año 2020.
Castellón afirma que de esta forma el Gobierno de Sánchez da la razón al Partido Popular que lleva tiempo denunciando un “grave problema” que ha ido en aumento en los últimos años y que supone un importante perjuicio para personas trabajadoras que con sus ahorros han adquirido una vivienda que posteriormente ha sido ocupada.
Por ello, el PP va a presentar en los próximos plenos municipales que se celebren en los Ayuntamientos de la provincia una moción para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que de manera urgente se apruebe una Ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada, así como que combata eficazmente la okupación ilegal de viviendas que según los últimos datos publicados ha crecido un 58% en nuestro país en los últimos cinco años, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.
El diputado nacional explica que la okupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlas de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad, o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
Miguel Ángel Castellón destaca que el Partido Popular apuesta por reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién okupa sin título y sin tolerancia del primero. Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la okupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.
Miguel Ángel Castellón explica que esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas okupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Finalmente, el diputado del PP recuerda a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la okupación es un problema de las clases medias, trabajadoras y humildes que lo único que pretenden es que se les garantice su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda con la garantía de que no se la van a ocupar.
“Nuestro Plan Antiokupación demuestra que el PP está al lado de los españoles y que nos preocupan los problemas reales de la gente mientras el Gobierno mira hacia otro lado y no garantiza el derecho de los propietarios a disfrutar de sus bienes”, concluye.
Castellón afirma que de esta forma el Gobierno de Sánchez da la razón al Partido Popular que lleva tiempo denunciando un “grave problema” que ha ido en aumento en los últimos años y que supone un importante perjuicio para personas trabajadoras que con sus ahorros han adquirido una vivienda que posteriormente ha sido ocupada.
Por ello, el PP va a presentar en los próximos plenos municipales que se celebren en los Ayuntamientos de la provincia una moción para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que de manera urgente se apruebe una Ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada, así como que combata eficazmente la okupación ilegal de viviendas que según los últimos datos publicados ha crecido un 58% en nuestro país en los últimos cinco años, pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.
El diputado nacional explica que la okupación ilegal es un problema creciente en nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlas de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad, o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
Miguel Ángel Castellón destaca que el Partido Popular apuesta por reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble, frente a quién okupa sin título y sin tolerancia del primero. Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la okupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o poseedor real”.
Miguel Ángel Castellón explica que esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas okupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.
Finalmente, el diputado del PP recuerda a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la okupación es un problema de las clases medias, trabajadoras y humildes que lo único que pretenden es que se les garantice su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda con la garantía de que no se la van a ocupar.
“Nuestro Plan Antiokupación demuestra que el PP está al lado de los españoles y que nos preocupan los problemas reales de la gente mientras el Gobierno mira hacia otro lado y no garantiza el derecho de los propietarios a disfrutar de sus bienes”, concluye.
