La titular del número 1 de lo Penal de Almería funda su fallo en la “falta de probanza” de los hechos denunciados
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| Rogelio Mena |
ALMERÍA HOY / 07·03·2019
El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha decidido absolver al exalcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE), de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos tras la vista oral celebrada el pasado 22 de febrero.
La querella tuvo su origen en una denuncia presentada por el portavoz del PP local, Juan Pedro Pérez Quiles, que acusaba al ex regidor de haber empleado más de 30.000 euros del erario municipal en pagar viajes y comidas con fines particulares o vinculados con actos del sindicato del que Mena es dirigente a nivel nacional. Durante la instrucción, el fiscal rebajó la cantidad presuntamente defraudada hasta 2.010,83 euros.
La acusación solicitaba 8 años de inhabilitación, 18 meses de prisión, 8 meses de multa a razón de 20 euros diarios, costas y una indemnización al Ayuntamiento igual a la cantidad presuntamente defraudada.
Sin embargo, la titular del número 1 de lo Penal ha resuelto absolver al exregidor porque “correspondía a la acusación la probanza de los hechos sobre los que se sostenía la misma, no pudiendo presumirse un móvil ilícito o un ánimo de lucro implícito en la conducta de un representante público por el hecho de serlo; siendo que, debe protegerse la presunción de inocencia frente a la falta de probanza del ilícito o a la exigencia para ello de prueba diabólica”.
La querella tuvo su origen en una denuncia presentada por el portavoz del PP local, Juan Pedro Pérez Quiles, que acusaba al ex regidor de haber empleado más de 30.000 euros del erario municipal en pagar viajes y comidas con fines particulares o vinculados con actos del sindicato del que Mena es dirigente a nivel nacional. Durante la instrucción, el fiscal rebajó la cantidad presuntamente defraudada hasta 2.010,83 euros.
La acusación solicitaba 8 años de inhabilitación, 18 meses de prisión, 8 meses de multa a razón de 20 euros diarios, costas y una indemnización al Ayuntamiento igual a la cantidad presuntamente defraudada.
Sin embargo, la titular del número 1 de lo Penal ha resuelto absolver al exregidor porque “correspondía a la acusación la probanza de los hechos sobre los que se sostenía la misma, no pudiendo presumirse un móvil ilícito o un ánimo de lucro implícito en la conducta de un representante público por el hecho de serlo; siendo que, debe protegerse la presunción de inocencia frente a la falta de probanza del ilícito o a la exigencia para ello de prueba diabólica”.
