ALMERÍA HOY / 25·10·2018
Los días 26 y 28 de noviembre la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almeria acoge el juicio contra J.M.G. y contra J.A.A., acusados de delitos de estafa y falsedad, por los que se enfrentan a una petición fiscal de cinco años de cárcel, inhabilitación para sufragio pasivo por el mismo plazo, multa de 11 meses a razón de nueve euros diarios, y el pago en concepto de indemnizaciones de 36.990,45 euros a Cetelem, y de 8.000 euros a FinanMadrid.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, J.M.G., de nacionalidad española y con antecedentes penales, y J.A.A., también español pero sin antecedentes, tras fotocopiar el DNI de varias personas sin su consentimiento, o bien si que éstas supieran el verdadero fin de facilitarles sus datos personales, adquirieron entre junio y octubre de 2010 motos de gran cilindrada financiando las compras a través de aseguradoras, que autorizaban la operación tras presentarles documentación laboral de los presuntos compradores con la que engañaban a la financiera cobre la solvencia de éstos.
Una vez entregadas las motos, el fiscal sostiene que las ofertaron en internet a un precio inferior al financiado, incorporando el dinero a su patrimonio, en perjuicio de las aseguradoras, a las que no se pagó ninguna mensualidad de los préstamos al ser los compradores insolventes o incluso, en algunos casos, indigentes.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, J.M.G., de nacionalidad española y con antecedentes penales, y J.A.A., también español pero sin antecedentes, tras fotocopiar el DNI de varias personas sin su consentimiento, o bien si que éstas supieran el verdadero fin de facilitarles sus datos personales, adquirieron entre junio y octubre de 2010 motos de gran cilindrada financiando las compras a través de aseguradoras, que autorizaban la operación tras presentarles documentación laboral de los presuntos compradores con la que engañaban a la financiera cobre la solvencia de éstos.
Una vez entregadas las motos, el fiscal sostiene que las ofertaron en internet a un precio inferior al financiado, incorporando el dinero a su patrimonio, en perjuicio de las aseguradoras, a las que no se pagó ninguna mensualidad de los préstamos al ser los compradores insolventes o incluso, en algunos casos, indigentes.
