Tras recibir respuesta de la Junta alegando que sigue instrucciones del Ministerio de Sanidad, este garruchero ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio Público
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| Samer Alnasir es profesor asociado de la Universidad Carlos III y residente en Garrucha, aunque de origen británico. |
ALMERÍA HOY / 20·04·2020
Como ya adelantó ALMERÍA HOY, Samer Alnasir, es profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y residente en Garrucha desde hace diez años, decidió luchar contra el presunto "secuestro de información" sobre la pandemia instaurado por la Administración al amparo del Estado de Alarma, y su pugna le ha llevado ya hasta la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Alnasir inició un procedimiento administrativo enviando sendos escritos al Ayuntamiento de Garrucha, al Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social instando a “liberalizar el secuestro improcedente de la información, publicitando con detalles y precisión el impacto de la pandemia por municipios de nuestra Comunidad”.
"Quiero saber la incidencia de la pandemia en mi pueblo. Estoy confinado para protegerme y proteger a mi familia y vecinos, pero no tengo ni la más remota idea sobre la posible existencia de coronavirus en el supermercado al que acudo lo menos posible en busca de víveres, o en la calle que me lleva hasta él porque alguien, por muy presidente de la Junta que sea, ha decidido conculcar mi derecho a la información, que es uno de los fundamentales y garantía de seguridad jurídica", alegaba el profesor, que recibió respuesta de la Consejería de Presidencia señalándole que “de conformidad con las instrucciones del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas pueden publicar los datos nacionales y particularizados para la región una vez que hayan sido publicados por el Ministerio, e incluso pueden ofrecer información detallada por provincias, considerando esta difusión como suficiente”.
Así las cosas, el profesor envió por vía telemática el viernes 17 de abril un informe a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que la pone al corriente de los hechos y de los argumentos que le inducen a sospechar la existencia de un delito detrás del “secuestro de la información” presuntamente perpetrado por la Junta de Andalucía, e insta a actuar al Ministerio Público porque “el interés por esta causa es colectivo, difuso y social”.
Alnasir inició un procedimiento administrativo enviando sendos escritos al Ayuntamiento de Garrucha, al Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social instando a “liberalizar el secuestro improcedente de la información, publicitando con detalles y precisión el impacto de la pandemia por municipios de nuestra Comunidad”.
"Quiero saber la incidencia de la pandemia en mi pueblo. Estoy confinado para protegerme y proteger a mi familia y vecinos, pero no tengo ni la más remota idea sobre la posible existencia de coronavirus en el supermercado al que acudo lo menos posible en busca de víveres, o en la calle que me lleva hasta él porque alguien, por muy presidente de la Junta que sea, ha decidido conculcar mi derecho a la información, que es uno de los fundamentales y garantía de seguridad jurídica", alegaba el profesor, que recibió respuesta de la Consejería de Presidencia señalándole que “de conformidad con las instrucciones del Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas pueden publicar los datos nacionales y particularizados para la región una vez que hayan sido publicados por el Ministerio, e incluso pueden ofrecer información detallada por provincias, considerando esta difusión como suficiente”.
Así las cosas, el profesor envió por vía telemática el viernes 17 de abril un informe a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que la pone al corriente de los hechos y de los argumentos que le inducen a sospechar la existencia de un delito detrás del “secuestro de la información” presuntamente perpetrado por la Junta de Andalucía, e insta a actuar al Ministerio Público porque “el interés por esta causa es colectivo, difuso y social”.
