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ADOLFO PÉREZ*
Suele suceder que empresarios en tiempo de bonanza se dan a todos los lujos que le son posibles dada la buena economía que tanto les sonríe. Pero también acostumbra ocurrir que llegada una crisis todo se viene abajo. Lo lógico entonces sería analizar la situación, ponerse a trabajar, dejarse de lujos y acomodarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, no es el primero ni será el último que tan bien vive que no se resigna a perder su tren de vida y acude al crédito bancario, a pagar capital e intereses, y como no puede hacer frente a la deuda acude a la venta de su patrimonio hasta quedarse sin nada, y es cuando vienen los lamentos. Tiene entonces que apretarse el cinturón, le guste o no, porque nadie vendrá a darle lo que no supo cuidar cuando le sonreía el buen tiempo.
Y algo parecido es lo que sucede en el Ayuntamiento de Garrucha, gobernado por los socialistas entre 1999 y 2007, siendo alcalde Andrés Segura Soler, de cuyo equipo de Gobierno formó parte la actual alcaldesa, María López. Aquel Ejecutivo municipal coincidió con la burbuja urbanística, el boom de la construcción de los años 2000 a 2005, tiempo en que por las licencias de obras el Ayuntamiento ingresó dinero a raudales a base del tres por ciento del importe de cada proyecto de ejecución. Tanto dinero les cegó y es posible que pensaran que tanta bonanza económica se prolongaría mucho más de lo que duró.
Con tanto dinero como se ingresaba comenzaron los gastos sin control: seis buenos sueldos para alcalde y concejales, aumento importante de la plantilla de empleados municipales y un auténtico despilfarro en gastos de bienes corrientes y otros. Tales gastos están documentados.
Y llegó 2005, y fue cuando se pinchó la burbuja urbanística, y con ella se acabó la construcción, y con su final se terminaron las licencias municipales, y con ellas el dinero del tres por ciento. ¿Y qué pasó? Pues pasó que el Ayuntamiento sólo ingresaba el dinero que le es propio. Dinero que ni de lejos alcanzaba para pagar las obligaciones permanentes contraídas, tampoco rebajaron la cuantía de los gastos casi todos de bienes corrientes, razón por la que empezaron a acumular deudas y facturas sin pagar. Tan malas eran las finanzas del Ayuntamiento que el alcalde Andrés Segura se negó en marzo de 2007 a firmar la cuenta general de 2006, y tres meses después, perdidas las elecciones, tampoco quiso firmar el acta de arqueo bancario para la nueva Corporación. Al tomar posesión el nuevo equipo del Partido Popular el 16 de junio de 2007 el interventor presentó un informe en el que decía que la deuda del Ayuntamiento ascendía a 12.709.684,49 euros y añadía: “La situación de falta de liquidez compromete el funcionamiento normal del Ayuntamiento e impide el pago normal de obligaciones debidamente contraídas” (es cita textual). Son datos que ratificó la auditoría encargada por los populares y que el nuevo alcalde demostró su certeza cuando en un pleno sacó las facturas que se debían sin que ninguna entidad reclamara al respecto.
Así es que la crisis económica que arrastra el Ayuntamiento tiene su origen en aquellos años, con una deuda que según parece asciende a cerca de siete millones y medio de euros, de los que tres millones ochocientos mil se le deben a proveedores por bienes corrientes y el resto a los bancos. Unos suministradores que están aguantando con mucha dificultad debido a la penuria económica que ahora se cierne sobre ellos como es fácil de imaginar. De la gestión económica de los trece años siguientes hasta la deuda actual nada puedo decir porque la desconozco por completo.
En unas recientes declaraciones la alcaldesa ha dicho que el Ayuntamiento no puede hacer frente a sus obligaciones lo que significa que el importe de las mismas supera ampliamente los ingresos normales del Ayuntamiento. Y que para hacer frente al pago a proveedores, desde hace cuatro años la regidora está intentando, sin haberlo conseguido, salirse de Galasa y venderle el servicio del agua a una empresa privada durante 25 años por el precio de unos tres millones y medio de euros. Es curioso ver a una socialista vender un servicio público a una empresa privada con fines de lucro, lucro y coste que tenemos que pagar nosotros.
Pero como el asunto está más que enredado, con los tribunales de justicia en el horizonte, la alcaldesa pretende que sea el Ayuntamiento el que gestione el servicio público del agua aplicándole al recibo un canon a fin de recaudar el dinero de la deuda a los proveedores, canon de muy dudosa legalidad. La cuestión es que de un modo u otro seamos nosotros los que paguemos los despilfarros de los gobernantes municipales.
Y como Galasa en sus treinta años viene prestando un buen servicio como es público y notorio, en los cuatro años que lleva la alcaldesa intentando salirse se ha valido de unos ataques injustos e inmisericordes contra la empresa del agua, una auténtica deslealtad, lo que nadie hace de los municipios fundadores, que se benefician de su buen servicio, siendo Vera el único que se ha salido, pues los once restantes continúan dentro. También sobre Galasa, la semana pasada dijo la alcaldesa: “la necesidad de dar a los vecinos un servicio acorde con el precio que pagan.” Y uno se pregunta: ¿Qué quiso decir con 'acorde' al precio que pagamos? ¿Acaso no llevamos treinta años con un buen servicio de suministro de agua en nuestros domicilios? ¿Acaso el Ayuntamiento o una empresa darían mejor suministro o bajarían el precio? ¿A que no sería así?
Pero de los furibundos ataques, la Diputación provincial, accionista mayoritario de Galasa, tampoco se libra de las iras de la alcaldesa, organismo que en ningún momento le ha hecho una mala faena a Garrucha, muy al contrario. En los cuarenta y un años de democracia en los ayuntamientos, Garrucha sólo ha recibido bienes de la Diputación, lo mismo conmigo que con los siguientes alcaldes, incluida ella, igual con corporaciones provinciales de gobiernos socialistas o populares. Nunca la Diputación ha mirado el color político de nadie. Esa y no otra es la verdad.
Ya se ha dicho que la venta de bienes patrimoniales no soluciona el problema de fondo porque si no se ingresa dinero suficiente para el pago de las obligaciones municipales, la deuda aparecerá más pronto que tarde y no es cuestión de ir arruinándose poco a poco. Así pues la solución radica en equilibrar ingresos y gastos, pero antes es necesario aplicar a las cuentas del Ayuntamiento un riguroso plan de ajuste sin concesiones ni contemplaciones. Coger cada capítulo del presupuesto y aplicarle las tijeras de podar, o sea, apretarse el cinturón durante unos años; ese es el camino y no hay otro, si no se hace así el porvenir entonces será muy oscuro porque nadie va a venir con dinero a solucionar el problema. El buen gobernante debe saber dónde podar y tener arrestos para llevar a cabo el plan de ajuste, si no se hace así los números rojos serán los dueños del Ayuntamiento, lo que es muy malo para el municipio. La alcaldesa sabrá, el tiempo lo dirá.
*Adolfo Pérez fue alcalde de Garrucha entre los años 1979 y 1999.
Y algo parecido es lo que sucede en el Ayuntamiento de Garrucha, gobernado por los socialistas entre 1999 y 2007, siendo alcalde Andrés Segura Soler, de cuyo equipo de Gobierno formó parte la actual alcaldesa, María López. Aquel Ejecutivo municipal coincidió con la burbuja urbanística, el boom de la construcción de los años 2000 a 2005, tiempo en que por las licencias de obras el Ayuntamiento ingresó dinero a raudales a base del tres por ciento del importe de cada proyecto de ejecución. Tanto dinero les cegó y es posible que pensaran que tanta bonanza económica se prolongaría mucho más de lo que duró.
Con tanto dinero como se ingresaba comenzaron los gastos sin control: seis buenos sueldos para alcalde y concejales, aumento importante de la plantilla de empleados municipales y un auténtico despilfarro en gastos de bienes corrientes y otros. Tales gastos están documentados.
Y llegó 2005, y fue cuando se pinchó la burbuja urbanística, y con ella se acabó la construcción, y con su final se terminaron las licencias municipales, y con ellas el dinero del tres por ciento. ¿Y qué pasó? Pues pasó que el Ayuntamiento sólo ingresaba el dinero que le es propio. Dinero que ni de lejos alcanzaba para pagar las obligaciones permanentes contraídas, tampoco rebajaron la cuantía de los gastos casi todos de bienes corrientes, razón por la que empezaron a acumular deudas y facturas sin pagar. Tan malas eran las finanzas del Ayuntamiento que el alcalde Andrés Segura se negó en marzo de 2007 a firmar la cuenta general de 2006, y tres meses después, perdidas las elecciones, tampoco quiso firmar el acta de arqueo bancario para la nueva Corporación. Al tomar posesión el nuevo equipo del Partido Popular el 16 de junio de 2007 el interventor presentó un informe en el que decía que la deuda del Ayuntamiento ascendía a 12.709.684,49 euros y añadía: “La situación de falta de liquidez compromete el funcionamiento normal del Ayuntamiento e impide el pago normal de obligaciones debidamente contraídas” (es cita textual). Son datos que ratificó la auditoría encargada por los populares y que el nuevo alcalde demostró su certeza cuando en un pleno sacó las facturas que se debían sin que ninguna entidad reclamara al respecto.
Así es que la crisis económica que arrastra el Ayuntamiento tiene su origen en aquellos años, con una deuda que según parece asciende a cerca de siete millones y medio de euros, de los que tres millones ochocientos mil se le deben a proveedores por bienes corrientes y el resto a los bancos. Unos suministradores que están aguantando con mucha dificultad debido a la penuria económica que ahora se cierne sobre ellos como es fácil de imaginar. De la gestión económica de los trece años siguientes hasta la deuda actual nada puedo decir porque la desconozco por completo.
En unas recientes declaraciones la alcaldesa ha dicho que el Ayuntamiento no puede hacer frente a sus obligaciones lo que significa que el importe de las mismas supera ampliamente los ingresos normales del Ayuntamiento. Y que para hacer frente al pago a proveedores, desde hace cuatro años la regidora está intentando, sin haberlo conseguido, salirse de Galasa y venderle el servicio del agua a una empresa privada durante 25 años por el precio de unos tres millones y medio de euros. Es curioso ver a una socialista vender un servicio público a una empresa privada con fines de lucro, lucro y coste que tenemos que pagar nosotros.
Pero como el asunto está más que enredado, con los tribunales de justicia en el horizonte, la alcaldesa pretende que sea el Ayuntamiento el que gestione el servicio público del agua aplicándole al recibo un canon a fin de recaudar el dinero de la deuda a los proveedores, canon de muy dudosa legalidad. La cuestión es que de un modo u otro seamos nosotros los que paguemos los despilfarros de los gobernantes municipales.
Y como Galasa en sus treinta años viene prestando un buen servicio como es público y notorio, en los cuatro años que lleva la alcaldesa intentando salirse se ha valido de unos ataques injustos e inmisericordes contra la empresa del agua, una auténtica deslealtad, lo que nadie hace de los municipios fundadores, que se benefician de su buen servicio, siendo Vera el único que se ha salido, pues los once restantes continúan dentro. También sobre Galasa, la semana pasada dijo la alcaldesa: “la necesidad de dar a los vecinos un servicio acorde con el precio que pagan.” Y uno se pregunta: ¿Qué quiso decir con 'acorde' al precio que pagamos? ¿Acaso no llevamos treinta años con un buen servicio de suministro de agua en nuestros domicilios? ¿Acaso el Ayuntamiento o una empresa darían mejor suministro o bajarían el precio? ¿A que no sería así?
Pero de los furibundos ataques, la Diputación provincial, accionista mayoritario de Galasa, tampoco se libra de las iras de la alcaldesa, organismo que en ningún momento le ha hecho una mala faena a Garrucha, muy al contrario. En los cuarenta y un años de democracia en los ayuntamientos, Garrucha sólo ha recibido bienes de la Diputación, lo mismo conmigo que con los siguientes alcaldes, incluida ella, igual con corporaciones provinciales de gobiernos socialistas o populares. Nunca la Diputación ha mirado el color político de nadie. Esa y no otra es la verdad.
Ya se ha dicho que la venta de bienes patrimoniales no soluciona el problema de fondo porque si no se ingresa dinero suficiente para el pago de las obligaciones municipales, la deuda aparecerá más pronto que tarde y no es cuestión de ir arruinándose poco a poco. Así pues la solución radica en equilibrar ingresos y gastos, pero antes es necesario aplicar a las cuentas del Ayuntamiento un riguroso plan de ajuste sin concesiones ni contemplaciones. Coger cada capítulo del presupuesto y aplicarle las tijeras de podar, o sea, apretarse el cinturón durante unos años; ese es el camino y no hay otro, si no se hace así el porvenir entonces será muy oscuro porque nadie va a venir con dinero a solucionar el problema. El buen gobernante debe saber dónde podar y tener arrestos para llevar a cabo el plan de ajuste, si no se hace así los números rojos serán los dueños del Ayuntamiento, lo que es muy malo para el municipio. La alcaldesa sabrá, el tiempo lo dirá.
*Adolfo Pérez fue alcalde de Garrucha entre los años 1979 y 1999.
