ALMERÍA HOY / 17·12·2018
Una persona relacionada con la planta de Biodiesel de Carboneras atribuye a la planta haber ‘fumigado’ a sus operarios con aguas residuales y darles instrucciones para bombearlas al mar “en los días de lluvia”. Un vecino grabó un vídeo en el que se apreciaba la acción del vertido y agentes del Seprona y de la Policía local sorprendieron la misma acción dos días después. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la justicia.
El pasado 20 de octubre, un vecino de Carboneras fue testigo directo del vertido de aguas residuales al mar que estaba realizando presuntamente la fábrica de biodiesel que la empresa de Sorbas FJ Sánchez tiene en la localidad. Los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía y en muy pocos minutos, gracias a que esta persona grabó la acción en un vídeo que subió a las redes sociales, todo el pueblo estaba al corriente del suceso.
Tres días más tarde, alguien vinculado a la empresa —sobre cuya identidad no daremos más pistas por razones obvias— hacía llegar a RADIO ACTUALIDAD un testimonio por escrito en el que acusa a FJ Sánchez, entre otras cosas, de rociar a los trabajadores con aguas residuales y de dar instrucciones para “bombearla” al mar “en los días de lluvia. Fue una ocurrencia del jefe de depuradora con resultados por afortunados: “nos cayó en la piel y los ojos a los trabajadores durante cierto tiempo”.
TESTIMONIO
“La planta de Biodiesel no está conectada a la red de saneamiento del pueblo –explica en su carta esta persona- y, al ser una industria, genera mucha agua residual de los dos procesos que allí se dan: refinado de aceite comestible y fabricación de Biodiesel”. “En los inicios de la actividad –prosigue-, el agua residual se llevaba en cubas a las instalaciones de Galasa (Gestión de aguas del levante almeriense S.A), pero dicha empresa se negó a recibir más”.
“Toda el agua generada de ambos procesos –continúa el escrito-, va a la depuradora situada en las instalaciones, pero su tratamiento es insuficiente. De la depuradora se manda el agua residual a los depósitos de la bodega de aceite (entre 15 y 20 de unos 230 litros cada uno), así como al de contraincendios y otros. Esa agua contiene los residuos derivados de ambos procesos”.
“Al jefe de depuradora –continúa-, se le ocurrió la idea de instalar nebulizadores encima de los depósitos de la bodega, para así poder evaporar el excedente de agua.Eso nos cayó en la piel y los ojos a los trabajadores durante cierto tiempo, hasta que hubo quejas y se dejó de hacer, aunque se mantuvo la instalación de las líneas”. “El otro medio de poder deshacerse del agua residual –concluye nuestro informante-, es bien conocido por los trabajadores. Consistía en bombear en los días de lluvia el agua residual almacenada desde depuradora hacia el canal situado al lado del carril que separa las instalaciones de FJ Sánchez y la desaladora”.
Esta acción fue, precisamente, la captada en un vídeo por otro testigo a mediodía del domingo 20 de octubre.
La difusión de las imágenes movilizó a la Policía local y al Ayuntamiento, personándose el alcalde, Felipe Cayuela (GICAR), en el lugar de los hechos poco después de las 14:00, aunque en ese momento, según el regidor “ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia”. Minutos después, entró en escena un agente de la Policía portuaria y el (Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) quienes redactaron sus respectivos informes y levantaron sendas actas.
Entre las consecuencias del vertido, cabe destacar que ocasionó la paralización de la actividad de la planta desaladora colindante que, para el ejercicio de su actividad capta las aguas junto a la zona donde se produjo el vertido.
PIDEN LA PARALIZACIÓN DE LA PLANTA
Otra paralización bien distinta, en este caso la de la planta de biodiesel de FJ Sánchez, es la que ha solicitado Ecologistas en Acción con carácter cautelar acompañando a la denuncia de los hechos que ha presentado ante la Fiscalía Provincial “para evitar que continúe produciendo un daño ambiental irreparable”. Además, la asociación conservacionista alberga serias sospechas de que la instalación de la refinería de aceites no cuenta con toda la documentación requerida para ejercer su actividad.
De hecho, a la solicitud de información al respecto que cursó el 22 de noviembre de 2017, la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente respondióque “FJ Sánchez Sucesores SA presentó la solicitud para la Autorización Ambiental Integrada el 20 de mayo de 2015, que [aún] se tramita en esta Delegación”, según puede leerse en el documento al que hemos tenido acceso. O, lo que es lo mismo, que hace poco menos de un año carecía de ese requisito indispensable.
En ese mismo documento, la Delegación informa sobre la existencia de un “expediente sancionador en procedimiento tras denuncias recibidas por parte de agentes de Medio Ambiente y de la patrulla del Seprona de la Guardia Civil”, por lo que podríamos estar ante un caso de contrastada reincidencia.
En ese sentido, el representante legal de la empresa tendría que haber declarado el 25 de octubre ante la titular del Juzgado número 1 de Vera en la causa penal que se sigue contra FJ Sánchez por un presunto delito medioambiental a raíz de un vertido de aceite detectado el pasado 11 de abril como consecuencia de que el gerente de Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba “emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades”.
Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que “efectivamente” brotaba del lateral de ladera de la montaña “un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite” y el gerente les comunicó que, probablemente, “provenía” de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.
Sin embargo, la vista se suspendió y aplazado hasta mayo al estimar la juez la petición del declarante de hacerlo por videoconferencia al residir fuera de la provincia. Además, el alcalde de Carboneras nos comunicaba que el 23 de octubre, a las 13.20 horas, agentes de la Policía Local y del Seprona habían comprobado cómo los vertidos volvían a llegar al mar.
Al mismo tiempo, el regidor carbonero daba órdenes al letrado del Ayuntamiento para personarse en el procedimiento abierto y, de esa manera, “estar informados de todas las actuaciones que se realicen con respecto a este asunto”.
“Estos vertidos suponen -declara el alcalde- un atentado contra la salud y la economía de todo el pueblo de Carboneras. No olvidemos que se está envenenando a las especies que capturan nuestros pescadores y poniendo en peligro su modo de vida. El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante este atentado ecológico, con agravantes de reincidencia manifiestas, como estamos observando. No todo vale en el mundo de la economía”.
El pasado 20 de octubre, un vecino de Carboneras fue testigo directo del vertido de aguas residuales al mar que estaba realizando presuntamente la fábrica de biodiesel que la empresa de Sorbas FJ Sánchez tiene en la localidad. Los hechos tuvieron lugar alrededor del mediodía y en muy pocos minutos, gracias a que esta persona grabó la acción en un vídeo que subió a las redes sociales, todo el pueblo estaba al corriente del suceso.
Tres días más tarde, alguien vinculado a la empresa —sobre cuya identidad no daremos más pistas por razones obvias— hacía llegar a RADIO ACTUALIDAD un testimonio por escrito en el que acusa a FJ Sánchez, entre otras cosas, de rociar a los trabajadores con aguas residuales y de dar instrucciones para “bombearla” al mar “en los días de lluvia. Fue una ocurrencia del jefe de depuradora con resultados por afortunados: “nos cayó en la piel y los ojos a los trabajadores durante cierto tiempo”.
TESTIMONIO
“La planta de Biodiesel no está conectada a la red de saneamiento del pueblo –explica en su carta esta persona- y, al ser una industria, genera mucha agua residual de los dos procesos que allí se dan: refinado de aceite comestible y fabricación de Biodiesel”. “En los inicios de la actividad –prosigue-, el agua residual se llevaba en cubas a las instalaciones de Galasa (Gestión de aguas del levante almeriense S.A), pero dicha empresa se negó a recibir más”.
“Toda el agua generada de ambos procesos –continúa el escrito-, va a la depuradora situada en las instalaciones, pero su tratamiento es insuficiente. De la depuradora se manda el agua residual a los depósitos de la bodega de aceite (entre 15 y 20 de unos 230 litros cada uno), así como al de contraincendios y otros. Esa agua contiene los residuos derivados de ambos procesos”.
“Al jefe de depuradora –continúa-, se le ocurrió la idea de instalar nebulizadores encima de los depósitos de la bodega, para así poder evaporar el excedente de agua.Eso nos cayó en la piel y los ojos a los trabajadores durante cierto tiempo, hasta que hubo quejas y se dejó de hacer, aunque se mantuvo la instalación de las líneas”. “El otro medio de poder deshacerse del agua residual –concluye nuestro informante-, es bien conocido por los trabajadores. Consistía en bombear en los días de lluvia el agua residual almacenada desde depuradora hacia el canal situado al lado del carril que separa las instalaciones de FJ Sánchez y la desaladora”.
Esta acción fue, precisamente, la captada en un vídeo por otro testigo a mediodía del domingo 20 de octubre.
La difusión de las imágenes movilizó a la Policía local y al Ayuntamiento, personándose el alcalde, Felipe Cayuela (GICAR), en el lugar de los hechos poco después de las 14:00, aunque en ese momento, según el regidor “ya no había vertidos, solo bajaba el agua de lluvia”. Minutos después, entró en escena un agente de la Policía portuaria y el (Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) quienes redactaron sus respectivos informes y levantaron sendas actas.
Entre las consecuencias del vertido, cabe destacar que ocasionó la paralización de la actividad de la planta desaladora colindante que, para el ejercicio de su actividad capta las aguas junto a la zona donde se produjo el vertido.
PIDEN LA PARALIZACIÓN DE LA PLANTA
Otra paralización bien distinta, en este caso la de la planta de biodiesel de FJ Sánchez, es la que ha solicitado Ecologistas en Acción con carácter cautelar acompañando a la denuncia de los hechos que ha presentado ante la Fiscalía Provincial “para evitar que continúe produciendo un daño ambiental irreparable”. Además, la asociación conservacionista alberga serias sospechas de que la instalación de la refinería de aceites no cuenta con toda la documentación requerida para ejercer su actividad.
De hecho, a la solicitud de información al respecto que cursó el 22 de noviembre de 2017, la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente respondióque “FJ Sánchez Sucesores SA presentó la solicitud para la Autorización Ambiental Integrada el 20 de mayo de 2015, que [aún] se tramita en esta Delegación”, según puede leerse en el documento al que hemos tenido acceso. O, lo que es lo mismo, que hace poco menos de un año carecía de ese requisito indispensable.
En ese mismo documento, la Delegación informa sobre la existencia de un “expediente sancionador en procedimiento tras denuncias recibidas por parte de agentes de Medio Ambiente y de la patrulla del Seprona de la Guardia Civil”, por lo que podríamos estar ante un caso de contrastada reincidencia.
En ese sentido, el representante legal de la empresa tendría que haber declarado el 25 de octubre ante la titular del Juzgado número 1 de Vera en la causa penal que se sigue contra FJ Sánchez por un presunto delito medioambiental a raíz de un vertido de aceite detectado el pasado 11 de abril como consecuencia de que el gerente de Acuamed informase a la Guardia Civil de que por una de las paredes de la instalación estaba “emanando un residuo líquido viscoso de color negro en grandes cantidades”.
Cuando los agentes se desplazaron al lugar, comprobaron que “efectivamente” brotaba del lateral de ladera de la montaña “un líquido viscoso de color negro con un fuerte olor a aceite” y el gerente les comunicó que, probablemente, “provenía” de las instalaciones de la refinería de aceite vegetal que se encuentra en las proximidades de la desaladora.
Sin embargo, la vista se suspendió y aplazado hasta mayo al estimar la juez la petición del declarante de hacerlo por videoconferencia al residir fuera de la provincia. Además, el alcalde de Carboneras nos comunicaba que el 23 de octubre, a las 13.20 horas, agentes de la Policía Local y del Seprona habían comprobado cómo los vertidos volvían a llegar al mar.
Al mismo tiempo, el regidor carbonero daba órdenes al letrado del Ayuntamiento para personarse en el procedimiento abierto y, de esa manera, “estar informados de todas las actuaciones que se realicen con respecto a este asunto”.
“Estos vertidos suponen -declara el alcalde- un atentado contra la salud y la economía de todo el pueblo de Carboneras. No olvidemos que se está envenenando a las especies que capturan nuestros pescadores y poniendo en peligro su modo de vida. El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante este atentado ecológico, con agravantes de reincidencia manifiestas, como estamos observando. No todo vale en el mundo de la economía”.
