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| Río Antas, 28 de septiembre de 2012. Puente del Colorao instantes antes de que lo destruyeran las aguas. |
ALMERÍA HOY / 21·11·2018
En la mañana de este martes se ha reunido la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional (AN) para deliberar y dictar sentencia sobre la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Vera contra el Gobierno de España por no acometer las obras de laminación en cabecera del río Antas, declaradas de interés general en el PHN.
Hace un año...
En diciembre de 2017, el auto de los magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), que desestimaba las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado al recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Vera contra el Gobierno Central por no llevar a cabo las obras de laminación en la cabecera del río Antas, «es un indicio que vislumbra el final del procedimiento», usando las palabras de Francisco Vázquez (PA), portavoz del equipo de Gobierno de Vera.
Además, el tribunal ya condenaba entonces al Estado a pagar las costas derivadas de la tramitación y respuesta a sus alegaciones.
El edil andalucista se mostraba «contento» por aquella decisión de los magistrados y emplazaba al ejecutivo de la Nación a iniciar los trabajos tras haber recibido la notificación del auto el pasado 15 de noviembre. «Si Rajoy tuviera vergüenza empezaría ya las obras. Se está jugando con la vida de las personas y eso debe roer las tripas de un presidente», decía sobre el entonces presidente del Gobierno.
En su resolución, la Audiencia señalaba, literalmente, que «el Gobierno debía desarrollar, durante el período 2001-2008, las inversiones relacionadas en el Anexo II» de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 5 de julio de 2001. Entre esas «inversiones relacionadas», una de ellas corresponde a las obras de laminación en la cabecera del río Antas, una cuestión que venía siendo objeto de disquisición entre Junta de Andalucía y Gobierno de España sobre cuál era la administración competente para realizarlas.
El ejecutivo de la Nación y el Partido Popular defendían que, al tratarse de una cuenca andaluza, ésta era la administración que debía pagar y ejecutar las obras, en tanto que Junta y PSOE repetían, por activa y por pasiva, que al estar calificadas por el Anexo II del PHN como de «interés general», correspondía su realización al poder central.
En este estado de cosas, poco después del retorno andalucista al Gobierno de Vera, la localidad más castigada por la riada de 2012 que llegó a cobrarse dos víctimas mortales entre sus habitantes, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 22 de septiembre de 2015 la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el ejecutivo de la Nación por no llevar a cabo las obras referidas en el río Antas.
El punto del orden del día fue aprobado gracias a los votos a favor de andalucistas y socialistas y la abstención del Grupo Popular, que exigía que «se denunciara también a la Junta de Andalucía por no acometer el dragado y la limpieza del cauce».
El recurso interpuesto por el Ayuntamiento fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional el 17 de febrero de 2016, pero el Gobierno de España respondió solicitando su archivo en base a tres alegaciones. En primer lugar, el Abogado del Estado opuso «extemporaneidad», es decir, que no se había presentado el recurso en los plazos previstos por la Ley para poder hacerlo.
En segundo lugar, argumentó «la inexistencia de obligación exigible», porque según el mismo letrado, las «obras de laminación de avenidas del río Antas» no constituyen una obligación «impugnable».
Por último, el representante jurídico del Estado invocó «la falta de legitimación del recurrente», es decir, del Ayuntamiento de Vera, porque, a su parecer, el objeto de la demanda no consta «entre las materias cuya competencia se otorga a los municipios».
Vera acertó
En cuanto a la legitimad del Ayuntamiento de Vera para interponer el recurso, la Audiencia es contundente al responder que el Consistorio «tiene derecho a ejercitar las acciones necesarias en defensa de sus bienes y derechos». Sin embargo, el párrafo de más calado y trascendencia del auto es el que desestima la segunda de las alegaciones, la referente a «la inexistencia de obligación exigible» al Gobierno de España por parte de su homólogo veratense.
La opinión de la Audiencia no deja lugar a dudas: «El Gobierno debía desarrollar, durante el periodo 2001-2008, las inversiones relacionadas en el Anexo II de la Ley [las obras de laminación en la cabecera del río Antas], debiendo recoger las correspondientes leyes de Presupuestos los compromisos de gastos adecuados y suficientes para el citado plan de inversiones».
Es decir, el tribunal señala de manera explícita que las obras de laminación del río Antas son competencia del Estado y que éste tenía que haberlas ejecutado antes de 2008. Desde 2001, año en que comenzó el compromiso del Gobierno Central, se han sucedido, hasta hoy, cuatro con Aznar
como presidente, siete con Zapatero al frente del ejecutivo y seis que ha cumplido ya Rajoy.
Queda la sentencia
No podemos obviar que no se trata de una sentencia, sino únicamente de un argumento jurídico explicitado en un auto de respuesta a unas alegaciones, pero tampoco debemos pasar por alto que se trata de una tesis sostenida por los mismos magistrados que habrán de firmar el veredicto sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.
Así lo entiende el portavoz del equipo de gobierno veratense, Francisco Vázquez (PA). «Todavía no se ha entrado en el fondo de la cuestión —señala el edil—, pero el auto de la Audiencia Nacional es un indicio que nos permite vislumbrar el final del procedimiento y, por eso, lo hemos recibido con alegría».
«Estamos recogiendo firmas para que el Gobierno incluya en los presupuestos del año que viene dinero para hacer estas obras —desvela Vázquez—. Con lo que pagó el Consorcio de Seguros en concepto de indemnizaciones por los daños ocasionados durante la riada de 2012, se podían haber hecho tres obras como las previstas y salvado vidas. Además, las balsas a construir acumularían agua para uso agrícola y generarían recursos para la comarca. Si Rajoy tuviera vergüenza empezaría ya las obras. Se está jugando con la vida de las personas y eso debe roer las tripas de un presidente».
Hace un año...
En diciembre de 2017, el auto de los magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), que desestimaba las alegaciones presentadas por el Abogado del Estado al recurso contencioso administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Vera contra el Gobierno Central por no llevar a cabo las obras de laminación en la cabecera del río Antas, «es un indicio que vislumbra el final del procedimiento», usando las palabras de Francisco Vázquez (PA), portavoz del equipo de Gobierno de Vera.
Además, el tribunal ya condenaba entonces al Estado a pagar las costas derivadas de la tramitación y respuesta a sus alegaciones.
El edil andalucista se mostraba «contento» por aquella decisión de los magistrados y emplazaba al ejecutivo de la Nación a iniciar los trabajos tras haber recibido la notificación del auto el pasado 15 de noviembre. «Si Rajoy tuviera vergüenza empezaría ya las obras. Se está jugando con la vida de las personas y eso debe roer las tripas de un presidente», decía sobre el entonces presidente del Gobierno.
En su resolución, la Audiencia señalaba, literalmente, que «el Gobierno debía desarrollar, durante el período 2001-2008, las inversiones relacionadas en el Anexo II» de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 5 de julio de 2001. Entre esas «inversiones relacionadas», una de ellas corresponde a las obras de laminación en la cabecera del río Antas, una cuestión que venía siendo objeto de disquisición entre Junta de Andalucía y Gobierno de España sobre cuál era la administración competente para realizarlas.
El ejecutivo de la Nación y el Partido Popular defendían que, al tratarse de una cuenca andaluza, ésta era la administración que debía pagar y ejecutar las obras, en tanto que Junta y PSOE repetían, por activa y por pasiva, que al estar calificadas por el Anexo II del PHN como de «interés general», correspondía su realización al poder central.
En este estado de cosas, poco después del retorno andalucista al Gobierno de Vera, la localidad más castigada por la riada de 2012 que llegó a cobrarse dos víctimas mortales entre sus habitantes, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el 22 de septiembre de 2015 la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el ejecutivo de la Nación por no llevar a cabo las obras referidas en el río Antas.
El punto del orden del día fue aprobado gracias a los votos a favor de andalucistas y socialistas y la abstención del Grupo Popular, que exigía que «se denunciara también a la Junta de Andalucía por no acometer el dragado y la limpieza del cauce».
El recurso interpuesto por el Ayuntamiento fue admitido a trámite por la Audiencia Nacional el 17 de febrero de 2016, pero el Gobierno de España respondió solicitando su archivo en base a tres alegaciones. En primer lugar, el Abogado del Estado opuso «extemporaneidad», es decir, que no se había presentado el recurso en los plazos previstos por la Ley para poder hacerlo.
En segundo lugar, argumentó «la inexistencia de obligación exigible», porque según el mismo letrado, las «obras de laminación de avenidas del río Antas» no constituyen una obligación «impugnable».
Por último, el representante jurídico del Estado invocó «la falta de legitimación del recurrente», es decir, del Ayuntamiento de Vera, porque, a su parecer, el objeto de la demanda no consta «entre las materias cuya competencia se otorga a los municipios».
Vera acertó
En cuanto a la legitimad del Ayuntamiento de Vera para interponer el recurso, la Audiencia es contundente al responder que el Consistorio «tiene derecho a ejercitar las acciones necesarias en defensa de sus bienes y derechos». Sin embargo, el párrafo de más calado y trascendencia del auto es el que desestima la segunda de las alegaciones, la referente a «la inexistencia de obligación exigible» al Gobierno de España por parte de su homólogo veratense.
La opinión de la Audiencia no deja lugar a dudas: «El Gobierno debía desarrollar, durante el periodo 2001-2008, las inversiones relacionadas en el Anexo II de la Ley [las obras de laminación en la cabecera del río Antas], debiendo recoger las correspondientes leyes de Presupuestos los compromisos de gastos adecuados y suficientes para el citado plan de inversiones».
Es decir, el tribunal señala de manera explícita que las obras de laminación del río Antas son competencia del Estado y que éste tenía que haberlas ejecutado antes de 2008. Desde 2001, año en que comenzó el compromiso del Gobierno Central, se han sucedido, hasta hoy, cuatro con Aznar
como presidente, siete con Zapatero al frente del ejecutivo y seis que ha cumplido ya Rajoy.
Queda la sentencia
No podemos obviar que no se trata de una sentencia, sino únicamente de un argumento jurídico explicitado en un auto de respuesta a unas alegaciones, pero tampoco debemos pasar por alto que se trata de una tesis sostenida por los mismos magistrados que habrán de firmar el veredicto sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.
Así lo entiende el portavoz del equipo de gobierno veratense, Francisco Vázquez (PA). «Todavía no se ha entrado en el fondo de la cuestión —señala el edil—, pero el auto de la Audiencia Nacional es un indicio que nos permite vislumbrar el final del procedimiento y, por eso, lo hemos recibido con alegría».
«Estamos recogiendo firmas para que el Gobierno incluya en los presupuestos del año que viene dinero para hacer estas obras —desvela Vázquez—. Con lo que pagó el Consorcio de Seguros en concepto de indemnizaciones por los daños ocasionados durante la riada de 2012, se podían haber hecho tres obras como las previstas y salvado vidas. Además, las balsas a construir acumularían agua para uso agrícola y generarían recursos para la comarca. Si Rajoy tuviera vergüenza empezaría ya las obras. Se está jugando con la vida de las personas y eso debe roer las tripas de un presidente».
