Grupos de la oposición lamentan la «imagen» que supone para el municipio tener al exalcalde y también al actual regidor pendientes de juicios que pueden llevarles a la cárcel
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| El alcalde de El Ejido se adentra en la Audiencia Provincial de Almería (archivo). Imagen: PERQ. |
ALMERÍA HOY / 14·09·2018
«La actitud del alcalde de El Ejido con su juicio pendiente se parece a la de la Pantoja y a la de la infanta Cristina». Son palabras del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ejidense, José Miguel Alarcón, con las que lamenta la situación judicial de Francisco Góngora, quien espera el juicio por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y falsedad en documento público en la operación de compraventa de una finca rústica en la que participó una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio.
«La Pantoja y la infanta se excusaban diciendo que ellas no sabían nada, que todo lo hacían sus parejas, y nuestro alcalde se justifica diciendo que él no tiene nada que ver con eso, que son otros, viene a decir que no se enteraba de lo que hacía su hermano», añade Alarcón, quien augura «un otoño y una primavera calentitos» en El Ejido a cuenta de esta causa judicial pendiente del regidor ejidense. «Es una vergüenza, El Ejido no se lo merece», lamenta el concejal socialista.
La opinión de José Miguel Alarcón no es única en la Corporación ejidense. En ese sentido, la concejal de UPyD, Eva Liria, también muestra su «sorpresa» por el retraso de este juicio. «No estamos hablando, como en el 'caso Poniente', de una macrocausa judicial, pero también llevamos varios años con esto pendiente, y mientras tanto el nombre de El Ejido en tela de juicio. No es normal que el anterior alcalde, Juan Enciso, haya estado en la cárcel, y que el actual alcalde, Francisco Góngora, pueda entrar también».
Por su parte, el edil de Ciudadanos, Cayetano Andreu, también opina parecido. «Es lamentable para la imagen de nuestro pueblo tener a un alcalde imputado», sentido en el que espera que «el próximo alcalde esté libre de mácula».
Destacar que este medio ha tratado de contar con la versión de Francisco Góngora para incluirla en este texto, pero no ha mostrado interés en ello. Así, recordar que el titular del Juzgado de Instrucción 2 desestimó los recursos de reforma interpuestos por las defensas contra la resolución, de 21 julio de 2014, por la que se acordaba imputar a los cuatro a la vista de un informe emitido por la AEAT y abrir pieza separada de responsabilidad civil imponiendo una fianza, conjunta y solidaria, de más de 2,3 millones de euros.
Con relación al delito fiscal, el juez asegura que, cuando la defensa de Góngora sostiene que el informe de la AEAT «exime de responsabilidad» al regidor para «atribuírsela en exclusiva a su hermano», se «olvida» la doctrina del Tribunal Supremo (TS), que señala que «cabe perfectamente la figura del cooperador necesario», y que, «de no ser por uno de los socios, estaríamos ante una sociedad que se calificaría de estrictamente familiar».
Por su parte, las últimas palabras del alcalde de El Ejido a este respecto se remontan al año pasado. Entonces, Góngora decía lo siguiente: «Para mí, lo más importante es que se sepa de qué estamos hablando: una compraventa en la cual, el PAL —partido de Juan Enciso— interpuso una denuncia diciendo que yo, en mi etapa de concejal de Urbanismo, me había aprovechado de mi cargo, acusándome de tráfico de influencias. Y eso quedó absolutamente claro y archivado en su momento», dijo entonces en rueda de prensa, donde también mostraba su «sorpresa y extrañeza» porque «aún no se ha notificado a ninguna de las partes» ese escrito de acusación del Ministerio Fiscal. «Es lamentable que tenga que enterarme por la prensa, siendo parte personada», decía, añadiendo que «alguien debería de ofrecer alguna explicación al respecto».
Así, el regidor insistía en que «nada tiene que ver» el asunto con su cargo público, pues el PGOU de 1998 ya preveía el cambio de declaración de los suelos afectados como urbanizables, y Góngora entró como edil de Urbanismo en 1999.
«Todo radica en la compraventa que se realiza en 2004, y la controversia está en si la compraventa se considera realizada entre 2004 y el 31 de enero de 2006, no hay ningún delito fiscal, porque el régimen de tributación de las sociedades patrimoniales en esa fecha es un tipo de gravamen del 15%», ha aclarado el primer edil, subrayando que «si se considerara que se efectúa con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, ya sí cambia la tributación al 30%».
Asimismo, Góngora recuerda que no es administrador de la sociedad. «Hay un administrador único con plenas facultades», subraya, aseverando que dicho administrador «es economista y asesor fiscal, y es el que ha llevado la gestión de esa sociedad».
«La Pantoja y la infanta se excusaban diciendo que ellas no sabían nada, que todo lo hacían sus parejas, y nuestro alcalde se justifica diciendo que él no tiene nada que ver con eso, que son otros, viene a decir que no se enteraba de lo que hacía su hermano», añade Alarcón, quien augura «un otoño y una primavera calentitos» en El Ejido a cuenta de esta causa judicial pendiente del regidor ejidense. «Es una vergüenza, El Ejido no se lo merece», lamenta el concejal socialista.
La opinión de José Miguel Alarcón no es única en la Corporación ejidense. En ese sentido, la concejal de UPyD, Eva Liria, también muestra su «sorpresa» por el retraso de este juicio. «No estamos hablando, como en el 'caso Poniente', de una macrocausa judicial, pero también llevamos varios años con esto pendiente, y mientras tanto el nombre de El Ejido en tela de juicio. No es normal que el anterior alcalde, Juan Enciso, haya estado en la cárcel, y que el actual alcalde, Francisco Góngora, pueda entrar también».
Por su parte, el edil de Ciudadanos, Cayetano Andreu, también opina parecido. «Es lamentable para la imagen de nuestro pueblo tener a un alcalde imputado», sentido en el que espera que «el próximo alcalde esté libre de mácula».
Destacar que este medio ha tratado de contar con la versión de Francisco Góngora para incluirla en este texto, pero no ha mostrado interés en ello. Así, recordar que el titular del Juzgado de Instrucción 2 desestimó los recursos de reforma interpuestos por las defensas contra la resolución, de 21 julio de 2014, por la que se acordaba imputar a los cuatro a la vista de un informe emitido por la AEAT y abrir pieza separada de responsabilidad civil imponiendo una fianza, conjunta y solidaria, de más de 2,3 millones de euros.
Con relación al delito fiscal, el juez asegura que, cuando la defensa de Góngora sostiene que el informe de la AEAT «exime de responsabilidad» al regidor para «atribuírsela en exclusiva a su hermano», se «olvida» la doctrina del Tribunal Supremo (TS), que señala que «cabe perfectamente la figura del cooperador necesario», y que, «de no ser por uno de los socios, estaríamos ante una sociedad que se calificaría de estrictamente familiar».
Por su parte, las últimas palabras del alcalde de El Ejido a este respecto se remontan al año pasado. Entonces, Góngora decía lo siguiente: «Para mí, lo más importante es que se sepa de qué estamos hablando: una compraventa en la cual, el PAL —partido de Juan Enciso— interpuso una denuncia diciendo que yo, en mi etapa de concejal de Urbanismo, me había aprovechado de mi cargo, acusándome de tráfico de influencias. Y eso quedó absolutamente claro y archivado en su momento», dijo entonces en rueda de prensa, donde también mostraba su «sorpresa y extrañeza» porque «aún no se ha notificado a ninguna de las partes» ese escrito de acusación del Ministerio Fiscal. «Es lamentable que tenga que enterarme por la prensa, siendo parte personada», decía, añadiendo que «alguien debería de ofrecer alguna explicación al respecto».
Así, el regidor insistía en que «nada tiene que ver» el asunto con su cargo público, pues el PGOU de 1998 ya preveía el cambio de declaración de los suelos afectados como urbanizables, y Góngora entró como edil de Urbanismo en 1999.
«Todo radica en la compraventa que se realiza en 2004, y la controversia está en si la compraventa se considera realizada entre 2004 y el 31 de enero de 2006, no hay ningún delito fiscal, porque el régimen de tributación de las sociedades patrimoniales en esa fecha es un tipo de gravamen del 15%», ha aclarado el primer edil, subrayando que «si se considerara que se efectúa con posterioridad al 31 de diciembre de 2006, ya sí cambia la tributación al 30%».
Asimismo, Góngora recuerda que no es administrador de la sociedad. «Hay un administrador único con plenas facultades», subraya, aseverando que dicho administrador «es economista y asesor fiscal, y es el que ha llevado la gestión de esa sociedad».
