ALMERÍA HOY / 21·12·2018
Hace casi un año, varios vecinos del barrio almeriense de El Puche, entre ellos los pensionistas Juan y Manuel, salieron a la calle de forma espontánea para quejarse de las consecuencias que sufrían -y siguen sufriendo- por los cortes de luz. En el caso de Juan la situación se agrava ya que por cuestión de salud su esposa necesita del suministro eléctrico para poder tener activa la máquina de oxígeno que requiere.
Según varios testigos, al lugar se acercaron varios agentes que, tras comprobar que la reunión no estaba convocada oficialmente y se congregaban más de 20 personas, preguntaron por los organizadores. La respuesta del grupo fue unánime “tras muchos cortes de luz seguidos, ese día salimos todos a nuestras puertas y de forma espontánea decidimos reclamar nuestros derechos, no podemos seguir viviendo así. La convocatoria fue fruto del cansancio y de la indignación y no de nadie en concreto. En todo caso los responsables de su organización son la administración pública y Endesa que hacen caso omiso a nuestros derechos, reclamaciones y propuestas de mejora”.
Uno de los vecinos relata que los agentes preguntaron al grupo si alguien cobraba algún tipo de prestación. “Todos nos callamos menos Juan y Manuel que dijeron que eran pensionistas y justo después les multaron”. La sanción de 1000 euros cada uno, tiene su base en el artículo 37.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. A ambos se les imputa por “graves desórdenes públicos, negativa a identificase y participación en la organización de la concentración”.
Con el apoyo de varios colectivos sociales, la AAVV El Puche, el vecindario y las más de 40.000 firmas recogidas a través de la Plataforma Change.org, Juan y Manuel, interpusieron alegaciones contra el expediente sancionador exponiendo los hechos tal como consideran que ocurrieron.
La resolución de la Subdelegación del Gobierno en Almería presidida por Manuel de la Fuente Arias ha sido reducir la multa y anular algunos cargos, sin embargo, Juan y Manuel, y quienes apoyan esta causa, consideran que no debería reducirse sino anularse por completo ya que los hechos de los agentes no se ajustan a la realidad de lo que sucedió.
«La Asociación de Vecinas y Vecinos El Puche que ha mostrado su indignación en varias ocasiones ante este caso, insiste en que la Ley Mordaza no entiende de nada, no entiende de edad, ni salarios y mucho menos de los derechos sociales más básicos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado —las del PP antes y las del PSOE ahora— deberían estar para proteger nuestros derechos y encauzar la protesta, no para multar a dos pensionistas que salieron a la calle junto a 50 personas más para reclamar sus derechos. Estamos ante unos actos de represión desmedida. Antes con el Partido Popular y ahora con el PSOE la Ley Mordaza sigue siendo igual».
«Hoy Juan y Manuel de nuevo han hecho entrega de un nuevo recurso contra la resolución del expediente sancionador emitido por la subdelegación del Gobierno, sin embargo, consideran que esto ya no se trata de una cuestión administrativa sino de voluntad política ante una injusticia palpable. La AAVV El Puche insiste que “la Subdelegación del Gobierno en Almería prefiere castigar a los pensionista Juan y Manuel y amparar a las eléctricas, prefiere las puertas giratorias antes que solucionar los problemas de un barrio ya de por sí castigado y olvidado por todas las administraciones públicas».
Según varios testigos, al lugar se acercaron varios agentes que, tras comprobar que la reunión no estaba convocada oficialmente y se congregaban más de 20 personas, preguntaron por los organizadores. La respuesta del grupo fue unánime “tras muchos cortes de luz seguidos, ese día salimos todos a nuestras puertas y de forma espontánea decidimos reclamar nuestros derechos, no podemos seguir viviendo así. La convocatoria fue fruto del cansancio y de la indignación y no de nadie en concreto. En todo caso los responsables de su organización son la administración pública y Endesa que hacen caso omiso a nuestros derechos, reclamaciones y propuestas de mejora”.
Uno de los vecinos relata que los agentes preguntaron al grupo si alguien cobraba algún tipo de prestación. “Todos nos callamos menos Juan y Manuel que dijeron que eran pensionistas y justo después les multaron”. La sanción de 1000 euros cada uno, tiene su base en el artículo 37.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. A ambos se les imputa por “graves desórdenes públicos, negativa a identificase y participación en la organización de la concentración”.
Con el apoyo de varios colectivos sociales, la AAVV El Puche, el vecindario y las más de 40.000 firmas recogidas a través de la Plataforma Change.org, Juan y Manuel, interpusieron alegaciones contra el expediente sancionador exponiendo los hechos tal como consideran que ocurrieron.
La resolución de la Subdelegación del Gobierno en Almería presidida por Manuel de la Fuente Arias ha sido reducir la multa y anular algunos cargos, sin embargo, Juan y Manuel, y quienes apoyan esta causa, consideran que no debería reducirse sino anularse por completo ya que los hechos de los agentes no se ajustan a la realidad de lo que sucedió.
«La Asociación de Vecinas y Vecinos El Puche que ha mostrado su indignación en varias ocasiones ante este caso, insiste en que la Ley Mordaza no entiende de nada, no entiende de edad, ni salarios y mucho menos de los derechos sociales más básicos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado —las del PP antes y las del PSOE ahora— deberían estar para proteger nuestros derechos y encauzar la protesta, no para multar a dos pensionistas que salieron a la calle junto a 50 personas más para reclamar sus derechos. Estamos ante unos actos de represión desmedida. Antes con el Partido Popular y ahora con el PSOE la Ley Mordaza sigue siendo igual».
«Hoy Juan y Manuel de nuevo han hecho entrega de un nuevo recurso contra la resolución del expediente sancionador emitido por la subdelegación del Gobierno, sin embargo, consideran que esto ya no se trata de una cuestión administrativa sino de voluntad política ante una injusticia palpable. La AAVV El Puche insiste que “la Subdelegación del Gobierno en Almería prefiere castigar a los pensionista Juan y Manuel y amparar a las eléctricas, prefiere las puertas giratorias antes que solucionar los problemas de un barrio ya de por sí castigado y olvidado por todas las administraciones públicas».
