Un proyecto de macrogranja en Huércal Overa a punto de naufragar por las gravísimas acusaciones contra su promotor

El socio principal de la empresa que solicitó autorización para construir en la barriada huercalense de Gacía una explotación porcina con capacidad para 6.000 cerdos está siendo investigado por la Justicia.



ALMERÍA HOY / 22·04·2019

Los vecinos de Gacía continúan su rutina de concentrarse cada dos lunes ante las puertas del Ayuntamiento de Huércal Overa. Siguen exigiendo la paralización del proyecto de construcción de una granja con capacidad para 6.000 cerdos en las inmediaciones de sus viviendas, y el expediente mantiene su singladura por la jungla administrativa, pero un inesperado acontecimiento parece cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Y es que Antonio Gabarrón García, el principal socio de la empresa promotora de la explotación porcina, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción de Lorca, junto a la cúpula de la hortofrutícola Natural Salads (NS), por los delitos, entre otros, de pertenencia a organización criminal, estafa, fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, societarios, apropiación indebida, administración desleal y coacciones. El fiscal ya ha pedido prisión provisional inmediata y 15 millones de fianza contra todos ellos, según ha publicado el digital VegaMediaPress.

El Ministerio Público asegura que los acusados Antonio Gabarrón García, José López Acosta, Juan José Vera García, Fernando Cuadrado Soler y Julián García García “han actuado con abuso de confianza, de manera jerarquizada, organizada, con vocación de estabilidad durante los últimos años, al modo de una organización criminal”.

Todos los querellados citados son socios y consejeros de Natural Salads, S.L., una empresa ubicada en la carretera de Mazarrón del término municipal de Lorca, dedicada al sector hortofrutícola.

Los responsables de NS, ante el asombro de un grupo de socios que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía, llegaron a falsificar supuestamente “juntas generales que nunca se celebraron”, a fin de atender requerimientos de la Comunidad Autónoma de Murcia, lo que se trata de una actitud al menos “mendaz”.

Asimismo, ese mismo grupo de socios denuncia que recibieron las cuentas anuales con escaso tiempo de margen ante de la aprobación de éstas porque “pretendían ocultar sus manejos y que no fuesen detectados con suficiente antelación”. Las cuentas anuales deben reflejar una imagen fiel de la sociedad, pero se detectaron “transacciones que no eran correctas, así como el apunte de gastos que realmente no se habían generado”. Los querellantes instaron a corregir y presentar de nuevo las cuentas, pero sin obtener éxito alguno.

Hasta tal punto las cuentas anuales que presentó a su aprobación el consejo de administración tenían irregularidades, que el auditor de la empresa denegó su opinión, exponiendo en su informe, que el activo corriente del balance estaba sobrevalorado en 3.615.000 euros y existían transacciones incorrectas, poniendo incluso en duda la continuidad de la empresa.

Los querellados y sus consejeros afines “obviaron consultar con el auditor para evitar cumplir con el compromiso adquirido con el resto de miembros del órgano colegiado de solicitar dictamen de un tercero que despejara las dudas sobre la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de Natural Salads”, según F.A.M., uno de los consejeros que, en compañía de un experto contable se personó durante varios días en las oficinas de NS para solicitar, recibir y revisar los documentos que servían de soporte y antecedente a las cuentas anuales.

Como consecuencia de estas visitas y la documentación que recibió el contable se detectaron presuntas manipulaciones en las cuentas y, además, facturas falsas “que han ocasionado que los consejeros ahora investigados, Antonio Gabarrón, José López Acosta, Juan José Vera García, Fernando Cuadrado Soler y Julián García, se hayan apropiado y enriquecido ilícitamente de casi dos millones de euros de fondos de NS, con grave prejuicio para la empresa y sus socios”.

La denuncia también contempla que Gabarrón, el presidente de NS, “siempre rechazó entregar cualquier documentación, aún así era su obligación”.

La querella da buena cuenta de las cantidades presuntamente apropiadas por cada uno de los querellados. Así, Antonio Gabarrón García, de Agrícola Gabarrón, se apropió de 1.236.433 euros. Por su parte, José López Acosta, de Agrícola Valle Espuña, se embolsó ilegalmente 40.233 euros. Julián García García, de SAT Gahosur, engrosó su cuenta en 352.770 euros. Y Fernando Cuadrado Soler y Juan García García, amparándose en la empresa Guadafruit de Lorca S.L. Se apropió de 297.196 euros, siempre según la querella. La presión ejercida por los querellantes contra la cúpula del consejo, sirvió de excusa a la directiva y su presidente, para coaccionar e intentar expulsarlos de NS.

Mientras, la denuncia aporta “constancia documental de juntas universales fantasma, falsificación de documentos presentados ante la Consejería de Agricultura, cuentas irregulares, transacciones fraudulentas, gastos fraudulentos, obstaculización del auditor y apropiación indebida millonaria, entre otras actuaciones, lo que señala al presidente de NS y sus seguidores de actuar al modo de una organización criminal organizada”.

También les acusan de “practicar la liquidación de sandía y brócoli a un precio superior al Programa de Actuación; generar un gasto de más de un millón de euros con facturas de falsas por las lechugas iceberg; burlar la convocatoria del registrador mercantil y falsear el balance a fin de perjudicar” a los demás socios de la empresa.

En síntesis, acusan a la cúpula de NS de organización criminal. En la cúspide figuraría el principal de los promotores de la granja porcina de Gacía, Antonio Gabarrón García; como “lugarteniente” estaría José López Acosta, y a un nivel inferior, pero dentro de la misma estructura, Julián García, Juan José Vera García y Fernando Cuadrado Soler.

La acusación pide para todos ellos, entre otras medidas, la detención y prisión provisional, así como una fianza no inferior a los 15 millones de euros.

De momento, y aunque el expediente administrativo continúa su marcha, una de las primeras consecuencias del procedimiento consiste en el desistimiento por parte de Gabarrón de construir la granja que había previsto levantar en la barriada huercalense de Gacía.