El juez Fernando Presencia conoció un caso de soborno en el Juzgado en que ejercía y lo denunció. Sin embargo, en lugar de investigar los hechos, le echaron de la carrera y sentenciaron a prisión
ALMERÍA HOY / 28·11·2020
El juez Fernando Presencia conoció un caso de soborno en el Juzgado en que ejercía y lo denunció. Sin embargo, en lugar de investigar los hechos, le echaron de la carrera y sentenciaron a prisión. Después, la Justicia ha dado por probado el delito que reveló. Es otro ejemplo de cómo, cuando alguien señala la corrupción en este país puede acabar mal parado. Desde su Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), el exjuez Presencia lucha para cambiar una situación que considera “absurda”.
- ¿Cómo podemos entender que la Justicia, en casos de corrupción, acabe condenando por revelación de secretos al denunciante antes que al delincuente? Es como si en un Consejo de Ministros ocurre un asesinato y nadie pueda delatar al autor del crimen porque las deliberaciones del Gobierno son secretas.
- El gran problema es que se parte de una contradicción del propio sistema, que resulta insalvable si no se aplica la Directiva de la Unión Europa, que precisamente protege a los denunciantes de delitos de corrupción. Estoy totalmente de acuerdo con su ejemplo del asesinato en el Consejo de Ministros, porque la ley prohíbe que se revele lo que se debate en ese órgano. Sin embargo, un asesinato no forma parte de esas deliberaciones. Otra cosa es que alguien defienda que sí lo es y, con independencia de que se castigue o no el hecho delictivo, se sancione a quien ha revelado el asunto presuntamente secreto.
- Pero eso sería, en todo caso, una perversión legal que habría que cambiar.
- Efectivamente. Es una maldad intrínseca del sistema porque existe una contradicción. Hay que tener en cuenta que los denunciantes de corrupción estamos maltratados en el Derecho Penal y en la Ley Procesal porque hasta ahora se ha considerado que el único titular del derecho fundamental a la presunción de inocencia la tiene el sospechoso de corrupción, pero nunca, por muy absurdo que parezca, quien ha alertado el delito. Inmediatamente después despliega su eficacia el artículo 215 del Código Penal y el Ministerio Fiscal se ve obligado a presentar querella por calumnias contra el denunciante que, desde ese momento, pasa a tener la obligación de probar la veracidad de su acusación para quedar exento de pena.
- ¿Eso dice el Código Penal?
- Y lo confirma la jurisprudencia. Hay una sentencia de 2001 del Tribunal Supremo, avalada por el Constitucional, que reza que en caso de que el acusado por calumnias no consiga demostrar la verdad de sus imputaciones, se considerará reo de ese delito y se reputarán falsas sus acusaciones. Eso coloca a los denunciantes de corrupción en una situación absurda sin salida.
- Entonces, ¿qué objeto tiene la lucha de personas como usted?
- La esperanza en la Directiva de Protección de Denunciantes de Corrupción publicada en diciembre de 2019 en el Boletín de la Unión Europea, que debe aplicarse en España como muy tarde antes del final del próximo año. Viene a decir que los denunciantes de corrupción gozamos del derecho de libertad de expresión y a la libertad de información, de tal manera que, a partir de entonces, los alertadores de este tipo de fechorías gozaremos de los mismos derechos fundamentales que los denunciados. - Si le he entendido bien, en lugar de ayudar a destapar la corrupción, la ley disuade al que se le ocurra hacerlo.
- En este momento, denunciar un delito es una obligación, pero si de esa denuncia resulta una imputación a un funcionario o a una autoridad por hechos relacionados con el ejercicio de su función, el fiscal se querellará contra el denunciante y tendrá que defenderse en el marco de una querella penal como acusado.
- ¿Y se ve obligado a demostrar que ha ocurrido el delito denunciado?
- Efectivamente. Ha de probar que son ciertos los hechos denunciados. Hasta ese punto llega el absurdo.
- ¿El procedimiento es el mismo en el caso de las denuncias de hechos públicos y notorios?
- Con la ley en la mano, si a un ciudadano se le ocurre hacerse eco en las redes sociales de un hecho de corrupción que está siendo aireado en la prensa, la Fiscalía tiene la obligación de querellarse contra él por calumnias. Y esta persona va a tenerlo muy mal para demostrar esas imputaciones, porque la noticia de los hechos no es suya.
- ¿Desde cuándo está vigente esa ley?
- Desde 1995. Se incluyó en el Código Penal de la democracia.
- Es decir, un blindaje más de las personas que nos dirigen.
- Es el Código Penal de Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior con Felipe González, confirmado con sentencias firmes de los tribunales Supremo y Constitucional, porque la ley no dice cuáles son las consecuencias de no probar, sin embargo, los fallos de ambas instancias dictaminan que el resultado es una condena por delito de calumnias. Esto deja el asunto al arbitrio del fiscal de turno y de las simpatías que tenga sobre el presunto corrupto.
- Y no faltará un político que justifique este blindaje como una necesidad de protección de su tarea de gobierno frente a las denuncias de cualquiera que pretenda entorpecer su labor.
- Pero la Directiva europea advierte al fiscal que no puede actuar contra el denunciante de corrupción porque ha ejercido el derecho fundamental a la libertad de expresión, y le indica que su obligación es investigar las acusaciones. Es decir, Europa deroga los artículos del Código Penal que blindan a los corruptos contra quienes destapan sus delitos.
- De esa manera, Roberto Macías, el denunciante del fraude de las facturas falsas de UGT en Andalucía, no habría sido condenado.
- Ése es un caso paradigmático. Este señor copió los archivos que probaban la comisión de un delito, pero nunca pueden ser clasificadas como secretas estas pruebas porque también existe la obligación de denunciar. Macías volcó esa información en un ordenador de su casa y, por temor a represalias, no acudió a la Policía sino a los medios de comunicación. Cuando fue identificado, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla solicitó al juez de guardia una orden de registro del domicilio de Macías, al que convirtió en investigado por un delito de revelación de secreto al destapar unos hechos que estaba obligado a denunciar.
- Sin embargo, tanto el fiscal como el juez que firma la orden de registro cumplieron con su obligación. - Exactamente, pero cometieron un exceso de celo al considerar como secreto algo que no lo era por tratarse de un delito que debía ser denunciado. Si, siguiendo con su ejemplo, el ministro Illa denuncia que el presidente Sánchez ha asestado una puñalada a la titular de Defensa durante un Consejo de Ministros, existiría un conflicto de leyes entre la obligación de guardar secreto sobre lo que ocurre en las deliberaciones del Gobierno y la de denunciar un delito. Ese conflicto nunca se debe solucionar castigando al que denuncia.
- La verdad es que a uno se le cae el alma al suelo cuando conoce que acaban siendo condenados quienes destapan casos de corrupción que se demuestran ciertos.
- Y es preciso señalar que ese blindaje del que estamos hablando sólo asiste a autoridades o funcionarios públicos. Este es el sistema que tenemos ahora y que evidencia la necesidad de aplicar ya la Directiva Europea de Defensa del Denunciante. Por eso mi asociación ha denunciado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
- ¿Por qué?
- Porque lleva un año sin aplicar la Directiva. Aún no ha sugerido a la Fiscalía que gire una circular a los fiscales para que dejen sin efecto todas las acusaciones que siguen hoy en marcha contra denunciantes de corrupción a pesar de que esa norma europea establece que se trata de derechos fundamentales. Cuando Roberto Macías acude a los medios de comunicación estaba ejerciendo un derecho fundamental.
- Quizá un derecho no reconocido porque denunció antes de que fuera aprobada esa Directiva.
- Es cierto, pero el Tribunal Supremo ya ha dictaminado que ha de aplicarse con carácter retroactivo en la única sentencia en que ha tenido en cuenta la Directiva. Fue en el caso de una denuncia cursada en 2012. Es muy importante, porque significa que la obligación de la ley es proteger a los denunciantes de casos de corrupción.
- Y usted es uno de esos denunciantes de casos de corrupción.
- Represaliado por ello.
- ¿Puede contar su caso?
- Yo era el juez decano del partido judicial de Talavera de la Reina. Varios abogados me informaron sobre una serie de hechos públicos y notorios presuntamente delictivos. Al parecer, varios fiscales, entre ellos el decano, así como algunos jueces se estaban dejando sobornar. Sin embargo, todos los que me pusieron al día de esos supuestos delitos querían reservar su identidad por temor a represalias. Estaban dispuestos a colaborar, pero siempre que se preservara su anonimato. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico sólo permite denuncias anónimas ante la Fiscalía. Como yo no podía cursar esas demandas de manera anónima y empezaba a ser acosado con riesgo incluso para mi vida y la de mi familia, decidí poner la denuncia en mi propio nombre. Insisto en que se trataba de hechos muy notorios y estos abogados me aportan las pruebas. Para evitar que la Fiscalía de Talavera desactivara la denuncia, la dirigí directamente a Anticorrupción.
- ¿Y…?
- A falta de una, me puso tres querellas, fui detenido otras tantas veces y me incoaron veinte expedientes disciplinarios. La justificación de todo ese calvario era que un juez no tenía por qué denunciar a los compañeros. De ahí los 20 expedientes que me abrieron mientras el fiscal fabricaba querellas como churros.
- ¿Se pudieron demostrar los hechos que usted denunció?
- El tema de los sobornos no se investigó. Ahora me piden ocho años de prisión por denunciar que el fiscal decano recibió como soborno el chalet piloto de un pelotazo urbanístico edificado en una zona en la que no se podía construir porque formaba parte del dominio público hidráulico de un río, y la Justicia ha reconocido los hechos como ciertos.
- ¿A cuánto le han condenado hasta ahora?
- A 34 meses de cárcel y veinte años de inhabilitación por prevaricación. Es la condena más dura contra un juez en toda la Historia de la democracia. Mucho más que las de Baltasar Garzón o a Elpidio Silva. Además, he sufrido tres detenciones. Ahora van a por más penas de prisión.
- ¿Usted es inocente?
- Eso es lo que defiendo. Y ellos lo saben.
- ¿Y le han jodido la vida por denunciar unos casos notorios de corrupción?
- Exactamente. Todas las querellas que me interponen son por calumnias. Me dicen que no tenía que haber denunciado por no ser testigo presencial de los hechos. A partir de ahí, se niega la prueba.
- Luego usted denunció unos hechos con sólidos indicios de delito.
- Denuncié algo que era verdad. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto el 3 de noviembre señalando que debe derribarse el chalet del fiscal decano de Talavera por estar construido en dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es decir, da por probados los hechos que yo revelé en una denuncia por la que he sido condenado.
- ¿Y ahora qué piensa hacer?
- Lo normal: Recurrir todos los procedimientos que hay contra mí y aquellos por los que he sido condenado. Y, por supuesto, querellarme contra todos los que han vulnerado mis derechos.
- ¿No ha encontrado a ningún hombre justo en su periplo como investigado por los juzgados?
- Me ha pasado exactamente igual que a Roberto Macías. El colmo de lo que pasó a Roberto es que los hechos que él denunció están siendo investigados, pero UGT pide la nulidad de las pruebas porque ha sido condenado precisamente por aportarlas. Al final se beneficia al malo de la película, o sea, al presunto corrupto.
- ¿Algún partido ha propuesto modificar la ley para acabar con la indefensión de la persona que denuncia un delito cometido por la autoridad?
- Ni yo me he puesto en contacto con ellos ni ellos conmigo, pero hay dos partidos que se han interesado por este asunto. Ciudadanos ha presentado una propuesta para trasponer la directiva europea. Ha sido rechazada. También lo ha hecho Vox, que se lo puede permitir porque no tiene ningún pasado de corrupción. A la clase política no le interesa nada porque saben que les traerá problemas. En cualquier caso, tampoco crea que somos muchos los que denunciamos hechos de corrupción. La mayoría los ve y calla.
- Es que da de comer a mucha gente y a algunos los hace muy ricos.
- Pero yo animo a la gente a que denuncie. El pasado 22 de octubre he tenido un juicio en el que me piden ocho años de prisión y me solicitan una fianza de un millón de euros, que muy sospechosamente coincide con el valor del chalet de este fiscal corrupto. Al final le tirarán el chalet porque es ilegal y pesa una orden de derribo desde hace más de diez años, pero se comprará otro con mi dinero.
- Resulta realmente aberrante.
- No obstante, toda esta situación va a acabar muy pronto. La Unión Europea quiere recuperar el dinero que se pierde por la corrupción y todos los países miembros están por la labor. Bueno, todos menos España. No tiene explicación que ni la fiscal general del Estado ni el de Anticorrupción hagan nada en ese sentido.
- ¿Cómo podemos entender que la Justicia, en casos de corrupción, acabe condenando por revelación de secretos al denunciante antes que al delincuente? Es como si en un Consejo de Ministros ocurre un asesinato y nadie pueda delatar al autor del crimen porque las deliberaciones del Gobierno son secretas.
- El gran problema es que se parte de una contradicción del propio sistema, que resulta insalvable si no se aplica la Directiva de la Unión Europa, que precisamente protege a los denunciantes de delitos de corrupción. Estoy totalmente de acuerdo con su ejemplo del asesinato en el Consejo de Ministros, porque la ley prohíbe que se revele lo que se debate en ese órgano. Sin embargo, un asesinato no forma parte de esas deliberaciones. Otra cosa es que alguien defienda que sí lo es y, con independencia de que se castigue o no el hecho delictivo, se sancione a quien ha revelado el asunto presuntamente secreto.
- Pero eso sería, en todo caso, una perversión legal que habría que cambiar.
- Efectivamente. Es una maldad intrínseca del sistema porque existe una contradicción. Hay que tener en cuenta que los denunciantes de corrupción estamos maltratados en el Derecho Penal y en la Ley Procesal porque hasta ahora se ha considerado que el único titular del derecho fundamental a la presunción de inocencia la tiene el sospechoso de corrupción, pero nunca, por muy absurdo que parezca, quien ha alertado el delito. Inmediatamente después despliega su eficacia el artículo 215 del Código Penal y el Ministerio Fiscal se ve obligado a presentar querella por calumnias contra el denunciante que, desde ese momento, pasa a tener la obligación de probar la veracidad de su acusación para quedar exento de pena.
- ¿Eso dice el Código Penal?
- Y lo confirma la jurisprudencia. Hay una sentencia de 2001 del Tribunal Supremo, avalada por el Constitucional, que reza que en caso de que el acusado por calumnias no consiga demostrar la verdad de sus imputaciones, se considerará reo de ese delito y se reputarán falsas sus acusaciones. Eso coloca a los denunciantes de corrupción en una situación absurda sin salida.
- Entonces, ¿qué objeto tiene la lucha de personas como usted?
- La esperanza en la Directiva de Protección de Denunciantes de Corrupción publicada en diciembre de 2019 en el Boletín de la Unión Europea, que debe aplicarse en España como muy tarde antes del final del próximo año. Viene a decir que los denunciantes de corrupción gozamos del derecho de libertad de expresión y a la libertad de información, de tal manera que, a partir de entonces, los alertadores de este tipo de fechorías gozaremos de los mismos derechos fundamentales que los denunciados. - Si le he entendido bien, en lugar de ayudar a destapar la corrupción, la ley disuade al que se le ocurra hacerlo.
- En este momento, denunciar un delito es una obligación, pero si de esa denuncia resulta una imputación a un funcionario o a una autoridad por hechos relacionados con el ejercicio de su función, el fiscal se querellará contra el denunciante y tendrá que defenderse en el marco de una querella penal como acusado.
- ¿Y se ve obligado a demostrar que ha ocurrido el delito denunciado?
- Efectivamente. Ha de probar que son ciertos los hechos denunciados. Hasta ese punto llega el absurdo.
- ¿El procedimiento es el mismo en el caso de las denuncias de hechos públicos y notorios?
- Con la ley en la mano, si a un ciudadano se le ocurre hacerse eco en las redes sociales de un hecho de corrupción que está siendo aireado en la prensa, la Fiscalía tiene la obligación de querellarse contra él por calumnias. Y esta persona va a tenerlo muy mal para demostrar esas imputaciones, porque la noticia de los hechos no es suya.
- ¿Desde cuándo está vigente esa ley?
- Desde 1995. Se incluyó en el Código Penal de la democracia.
- Es decir, un blindaje más de las personas que nos dirigen.
- Es el Código Penal de Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior con Felipe González, confirmado con sentencias firmes de los tribunales Supremo y Constitucional, porque la ley no dice cuáles son las consecuencias de no probar, sin embargo, los fallos de ambas instancias dictaminan que el resultado es una condena por delito de calumnias. Esto deja el asunto al arbitrio del fiscal de turno y de las simpatías que tenga sobre el presunto corrupto.
- Y no faltará un político que justifique este blindaje como una necesidad de protección de su tarea de gobierno frente a las denuncias de cualquiera que pretenda entorpecer su labor.
- Pero la Directiva europea advierte al fiscal que no puede actuar contra el denunciante de corrupción porque ha ejercido el derecho fundamental a la libertad de expresión, y le indica que su obligación es investigar las acusaciones. Es decir, Europa deroga los artículos del Código Penal que blindan a los corruptos contra quienes destapan sus delitos.
- De esa manera, Roberto Macías, el denunciante del fraude de las facturas falsas de UGT en Andalucía, no habría sido condenado.
- Ése es un caso paradigmático. Este señor copió los archivos que probaban la comisión de un delito, pero nunca pueden ser clasificadas como secretas estas pruebas porque también existe la obligación de denunciar. Macías volcó esa información en un ordenador de su casa y, por temor a represalias, no acudió a la Policía sino a los medios de comunicación. Cuando fue identificado, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla solicitó al juez de guardia una orden de registro del domicilio de Macías, al que convirtió en investigado por un delito de revelación de secreto al destapar unos hechos que estaba obligado a denunciar.
- Sin embargo, tanto el fiscal como el juez que firma la orden de registro cumplieron con su obligación. - Exactamente, pero cometieron un exceso de celo al considerar como secreto algo que no lo era por tratarse de un delito que debía ser denunciado. Si, siguiendo con su ejemplo, el ministro Illa denuncia que el presidente Sánchez ha asestado una puñalada a la titular de Defensa durante un Consejo de Ministros, existiría un conflicto de leyes entre la obligación de guardar secreto sobre lo que ocurre en las deliberaciones del Gobierno y la de denunciar un delito. Ese conflicto nunca se debe solucionar castigando al que denuncia.
- La verdad es que a uno se le cae el alma al suelo cuando conoce que acaban siendo condenados quienes destapan casos de corrupción que se demuestran ciertos.
- Y es preciso señalar que ese blindaje del que estamos hablando sólo asiste a autoridades o funcionarios públicos. Este es el sistema que tenemos ahora y que evidencia la necesidad de aplicar ya la Directiva Europea de Defensa del Denunciante. Por eso mi asociación ha denunciado al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
- ¿Por qué?
- Porque lleva un año sin aplicar la Directiva. Aún no ha sugerido a la Fiscalía que gire una circular a los fiscales para que dejen sin efecto todas las acusaciones que siguen hoy en marcha contra denunciantes de corrupción a pesar de que esa norma europea establece que se trata de derechos fundamentales. Cuando Roberto Macías acude a los medios de comunicación estaba ejerciendo un derecho fundamental.
- Quizá un derecho no reconocido porque denunció antes de que fuera aprobada esa Directiva.
- Es cierto, pero el Tribunal Supremo ya ha dictaminado que ha de aplicarse con carácter retroactivo en la única sentencia en que ha tenido en cuenta la Directiva. Fue en el caso de una denuncia cursada en 2012. Es muy importante, porque significa que la obligación de la ley es proteger a los denunciantes de casos de corrupción.
- Y usted es uno de esos denunciantes de casos de corrupción.
- Represaliado por ello.
- ¿Puede contar su caso?
- Yo era el juez decano del partido judicial de Talavera de la Reina. Varios abogados me informaron sobre una serie de hechos públicos y notorios presuntamente delictivos. Al parecer, varios fiscales, entre ellos el decano, así como algunos jueces se estaban dejando sobornar. Sin embargo, todos los que me pusieron al día de esos supuestos delitos querían reservar su identidad por temor a represalias. Estaban dispuestos a colaborar, pero siempre que se preservara su anonimato. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico sólo permite denuncias anónimas ante la Fiscalía. Como yo no podía cursar esas demandas de manera anónima y empezaba a ser acosado con riesgo incluso para mi vida y la de mi familia, decidí poner la denuncia en mi propio nombre. Insisto en que se trataba de hechos muy notorios y estos abogados me aportan las pruebas. Para evitar que la Fiscalía de Talavera desactivara la denuncia, la dirigí directamente a Anticorrupción.
- ¿Y…?
- A falta de una, me puso tres querellas, fui detenido otras tantas veces y me incoaron veinte expedientes disciplinarios. La justificación de todo ese calvario era que un juez no tenía por qué denunciar a los compañeros. De ahí los 20 expedientes que me abrieron mientras el fiscal fabricaba querellas como churros.
- ¿Se pudieron demostrar los hechos que usted denunció?
- El tema de los sobornos no se investigó. Ahora me piden ocho años de prisión por denunciar que el fiscal decano recibió como soborno el chalet piloto de un pelotazo urbanístico edificado en una zona en la que no se podía construir porque formaba parte del dominio público hidráulico de un río, y la Justicia ha reconocido los hechos como ciertos.
- ¿A cuánto le han condenado hasta ahora?
- A 34 meses de cárcel y veinte años de inhabilitación por prevaricación. Es la condena más dura contra un juez en toda la Historia de la democracia. Mucho más que las de Baltasar Garzón o a Elpidio Silva. Además, he sufrido tres detenciones. Ahora van a por más penas de prisión.
- ¿Usted es inocente?
- Eso es lo que defiendo. Y ellos lo saben.
- ¿Y le han jodido la vida por denunciar unos casos notorios de corrupción?
- Exactamente. Todas las querellas que me interponen son por calumnias. Me dicen que no tenía que haber denunciado por no ser testigo presencial de los hechos. A partir de ahí, se niega la prueba.
- Luego usted denunció unos hechos con sólidos indicios de delito.
- Denuncié algo que era verdad. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto el 3 de noviembre señalando que debe derribarse el chalet del fiscal decano de Talavera por estar construido en dominio público de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es decir, da por probados los hechos que yo revelé en una denuncia por la que he sido condenado.
- ¿Y ahora qué piensa hacer?
- Lo normal: Recurrir todos los procedimientos que hay contra mí y aquellos por los que he sido condenado. Y, por supuesto, querellarme contra todos los que han vulnerado mis derechos.
- ¿No ha encontrado a ningún hombre justo en su periplo como investigado por los juzgados?
- Me ha pasado exactamente igual que a Roberto Macías. El colmo de lo que pasó a Roberto es que los hechos que él denunció están siendo investigados, pero UGT pide la nulidad de las pruebas porque ha sido condenado precisamente por aportarlas. Al final se beneficia al malo de la película, o sea, al presunto corrupto.
- ¿Algún partido ha propuesto modificar la ley para acabar con la indefensión de la persona que denuncia un delito cometido por la autoridad?
- Ni yo me he puesto en contacto con ellos ni ellos conmigo, pero hay dos partidos que se han interesado por este asunto. Ciudadanos ha presentado una propuesta para trasponer la directiva europea. Ha sido rechazada. También lo ha hecho Vox, que se lo puede permitir porque no tiene ningún pasado de corrupción. A la clase política no le interesa nada porque saben que les traerá problemas. En cualquier caso, tampoco crea que somos muchos los que denunciamos hechos de corrupción. La mayoría los ve y calla.
- Es que da de comer a mucha gente y a algunos los hace muy ricos.
- Pero yo animo a la gente a que denuncie. El pasado 22 de octubre he tenido un juicio en el que me piden ocho años de prisión y me solicitan una fianza de un millón de euros, que muy sospechosamente coincide con el valor del chalet de este fiscal corrupto. Al final le tirarán el chalet porque es ilegal y pesa una orden de derribo desde hace más de diez años, pero se comprará otro con mi dinero.
- Resulta realmente aberrante.
- No obstante, toda esta situación va a acabar muy pronto. La Unión Europea quiere recuperar el dinero que se pierde por la corrupción y todos los países miembros están por la labor. Bueno, todos menos España. No tiene explicación que ni la fiscal general del Estado ni el de Anticorrupción hagan nada en ese sentido.
