El actual regidor,Felipe Cayuela (Carboneras avanza), considera que es su "obligación perseguir el saqueo que las actuaciones del PSOE supusieron al erario municipal".
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| Cristóbal Fernández en una imagen de archivo, cuando aún era alcalde de Carboeras |
ALMERÍA HOY / 11·05·2019
La juez que dictó el procesamiento del ex alcalde socialista Cristóbal Fernández al advertir "que existen motivos suficientes para atribuir la perpetración" de los delitos de prevaricación y malversación al investigado dio a las partes 10 días para personarse en la causa, y el Ayuntamiento ya ha mostrado su voluntad de hacerlo.
Así, el alcalde Felipe Cayuela (Carboneras avanza) considera que es su "obligación perseguir el saqueo que las actuaciones del PSOE supusieron al erario municipal. Nuestra obligación consiste en velar por el dinero de los vecinos.".
La Fiscalía había solicitado que se abriera procedimiento penal para investigar presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación por parte del exalcalde ahora investigado de la obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio, y para la que el Ayuntamiento recibió una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar.
El Ministerio Público indicaba en su decreto que los hechos denunciados por su sucesor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), con respecto a una obra que tuvo un presupuesto global de 492.185,65 euros, podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativo, por lo que acuerda formular denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Vera.
La denuncia remitida por Hernández a la Fiscalía recogía que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía concedió la ayuda en agostó de 2008 y que el entonces alcalde dictó ese mismo mes una providencia en la que disponía el inicio de expediente de ejecución de obras con «medios propios» del Ayuntamiento, lo que contó con informes favorables del secretario municipal y del técnico municipal, dado «el considerable ahorro en el gasto total de las referidas obras».
A continuación, según la citada denuncia, Fernández habría dictado una resolución para la ejecución directa de las obras pero, de acuerdo al expediente de justificación, «se expidieron facturas de terceros del cien por cien de las obras, superando con creces los límites establecidos para la contratación directa». En concreto, detalla que se habrían contratado los servicios de dos mercantiles; Indasa, que factura «360.937,23 euros» e Instalaciones Moreno y Garrido, que factura 134.982,51 euros.
«Es obvio y así queda acreditado que, aunque la pretensión, en principio del Ayuntamiento, era ejecutar las obras por sus propios medios, resulta que no se realizó como decretó el alcalde, sino que se ejecutaron por contratación directa, obviando las reglas elementales de contratación, como es la publicidad, la objetividad, la economía y la libre concurrencia ya que se le encargaron directamente todos los trabajos sin mediar contrato alguno», subrayaba.
Añadía la denuncia que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el «incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Carboneras», e inició expediente de reintegro, «lo que le ha supuesto un grave quebranto a la administración local» con la devolución de un total de 248.420,34 euros.
«Cristóbal Fernández resolvió de forma torticera y a sabiendas de su injusticia la realización de unas obras sin procedimiento alguno, intentando mediante engaño encubrir unas actuaciones totalmente ilícitas ya que ni tan siquiera solicitó el más mínimo presupuesto a posibles contratistas sino que procedió de forma directa a la ejecución y a la adjudicación a dedo», señala para hacer alusión a que, en su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta «destaca un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención».
Así, el alcalde Felipe Cayuela (Carboneras avanza) considera que es su "obligación perseguir el saqueo que las actuaciones del PSOE supusieron al erario municipal. Nuestra obligación consiste en velar por el dinero de los vecinos.".
La Fiscalía había solicitado que se abriera procedimiento penal para investigar presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación por parte del exalcalde ahora investigado de la obra para sustituir el alumbrado público en el Paseo Marítimo del municipio, y para la que el Ayuntamiento recibió una subvención de la Junta de Andalucía de 295.309,58 euros que ha tenido que reintegrar.
El Ministerio Público indicaba en su decreto que los hechos denunciados por su sucesor, el independiente Salvador Hernández (Gicar), con respecto a una obra que tuvo un presupuesto global de 492.185,65 euros, podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativo, por lo que acuerda formular denuncia ante el Decanato de los Juzgados de Vera.
La denuncia remitida por Hernández a la Fiscalía recogía que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía concedió la ayuda en agostó de 2008 y que el entonces alcalde dictó ese mismo mes una providencia en la que disponía el inicio de expediente de ejecución de obras con «medios propios» del Ayuntamiento, lo que contó con informes favorables del secretario municipal y del técnico municipal, dado «el considerable ahorro en el gasto total de las referidas obras».
A continuación, según la citada denuncia, Fernández habría dictado una resolución para la ejecución directa de las obras pero, de acuerdo al expediente de justificación, «se expidieron facturas de terceros del cien por cien de las obras, superando con creces los límites establecidos para la contratación directa». En concreto, detalla que se habrían contratado los servicios de dos mercantiles; Indasa, que factura «360.937,23 euros» e Instalaciones Moreno y Garrido, que factura 134.982,51 euros.
«Es obvio y así queda acreditado que, aunque la pretensión, en principio del Ayuntamiento, era ejecutar las obras por sus propios medios, resulta que no se realizó como decretó el alcalde, sino que se ejecutaron por contratación directa, obviando las reglas elementales de contratación, como es la publicidad, la objetividad, la economía y la libre concurrencia ya que se le encargaron directamente todos los trabajos sin mediar contrato alguno», subrayaba.
Añadía la denuncia que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte declaró en noviembre de 2010 el «incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Carboneras», e inició expediente de reintegro, «lo que le ha supuesto un grave quebranto a la administración local» con la devolución de un total de 248.420,34 euros.
«Cristóbal Fernández resolvió de forma torticera y a sabiendas de su injusticia la realización de unas obras sin procedimiento alguno, intentando mediante engaño encubrir unas actuaciones totalmente ilícitas ya que ni tan siquiera solicitó el más mínimo presupuesto a posibles contratistas sino que procedió de forma directa a la ejecución y a la adjudicación a dedo», señala para hacer alusión a que, en su resolución definitiva de reintegro en mayo de 2011, la Junta «destaca un alto índice de irregularidades en relación al cumplimiento de la orden reguladora de la subvención».
