La empresa del grupo FCC gestionará el ciclo integral del agua en Garrucha y ha formalizado una oferta para comprar el 21% de las acciones de la empresa mixta veratense al socio privado por 5 millones.
ALMERÍA HOY / 13·02·2019
Una ley y el concurso para gestionar el ciclo integral del agua en Garrucha han propiciado la inesperada irrupción de una de las empresas más importantes de España en nuestra comarca. Una de las que forman parte del Ibex 35.
Codeur había puesto sus ojos en el servicio del abastecimiento y depuración de las aguas de la vecina villa pesquera, pero la norma vigente le impedía hincarle el diente en solitario, pues la ley de contratos públicos exige, para poder aspirar a hacerlo, haber acumulado una experiencia prestando el servicio en, al menos, tres municipios diferentes, y la empresa mixta veratense no había salido de los límites de su término municipal.
Así las cosas, entró en escena Aqualia, una filial del grupo FCC, asociándose a través del modelo UTE (Unión Temporal de Empresas) con Codeur. Codeur pasa así a tener el 49% de la nueva sociedad y no la mayoría por imperativo legal, ya que el socio mayoritario ha de ser el que acopia mayor experiencia en municipios distintos. Esta unión ha acabado ganando, y por sustancial diferencia, el concurso para la concesión del ciclo del agua en Garrucha, que ha conseguido por un periodo de 25 años. De ellos hablaremos después.
De otra parte, Aqualia y Codeur no sólo estarán ligados por una UTE, sino accionarialmente. La noticia saltó en RADIO ACTUALIDAD el 29 de enero, con el orden del día del pleno ordinario previsto en Vera para el día 31. Entre los temas a debatir, se encontraba el ejercicio del derecho de compra preferente del 21% de las acciones de la empresa mixta Codeur, aún en manos del socio privado Key Lanzarote.
Detrás de la compra está Aqualia, que ha ofrecido 5 millones de euros por el paquete, la misma cantidad que, en agosto del año pasado, pagó la SAT Climasol por el 23% también a la filial del grupo Key, que aún conservará, si consuma la venta a Aqualia, un 5%.
El equipo de gobierno fundamentó su renuncia al derecho de compra preferente “en la falta de consignación presupuestaria y en que no nos parece oportuno emplear cinco millones en adquirir el 21% de las acciones pero, sobre todo, porque nos parece muy interesante la incorporación a Codeur de un gigante de la tecnología del agua, como es Aqualia, que aportará una gran robustez a la empresa mixta”, afirmó el portavoz del gobierno veratense, Francisco Vázquez (PA).
Diametralmente opuesta es la opinión del PP. En palabras de Juan de la Cruz Belmonte “se ha perdido una ocasión extraordinaria para avanzar en la municipalización de la empresa mixta. Nosotros no pudimos hacerlo en 2012 porque descubrimos que las acciones estaban pignoradas, y la ley impide a las empresas públicas comprar un bien con cargas”.
“Además –prosigue Belmonte-, ahora hay dinero en las cuentas del Ayuntamiento para haber ejercido la compra gracias a que el actual gobierno ha seguido la senda iniciada por José Carmelo [alcalde popular en el mandato anterior]”.
EL CONCURSO
En cuanto a la licitación de la gestión del agua en Garrucha, no pocos tenían claro que la empresa mixta de Vera se haría con el concurso. Otras no se atrevían a decirlo y preferían morderse la lengua. Finalmente, el pasado 9 de enero, la mesa de contratación resolvía que la UTE formada por FCC Aqualia, S.A. y Codeur, S.A. había alcanzado más puntos que nadie en el cómputo total de la licitación, y el día 28 resolvió negativamente las alegaciones presentadas sobre su decisión.
La UTE quedó por delante de Hidralia, Amedida y la UTE compuesta por Valoriza y la pulpileña Talleres y Grúas González, y eso a pesar de no haber sido la aspirante que más dinero aportaba en concepto de canon por los 25 años de servicio.
La oferta de Aqualia-Codeur había propuesto 2.546.000 euros, una oferta inferior a los 3,8 millones ofertados por Amedida y muy por debajo de los 4,05 que presentó Hidralia, aunque bastante por encima de los 2,22 previstos en el sobre de la UTE Valoriza-Talleres y Grúas González. Sin embargo, para el tribunal este aspecto fue suficiente para superar a sus contrincantes, dada la amplísima ventaja que había obtenido en la puntuación de su propuesta técnica.
En ese capítulo, la opción participada por la compañía veratense había conseguido 39,75 sobre un total de 42 puntos, mientras el resto se tenía que conformar con poco más de la mitad y prácticamente empatados: 22,74 Amedida, 22,43 Valoriza-Talleres y Grúas González, y 21,38 Hidralia.
Hay que decir que, la valoración de esta oferta técnica depende, como señalan los componentes de la mesa de contratación, de un “juicio de valor”, y en cinco de las siete cuestiones a examinar, la UTE ganadora obtuvo la máxima puntuación posible, mientras que sus adversarias no llegaban a obtener ni la mitad.
Sin embargo, las tres sociedades ‘perdedoras’ presentaron alegaciones. También lo hizo Aqualia-Codeur, y la suya, basada en un error aritmético, fue la única tenida en cuenta. Así, pasó a obtener 4,41 puntos más, completando un total de 86,16, frente a la segunda oferta, que quedó en 79,38.
GALASA RECURRE
Finalmente, Galasa, la empresa pública, presentó el 17 de enero un recurso contencioso contra el concurso en los juzgados de Almería. El motivo es la ausencia de respuesta al que había interpuesto contra el procedimiento de licitación en noviembre de 2017.
Sin embargo, la alcaldesa, María Antonia López Cervantes (PSOE), confía en que la acción judicial emprendida por Galasa “será archivada, porque el silencio administrativo es negativo en ese caso para los intereses de quienes presentaron el recurso, y porque la empresa pública provincial tenía seis meses para emprender el contencioso, y ese tiempo ya expiró. Estamos hablando de una acción que comenzó en noviembre de 2017”.
Un tribunal con “más funcionarios de Cuevas que de Garrucha”
Bernardo Simón, concejal independiente, reprocha a la regidora “falta de transparencia por no haber invitado a la oposición a esta mesa de contratación, cuando sí lo ha hecho en las anteriores”.
Además, al edil le resulta “extraño que en ese tribunal haya más funcionarios de Cuevas del Almanzora que del Ayuntamiento de Garrucha”, aludiendo a que, de sus cinco miembros con voz y voto, dos son empleados del municipio vecino, además del presidente, el interventor Sergio Prados, que también es secretario del Consistorio cuevano.
Desde ‘Somos Garrucha’ señalan que la finalidad de privatizar el ciclo del agua es “tapar el agujero económico que ha originado la pésima gestión socialista y abrir una puerta giratoria para cuando los concejales del PSOE salgan del gobierno”.
Para el andalucista Francisco Vázquez “supondrá unos beneficios para el municipio, que es el máximo accionista de Codeur y, además, las aguas residuales de Garrucha empezarán a ser tratadas en nuestra depuradora y dejarán de ser arrojadas mal depuradas al mar, que no entiende de términos municipales, y acaban ensuciando también nuestras playas”.
Sin embargo, estas explicaciones no satisfacen al popular Belmonte. “Entendemos que una herramienta municipal debe estar al servicio del pueblo y no embarcarse en aventuras empresariales”, explica el concejal del PP veratense Juan de la Cruz Belmonte .
“Codeur debe regirse por los intereses de Vera, no por los del socio privado –prosigue-. Además, nos resulta muy extraño que todo el mundo supiera desde hace tiempo que el contrato acabaría siendo para la empresa veratense, a pesar de que había un concurso público por medio. Alguien debería dar alguna explicación”.
Codeur había puesto sus ojos en el servicio del abastecimiento y depuración de las aguas de la vecina villa pesquera, pero la norma vigente le impedía hincarle el diente en solitario, pues la ley de contratos públicos exige, para poder aspirar a hacerlo, haber acumulado una experiencia prestando el servicio en, al menos, tres municipios diferentes, y la empresa mixta veratense no había salido de los límites de su término municipal.
Así las cosas, entró en escena Aqualia, una filial del grupo FCC, asociándose a través del modelo UTE (Unión Temporal de Empresas) con Codeur. Codeur pasa así a tener el 49% de la nueva sociedad y no la mayoría por imperativo legal, ya que el socio mayoritario ha de ser el que acopia mayor experiencia en municipios distintos. Esta unión ha acabado ganando, y por sustancial diferencia, el concurso para la concesión del ciclo del agua en Garrucha, que ha conseguido por un periodo de 25 años. De ellos hablaremos después.
De otra parte, Aqualia y Codeur no sólo estarán ligados por una UTE, sino accionarialmente. La noticia saltó en RADIO ACTUALIDAD el 29 de enero, con el orden del día del pleno ordinario previsto en Vera para el día 31. Entre los temas a debatir, se encontraba el ejercicio del derecho de compra preferente del 21% de las acciones de la empresa mixta Codeur, aún en manos del socio privado Key Lanzarote.
Detrás de la compra está Aqualia, que ha ofrecido 5 millones de euros por el paquete, la misma cantidad que, en agosto del año pasado, pagó la SAT Climasol por el 23% también a la filial del grupo Key, que aún conservará, si consuma la venta a Aqualia, un 5%.
El equipo de gobierno fundamentó su renuncia al derecho de compra preferente “en la falta de consignación presupuestaria y en que no nos parece oportuno emplear cinco millones en adquirir el 21% de las acciones pero, sobre todo, porque nos parece muy interesante la incorporación a Codeur de un gigante de la tecnología del agua, como es Aqualia, que aportará una gran robustez a la empresa mixta”, afirmó el portavoz del gobierno veratense, Francisco Vázquez (PA).
Diametralmente opuesta es la opinión del PP. En palabras de Juan de la Cruz Belmonte “se ha perdido una ocasión extraordinaria para avanzar en la municipalización de la empresa mixta. Nosotros no pudimos hacerlo en 2012 porque descubrimos que las acciones estaban pignoradas, y la ley impide a las empresas públicas comprar un bien con cargas”.
“Además –prosigue Belmonte-, ahora hay dinero en las cuentas del Ayuntamiento para haber ejercido la compra gracias a que el actual gobierno ha seguido la senda iniciada por José Carmelo [alcalde popular en el mandato anterior]”.
EL CONCURSO
En cuanto a la licitación de la gestión del agua en Garrucha, no pocos tenían claro que la empresa mixta de Vera se haría con el concurso. Otras no se atrevían a decirlo y preferían morderse la lengua. Finalmente, el pasado 9 de enero, la mesa de contratación resolvía que la UTE formada por FCC Aqualia, S.A. y Codeur, S.A. había alcanzado más puntos que nadie en el cómputo total de la licitación, y el día 28 resolvió negativamente las alegaciones presentadas sobre su decisión.
La UTE quedó por delante de Hidralia, Amedida y la UTE compuesta por Valoriza y la pulpileña Talleres y Grúas González, y eso a pesar de no haber sido la aspirante que más dinero aportaba en concepto de canon por los 25 años de servicio.
La oferta de Aqualia-Codeur había propuesto 2.546.000 euros, una oferta inferior a los 3,8 millones ofertados por Amedida y muy por debajo de los 4,05 que presentó Hidralia, aunque bastante por encima de los 2,22 previstos en el sobre de la UTE Valoriza-Talleres y Grúas González. Sin embargo, para el tribunal este aspecto fue suficiente para superar a sus contrincantes, dada la amplísima ventaja que había obtenido en la puntuación de su propuesta técnica.
En ese capítulo, la opción participada por la compañía veratense había conseguido 39,75 sobre un total de 42 puntos, mientras el resto se tenía que conformar con poco más de la mitad y prácticamente empatados: 22,74 Amedida, 22,43 Valoriza-Talleres y Grúas González, y 21,38 Hidralia.
Hay que decir que, la valoración de esta oferta técnica depende, como señalan los componentes de la mesa de contratación, de un “juicio de valor”, y en cinco de las siete cuestiones a examinar, la UTE ganadora obtuvo la máxima puntuación posible, mientras que sus adversarias no llegaban a obtener ni la mitad.
Sin embargo, las tres sociedades ‘perdedoras’ presentaron alegaciones. También lo hizo Aqualia-Codeur, y la suya, basada en un error aritmético, fue la única tenida en cuenta. Así, pasó a obtener 4,41 puntos más, completando un total de 86,16, frente a la segunda oferta, que quedó en 79,38.
GALASA RECURRE
Finalmente, Galasa, la empresa pública, presentó el 17 de enero un recurso contencioso contra el concurso en los juzgados de Almería. El motivo es la ausencia de respuesta al que había interpuesto contra el procedimiento de licitación en noviembre de 2017.
Sin embargo, la alcaldesa, María Antonia López Cervantes (PSOE), confía en que la acción judicial emprendida por Galasa “será archivada, porque el silencio administrativo es negativo en ese caso para los intereses de quienes presentaron el recurso, y porque la empresa pública provincial tenía seis meses para emprender el contencioso, y ese tiempo ya expiró. Estamos hablando de una acción que comenzó en noviembre de 2017”.
Un tribunal con “más funcionarios de Cuevas que de Garrucha”
Bernardo Simón, concejal independiente, reprocha a la regidora “falta de transparencia por no haber invitado a la oposición a esta mesa de contratación, cuando sí lo ha hecho en las anteriores”.
Además, al edil le resulta “extraño que en ese tribunal haya más funcionarios de Cuevas del Almanzora que del Ayuntamiento de Garrucha”, aludiendo a que, de sus cinco miembros con voz y voto, dos son empleados del municipio vecino, además del presidente, el interventor Sergio Prados, que también es secretario del Consistorio cuevano.
Desde ‘Somos Garrucha’ señalan que la finalidad de privatizar el ciclo del agua es “tapar el agujero económico que ha originado la pésima gestión socialista y abrir una puerta giratoria para cuando los concejales del PSOE salgan del gobierno”.
Para el andalucista Francisco Vázquez “supondrá unos beneficios para el municipio, que es el máximo accionista de Codeur y, además, las aguas residuales de Garrucha empezarán a ser tratadas en nuestra depuradora y dejarán de ser arrojadas mal depuradas al mar, que no entiende de términos municipales, y acaban ensuciando también nuestras playas”.
Sin embargo, estas explicaciones no satisfacen al popular Belmonte. “Entendemos que una herramienta municipal debe estar al servicio del pueblo y no embarcarse en aventuras empresariales”, explica el concejal del PP veratense Juan de la Cruz Belmonte .
“Codeur debe regirse por los intereses de Vera, no por los del socio privado –prosigue-. Además, nos resulta muy extraño que todo el mundo supiera desde hace tiempo que el contrato acabaría siendo para la empresa veratense, a pesar de que había un concurso público por medio. Alguien debería dar alguna explicación”.
