Lo expuso en el Congreso de los Diputados la represente de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que afirmó no entender que se siga dando “tratamiento confidencial” a los resultados de los análisis efectuados a la población y al Plan de Rehabilitación.
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| Nieves Sánchez Guitián, representante de los técnicos del CSN |
ALMERÍA HOY / 17·02·2019
“El Gobierno deberá tomar las medidas necesarias para que ENRESA [Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.] asuma la titularidad de los terrenos [contaminados con plutonio y americio en Palomares] y ponga en marcha un plan de limpieza y restauración”.
Ésa fue la conclusión que aportó el pasado 17 de diciembre en el Congreso Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN), a los diputados miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La técnico nuclear compareció en la Cámara baja para responder a una serie de preguntas de la mencionada Comisión, la primera de las cuales se interesaba por la opinión de los técnicos de la seguridad nuclear nacional sobre la solución más adecuada al “almacenamiento indefinido” de los 1.400 kilos de “tierras radiactivas” que se depositaron en dos contenedores en una zona acotada de Palomares. La respuesta de la técnico fue muy clara. Comenzó revelando que el CSN no fue informado del envío de la tierra mencionada, aunque “debería tener conocimiento de dicho transporte y almacenamiento y entendemos que debería haberlo autorizado”. Por lo tanto, Sánchez aseguró desconocer “el contenido radiactivo, la naturaleza fisicoquímica y las posibles condiciones para su almacenamiento”, ya que nadie les consultó, lo que dejaría entrever que la decisión se pudo haber tomado de manera irregular.
¿POR QUÉ TANTO SECRETO?
Pero la presidenta de los profesionales del CSN fue mucho más allá en su respuesta y puso en evidencia la actuación de los gobiernos que se han sucedido al frente de España durante los últimos 53 años, exactamente los mismos que han transcurrido desde el fatal accidente entre dos aviones del ejército norteamericano que arrojaron cuatro bombas nucleares sobre la pedanía cuevana.
Así, Nieves Sánchez continuó su intervención admitiendo que los técnicos no entienden que se mantenga el tratamiento de confidencialidad sobre el Plan de rehabilitación de Palomares, tal y como trasladó la Abogacía del Estado a la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento contencioso administrativo emprendido por Ecologistas en Acción instando la limpieza de la zona.
Seguidamente, la técnico nuclear comenzó a disparar una serie de andanadas. Sánchez sostuvo ante la Comisión que “aunque la limpieza de las zonas contaminadas genere residuos, la obligación del Estado es proteger a las personas y al Medio Ambiente de cualquier riesgo”, y apuntó al CSN, organismo que, a su juicio, “debe poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos, e instar y recomendar las acciones pertinentes”.
La técnico compareciente acusó al ente para la seguridad nuclear de conocer “los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años” y mantenerlos “secretos y no disponibles”, en lugar de ponerlos en conocimiento, “sin necesidad de identificar personas concretas”, porque esos datos son fundamentales “para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.
En cualquier caso –y no olvidemos que la persona que ha realizado estas declaraciones en sede parlamentaria es una de las que mejor conoce la situación de las zonas contaminadas en Palomares-, Sánchez Guitián informó que “la limpieza de esos terrenos debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”.
Más aún, la presidenta de ASTCS afirmó con rotundidad que “el Estado debe proteger a su población en consecuencia, y almacenar temporal o definitivamente los residuos. Entendemos que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el Medio Ambiente, como llevan más de 50 años”.
Y, tras recordar el ejemplo de rehabilitación llevado a cabo por los EEUU en las Islas Marshall, lugar en el que llevó a cabo numerosas ensayos nucleares, que concluyó con la repoblación forestal de las áreas anteriormente contaminadas, Nieves Sánchez Guitián lamentaba que “en el caso de Palomares no se ha obrado así”.
En ese sentido, la portavoz de los técnicos apunta que se han tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos. Si éstos existen se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.
Una de las medidas señaladas consistió en “permitir la construcción de las balsas de riego”, algo sobre lo que afirmó sin ambages que “fue un ejemplo claro de fallo del regulador”. Otro ejemplo de mala decisión, según la técnico, fue “la forma de gestión posterior de los terrenos [contaminados], consistente en una intervención disfrazada de plan de investigación, que no ha contribuido a generar confianza”.
“No informar genera alarma”
La presidenta de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, Nieves Sánchez Guitián, reclamó transparencia sobre todo lo concerniente al accidente nuclear de Palomares y la gestión de los terrenos contaminados desde el día en que tuvo lugar, el 16 de enero de 1966.
“Consideramos que es necesario analizar y, en su caso, rehabilitar esta zona cuanto antes, para poder evitar efectos inaceptables en las personas y en el medio ambiente. El Estado no puede decir únicamente ‘no hay riesgo’, sino que debe exponer los datos y cuantificar el mismo”, sostuvo Sánchez Guitián.
“Cuanto mayor sea la transparencia –añadía-, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes”. Por eso la técnico insistía en que “los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica”.
Y la presidenta de ASTECSN concluía con un recado para el CSN y el Gobierno de España, del que depende la institución: “El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y trasparente”.
“La premisa que todavía existe en la cultura del sector nuclear español es que ‘es mejor no informar a la población sobre los riesgos que están soportando para no crear alarma’. Sin embargo, nosotros entendemos que la alarma se genera cuando se conoce a través de noticias ciertas, con datos fehacientes, que un riesgo real se ha estado ocultando. Entonces, el efecto cae sobre la credibilidad del regulador como institución pública, por no haber actuado como garante de la seguridad sino más bien como promotor de una coartada para los responsables de gestionar ese riesgo”.
Ésa fue la conclusión que aportó el pasado 17 de diciembre en el Congreso Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN), a los diputados miembros de la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La técnico nuclear compareció en la Cámara baja para responder a una serie de preguntas de la mencionada Comisión, la primera de las cuales se interesaba por la opinión de los técnicos de la seguridad nuclear nacional sobre la solución más adecuada al “almacenamiento indefinido” de los 1.400 kilos de “tierras radiactivas” que se depositaron en dos contenedores en una zona acotada de Palomares. La respuesta de la técnico fue muy clara. Comenzó revelando que el CSN no fue informado del envío de la tierra mencionada, aunque “debería tener conocimiento de dicho transporte y almacenamiento y entendemos que debería haberlo autorizado”. Por lo tanto, Sánchez aseguró desconocer “el contenido radiactivo, la naturaleza fisicoquímica y las posibles condiciones para su almacenamiento”, ya que nadie les consultó, lo que dejaría entrever que la decisión se pudo haber tomado de manera irregular.
¿POR QUÉ TANTO SECRETO?
Pero la presidenta de los profesionales del CSN fue mucho más allá en su respuesta y puso en evidencia la actuación de los gobiernos que se han sucedido al frente de España durante los últimos 53 años, exactamente los mismos que han transcurrido desde el fatal accidente entre dos aviones del ejército norteamericano que arrojaron cuatro bombas nucleares sobre la pedanía cuevana.
Así, Nieves Sánchez continuó su intervención admitiendo que los técnicos no entienden que se mantenga el tratamiento de confidencialidad sobre el Plan de rehabilitación de Palomares, tal y como trasladó la Abogacía del Estado a la Audiencia Nacional en el marco del procedimiento contencioso administrativo emprendido por Ecologistas en Acción instando la limpieza de la zona.
Seguidamente, la técnico nuclear comenzó a disparar una serie de andanadas. Sánchez sostuvo ante la Comisión que “aunque la limpieza de las zonas contaminadas genere residuos, la obligación del Estado es proteger a las personas y al Medio Ambiente de cualquier riesgo”, y apuntó al CSN, organismo que, a su juicio, “debe poner sobre aviso a las autoridades competentes acerca de los riesgos radiológicos, e instar y recomendar las acciones pertinentes”.
La técnico compareciente acusó al ente para la seguridad nuclear de conocer “los análisis de contaminación y dosimetría interna efectuados en la población de Palomares en los últimos 50 años” y mantenerlos “secretos y no disponibles”, en lugar de ponerlos en conocimiento, “sin necesidad de identificar personas concretas”, porque esos datos son fundamentales “para la toma de decisiones y justificación de cualquier medida que se quiera adoptar, tales como trabajos de limpieza y almacenamiento de residuos”.
En cualquier caso –y no olvidemos que la persona que ha realizado estas declaraciones en sede parlamentaria es una de las que mejor conoce la situación de las zonas contaminadas en Palomares-, Sánchez Guitián informó que “la limpieza de esos terrenos debe realizarse sin estar subordinada a la existencia o no de un acuerdo con terceros para que EEUU se haga cargo o no de los residuos”.
Más aún, la presidenta de ASTCS afirmó con rotundidad que “el Estado debe proteger a su población en consecuencia, y almacenar temporal o definitivamente los residuos. Entendemos que siempre será mejor tener los residuos embidonados y almacenados, aunque sea allí mismo, que dispersos por el Medio Ambiente, como llevan más de 50 años”.
Y, tras recordar el ejemplo de rehabilitación llevado a cabo por los EEUU en las Islas Marshall, lugar en el que llevó a cabo numerosas ensayos nucleares, que concluyó con la repoblación forestal de las áreas anteriormente contaminadas, Nieves Sánchez Guitián lamentaba que “en el caso de Palomares no se ha obrado así”.
En ese sentido, la portavoz de los técnicos apunta que se han tomado “medidas sin la debida transparencia y sin sustentarse en informes públicos. Si éstos existen se mantienen en secreto, lo cual crea desconfianza e inseguridad en la población afectada”.
Una de las medidas señaladas consistió en “permitir la construcción de las balsas de riego”, algo sobre lo que afirmó sin ambages que “fue un ejemplo claro de fallo del regulador”. Otro ejemplo de mala decisión, según la técnico, fue “la forma de gestión posterior de los terrenos [contaminados], consistente en una intervención disfrazada de plan de investigación, que no ha contribuido a generar confianza”.
“No informar genera alarma”
La presidenta de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, Nieves Sánchez Guitián, reclamó transparencia sobre todo lo concerniente al accidente nuclear de Palomares y la gestión de los terrenos contaminados desde el día en que tuvo lugar, el 16 de enero de 1966.
“Consideramos que es necesario analizar y, en su caso, rehabilitar esta zona cuanto antes, para poder evitar efectos inaceptables en las personas y en el medio ambiente. El Estado no puede decir únicamente ‘no hay riesgo’, sino que debe exponer los datos y cuantificar el mismo”, sostuvo Sánchez Guitián.
“Cuanto mayor sea la transparencia –añadía-, más obligadas estarán todas las partes a tomar una decisión cuanto antes”. Por eso la técnico insistía en que “los informes y los datos que soportan las decisiones y las medidas a adoptar deben ser públicos y sometidos a una revisión científica”.
Y la presidenta de ASTECSN concluía con un recado para el CSN y el Gobierno de España, del que depende la institución: “El papel del CSN, como único organismo competente en protección radiológica, resulta fundamental para liderar y garantizar dicho proceso de forma pública, abierta y trasparente”.
“La premisa que todavía existe en la cultura del sector nuclear español es que ‘es mejor no informar a la población sobre los riesgos que están soportando para no crear alarma’. Sin embargo, nosotros entendemos que la alarma se genera cuando se conoce a través de noticias ciertas, con datos fehacientes, que un riesgo real se ha estado ocultando. Entonces, el efecto cae sobre la credibilidad del regulador como institución pública, por no haber actuado como garante de la seguridad sino más bien como promotor de una coartada para los responsables de gestionar ese riesgo”.
