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JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ DE HARO
Comienza el año y España una democracia europea, ofrece una radiografía de sus instituciones y su gobernación que causa perplejidad al mundo, alerta a los mercados e inversores nacionales e internacionales y causa desconcierto a millones de españoles. Para quienes imaginen esto alarmismo trepidante, baste relatar dos hechos de estas mismas fechas. Uno es el escenario informativo de las cadenas de televisión, diarios nacionales y regionales , emisoras de radio y tertulias, todos sin excepción abren los noticiarios con el despliegue en el pueblo de Totalán donde una infatigable legión con el apoyo de los vecinos del pueblo tratan de rescatar al pequeño Julen. Como seguramente conocen el pequeño caminaba con sus padres en un paraje de este pueblo malagueño y cayó a un pozo sin sellar. Desde hace ya catorce días el drama ha sido seguido por millones de españoles que consternados se solidarizan con el pequeño y con el dolor de sus padres. Tendremos sin duda algunos defectos, pero como pueblo sufrido que se mueve por los sentimientos los españoles damos ejemplo al mundo de solidaridad y cariño con las víctimas como ahora se prueba en la desgracia que afecta a esta familia. Más de 330 voluntarios, abnegados mineros y fuerzas de la guardia civil hace turnos para continuar trabajos de enorme complejidad para llegar al rescate. Una marea humana y las más avanzadas maquinarias y técnicas de perforación al servicio de una causa humanitaria.
Pero en medio de esta tragedia queda flotando una interrogante descorazonadora,¿cómo es posible que esto haya podido ocurrir?. Dejemos a un lado las responsabilidades en este caso que sin duda las hay , si el propietario del terreno , si el pocero, o terceros desconocidos o todos . Ya lo aclararán y castigarán los tribunales competentes con el rigor que merece la pérdida de una sola vida humana. La cuestión es más amplia si se conocen los datos oficiales sobre perforaciones ilegales en España. Según publica oficialmente el Ministerio de Agricultura y medio Ambiente en 2017 en España había más de un millón de pozos ilegales presumiblemente la mayoría sin sellar. Asimismo la OCDE publicó cifras y datos cuando la titular de este Ministerio era Cristina Narbona, el azote de Almería que derogó el Plan Hidrológico Nacional y con ello propició la búsqueda de agua subterránea de tal suerte que este Organismo internacional dice que el 45% del agua que se extrae en España se hace de forma irregular. Un solo dato referido a Huelva, la guardia civil señala que solo en esta provincia hay más de quinientos pozos ilegales sin sellar. Y ahora las reflexiones; ¿ cómo es posible que en una país del primer mundo donde existe un Ministerio de Medio Ambiente, una Administración autonómica, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, nadie, absolutamente nadie, haya podido actuar de manera eficiente para evitar estas tragedias humanas?. No se entiende que existan organismos como el SEPRONA, guardias forestales y vigilantes que no hayan detectado y denunciado estas irregularidades gravísimas que afectan a la seguridad de los paseantes y amigos de la naturaleza . Más bien se asemeja a un país del tercer mundo si no fuera por los 445.000 políticos que cobran de la Administraciones públicas cuya eficacia en la gestión queda manifiesta ante desgracias como la del pequeño Julen. Hasta ahora, que se sepa, nadie se ha sentido llamado a responsabilidad administrativa alguna en relación a estos flagrantes delitos contra la naturaleza, contra el uso regulado del agua y peligros ocultos que amenazan el libre disfrute por falta de seguridad. Para que se entienda, esto asemeja más bien a Namibia que a Dinamarca.
Y como segundo escenario la huelga de taxistas en Barcelona y en Madrid. No se trata de cuestionar derechos de manifestación, pero este derecho no es compatible con la imágenes bochornosas ante las puertas de IFEMA. La agitación y violencia desatadas fueron capaces de provocar tensiones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo con heridos graves y varios detenidos. pero todo fue inútil ante la avalancha de los huelguistas, el Ministerio del Interior no ha sido capaz con todos los medios a su alcance de garantizar que el Rey de España entrara a FITUR por la puerta principal. El día de la inauguración el Rey hubo de entrar a hurtadillas por accesos laterales la feria. Humillación del Jefe del Estado, vergüenza para millones de españoles, asombro ante el mundo entero. FITUR es la principal feria del Turismo donde acuden anualmente más de 175 países y cerca de 250.000 visitantes de todas las nacionalidades. No es siquiera imaginable que un jefe de Estado de cualquier otro país no pueda entrar a los espacios públicos por la puerta grande y con el protocolo correspondiente. En España si es posible, esto y algo más. Será por la eficiencia de Jose Luis Abalos que se ha puesto de perfil ante el conflicto de los taxistas contra las licencias VTC. La huelga del taxi y sus consecuencias negativas para la economía y para la convivencia es responsabilidad de un gobierno paralizado por los compromisos con sus socios que le sostienen en precario. O será por el Ministro Marlaska cuya debilidad para atajar un asunto de orden público le sitúan mas bien como un político de la oposición y no como un Ministro de Interior comprometido con la defensa del Estado, de su dignidad y de la de todos los españoles. Las imágenes de violencia, de heridos, de cargas policiales , el corte efectivo de vías de acceso a FITUR y las amenazas públicas de entrar al recinto para atentar contra los expositores de la feria, muestran una situación desbordada que ha sido una negativa publicidad contra esta Feria Internacional. Algunos expositores avisan que de seguir así la situación en España y la falta de seguridad manifiesta se cuestionan acudir a otros eventos incluso el próximo FITUR. Señalar que el turismo es una fuente de ingresos, mas de 60.000 millones de euros según cifras de 2017 y una ayuda imprescindible a la debilitada economía de España que aporta el 11,5% al PIB nacional con una subida de empleo mas los impuestos locales , autonómicos y estatales.
Naturalmente que son hechos excepcionales que han saltado a la alarma informativa por falta de gestión pública eficaz que perjudican la imagen de España como país desarrollado y atentan contra la economía y la libre circulación de todos los españoles. La movilidad es un derecho, no un privilegio que debe estar garantizado por el Estado . Es el reflejo en la calle de una realidad agobiante para millones de pacíficos ciudadanos que apenas exigen vivir en paz y poder realizar su trabajo en un país libre con las garantías de un gobierno comprometido y eficaz. No mas tragedias como la de este niño malagueño. No mas espectáculos del jefe del Estado entrando casi a escondidas. Será un clamor en el desierto, pero queda el deber de escribirlo.
Pero en medio de esta tragedia queda flotando una interrogante descorazonadora,¿cómo es posible que esto haya podido ocurrir?. Dejemos a un lado las responsabilidades en este caso que sin duda las hay , si el propietario del terreno , si el pocero, o terceros desconocidos o todos . Ya lo aclararán y castigarán los tribunales competentes con el rigor que merece la pérdida de una sola vida humana. La cuestión es más amplia si se conocen los datos oficiales sobre perforaciones ilegales en España. Según publica oficialmente el Ministerio de Agricultura y medio Ambiente en 2017 en España había más de un millón de pozos ilegales presumiblemente la mayoría sin sellar. Asimismo la OCDE publicó cifras y datos cuando la titular de este Ministerio era Cristina Narbona, el azote de Almería que derogó el Plan Hidrológico Nacional y con ello propició la búsqueda de agua subterránea de tal suerte que este Organismo internacional dice que el 45% del agua que se extrae en España se hace de forma irregular. Un solo dato referido a Huelva, la guardia civil señala que solo en esta provincia hay más de quinientos pozos ilegales sin sellar. Y ahora las reflexiones; ¿ cómo es posible que en una país del primer mundo donde existe un Ministerio de Medio Ambiente, una Administración autonómica, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos, nadie, absolutamente nadie, haya podido actuar de manera eficiente para evitar estas tragedias humanas?. No se entiende que existan organismos como el SEPRONA, guardias forestales y vigilantes que no hayan detectado y denunciado estas irregularidades gravísimas que afectan a la seguridad de los paseantes y amigos de la naturaleza . Más bien se asemeja a un país del tercer mundo si no fuera por los 445.000 políticos que cobran de la Administraciones públicas cuya eficacia en la gestión queda manifiesta ante desgracias como la del pequeño Julen. Hasta ahora, que se sepa, nadie se ha sentido llamado a responsabilidad administrativa alguna en relación a estos flagrantes delitos contra la naturaleza, contra el uso regulado del agua y peligros ocultos que amenazan el libre disfrute por falta de seguridad. Para que se entienda, esto asemeja más bien a Namibia que a Dinamarca.
Y como segundo escenario la huelga de taxistas en Barcelona y en Madrid. No se trata de cuestionar derechos de manifestación, pero este derecho no es compatible con la imágenes bochornosas ante las puertas de IFEMA. La agitación y violencia desatadas fueron capaces de provocar tensiones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo con heridos graves y varios detenidos. pero todo fue inútil ante la avalancha de los huelguistas, el Ministerio del Interior no ha sido capaz con todos los medios a su alcance de garantizar que el Rey de España entrara a FITUR por la puerta principal. El día de la inauguración el Rey hubo de entrar a hurtadillas por accesos laterales la feria. Humillación del Jefe del Estado, vergüenza para millones de españoles, asombro ante el mundo entero. FITUR es la principal feria del Turismo donde acuden anualmente más de 175 países y cerca de 250.000 visitantes de todas las nacionalidades. No es siquiera imaginable que un jefe de Estado de cualquier otro país no pueda entrar a los espacios públicos por la puerta grande y con el protocolo correspondiente. En España si es posible, esto y algo más. Será por la eficiencia de Jose Luis Abalos que se ha puesto de perfil ante el conflicto de los taxistas contra las licencias VTC. La huelga del taxi y sus consecuencias negativas para la economía y para la convivencia es responsabilidad de un gobierno paralizado por los compromisos con sus socios que le sostienen en precario. O será por el Ministro Marlaska cuya debilidad para atajar un asunto de orden público le sitúan mas bien como un político de la oposición y no como un Ministro de Interior comprometido con la defensa del Estado, de su dignidad y de la de todos los españoles. Las imágenes de violencia, de heridos, de cargas policiales , el corte efectivo de vías de acceso a FITUR y las amenazas públicas de entrar al recinto para atentar contra los expositores de la feria, muestran una situación desbordada que ha sido una negativa publicidad contra esta Feria Internacional. Algunos expositores avisan que de seguir así la situación en España y la falta de seguridad manifiesta se cuestionan acudir a otros eventos incluso el próximo FITUR. Señalar que el turismo es una fuente de ingresos, mas de 60.000 millones de euros según cifras de 2017 y una ayuda imprescindible a la debilitada economía de España que aporta el 11,5% al PIB nacional con una subida de empleo mas los impuestos locales , autonómicos y estatales.
Naturalmente que son hechos excepcionales que han saltado a la alarma informativa por falta de gestión pública eficaz que perjudican la imagen de España como país desarrollado y atentan contra la economía y la libre circulación de todos los españoles. La movilidad es un derecho, no un privilegio que debe estar garantizado por el Estado . Es el reflejo en la calle de una realidad agobiante para millones de pacíficos ciudadanos que apenas exigen vivir en paz y poder realizar su trabajo en un país libre con las garantías de un gobierno comprometido y eficaz. No mas tragedias como la de este niño malagueño. No mas espectáculos del jefe del Estado entrando casi a escondidas. Será un clamor en el desierto, pero queda el deber de escribirlo.
