La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año; en 2017, las reclamaciones ascendieron a 985; y en 2016, fueron 168
ALMERÍA HOY / 12·07·2018
La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha afirmado este jueves en Comisión de Salud del Parlamento andaluz que la Junta está siendo “firme” con el caso IDental y está realizando todo el trabajo posible dentro de sus competencias de Consumo y Sanitarias, “en tiempo, forma y según la normativa actual”. En este sentido, ha recordado que “la Inspección de Servicios Sanitarios tiene como finalidad ejercer las funciones de inspección y control de centros, establecimientos y servicios sanitarios públicos, concertados y privados y prestaciones sanitarias”. Al mismo tiempo, ha aclarado que la evaluación de la praxis profesional corresponde a los colegios profesionales.
Hasta el momento del cierre de las seis clínicas en Andalucía, el Servicio de Inspección Sanitaria, como ha detallado Marina Álvarez, ha realizado un total de 145 actuaciones. De ellas, 112 responden a reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o por los colegios profesionales. El resto de inspecciones, un total de 33, son relativas a autorizaciones de centros, principalmente para acreditar los requisitos de funcionamiento del centro y por cambio de titularidad.
Las actuaciones inspectoras han incluido múltiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con Industria, ayuntamientos y con los colegios profesionales.
En aquellos casos en los que se ha desprendido que las irregularidades detectadas pueden ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública, se han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. Concretamente, en el mes de febrero de este año, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla remitió a la Fiscalía de Sevilla información sobre casos en los que se detectaron irregularidades y podrían ser constitutivos de delito para la salud pública. Al mismo tiempo, se ha incoado un expediente sancionador a la empresa por estas denuncias. La Fiscalía de Sevilla ha comunicado que ha remitido estas denuncias al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, donde ya había diligencias abiertas por delito de estafa.
Actuaciones desde Consumo
Asimismo, en el ámbito de Consumo, la consejera ha detallado que la Dirección General de Consumo “ha actuado en todo momento en defensa de los derechos de los consumidores afectados”, haciendo hincapié en que se les ha informado sobre sus derechos y se han tramitado sus reclamaciones y denuncias.
A través de la web de Consumo Responde se les ha ofrecido una amplia información en la que se recoge sus derechos y se les informa sobre cómo reclamar o denunciar la situación. Además, tienen a su disposición el teléfono gratuito de Consumo Responde (900 21 50 80) y el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es.
Hasta la fecha se han registrado más de 3.270 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año; en 2017, las reclamaciones ascendieron a 985; y en 2016, fueron 168.
Desde Consumo se ha realizado además una labor mediadora con la empresa para intentar llegar a una solución satisfactoria para la persona consumidora y reclamante, alcanzándose acuerdos en algunas de ellas.
Se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones.
En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros. Hasta la fecha se han resuelto 13 procedimientos con una sanción total de multa de 284.851 euros.
Por otro lado, se ha remitido a la Fiscalía de Sevilla, para su valoración, un total de ocho reclamaciones, como ejemplo de lo que está sucediendo, junto con un listado de otras 60 que están en las mismas condiciones, con hechos que podrían ser constitutivos de delito de estafa. También se han remitido cinco expedientes a la Fiscalía de Córdoba, que ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.
Según datos del Ministerio de Sanidad a 18 de junio de 2018, Andalucía ha tramitado el 35% de las reclamaciones que se han registrado a nivel nacional; el 26% de las actas de inspección son andaluzas; el 21% de los expedientes sancionadores iniciados corresponden a Andalucía; y el 87% de la cuantía total de las sanciones propuestas son andaluzas. Estos datos, según Álvarez, reflejan toda la actividad que ha venido realizando la Administración andaluza.
Encuentros y reuniones
La consejera de Salud, Marina Álvarez, también ha explicado que se están manteniendo diversas reuniones y encuentros. Así, ha habido reuniones con Plata-forma Nacional de Personas Afectadas ADAFI y la Asociación Sevillana de Afectados IDental (la última ayer). También se han celebrado encuentros con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas (ayer fue la última).
Otros encuentros celebrados y que pueden ser muy relevantes son los que ha habido con la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (ASNEF) y diferentes entidades financieras, al objeto de facilitar la suspensión del cobro de crédito contratado “para que no se causen mayores perjuicios a las personas consumidoras afectadas” e instándoles a incorporarse a los mecanismos de mediación y arbitraje. Asimismo, y según ha adelantado la titular de Salud, se está consiguiendo que algunas de estas entidades faciliten a las personas afectadas poder continuar y terminar sus tratamientos en otras clínicas.
Fue también muy importante la reunión extraordinaria que se convocó del Consejo Andaluz de Consumo el pasado 3 de julio, donde participaron representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado, como son la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, asistiendo FACUA y Al-Andalus.
También se han mantenido encuentros con l Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y con la Fiscalía.
Para concluir, la titular de Salud ha defendido que su Departamento ha hecho todo lo posible dentro de sus competencias. “No nos hemos quedado parados ante esta situación”, ha subrayado. Igualmente, ha reiterado que “desde la Consejería de Salud y el Gobierno andaluz apoyamos a las personas afectadas y nos compromete-mos a seguir trabajando para dar la mejor solución a esta situación”.
Hasta el momento del cierre de las seis clínicas en Andalucía, el Servicio de Inspección Sanitaria, como ha detallado Marina Álvarez, ha realizado un total de 145 actuaciones. De ellas, 112 responden a reclamaciones o denuncias efectuadas por particulares o por los colegios profesionales. El resto de inspecciones, un total de 33, son relativas a autorizaciones de centros, principalmente para acreditar los requisitos de funcionamiento del centro y por cambio de titularidad.
Las actuaciones inspectoras han incluido múltiples visitas, reuniones con peritos y denunciantes, con Industria, ayuntamientos y con los colegios profesionales.
En aquellos casos en los que se ha desprendido que las irregularidades detectadas pueden ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública, se han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. Concretamente, en el mes de febrero de este año, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla remitió a la Fiscalía de Sevilla información sobre casos en los que se detectaron irregularidades y podrían ser constitutivos de delito para la salud pública. Al mismo tiempo, se ha incoado un expediente sancionador a la empresa por estas denuncias. La Fiscalía de Sevilla ha comunicado que ha remitido estas denuncias al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, donde ya había diligencias abiertas por delito de estafa.
Actuaciones desde Consumo
Asimismo, en el ámbito de Consumo, la consejera ha detallado que la Dirección General de Consumo “ha actuado en todo momento en defensa de los derechos de los consumidores afectados”, haciendo hincapié en que se les ha informado sobre sus derechos y se han tramitado sus reclamaciones y denuncias.
A través de la web de Consumo Responde se les ha ofrecido una amplia información en la que se recoge sus derechos y se les informa sobre cómo reclamar o denunciar la situación. Además, tienen a su disposición el teléfono gratuito de Consumo Responde (900 21 50 80) y el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es.
Hasta la fecha se han registrado más de 3.270 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.000, se han producido en el primer semestre de este año; en 2017, las reclamaciones ascendieron a 985; y en 2016, fueron 168.
Desde Consumo se ha realizado además una labor mediadora con la empresa para intentar llegar a una solución satisfactoria para la persona consumidora y reclamante, alcanzándose acuerdos en algunas de ellas.
Se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones.
En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros. Hasta la fecha se han resuelto 13 procedimientos con una sanción total de multa de 284.851 euros.
Por otro lado, se ha remitido a la Fiscalía de Sevilla, para su valoración, un total de ocho reclamaciones, como ejemplo de lo que está sucediendo, junto con un listado de otras 60 que están en las mismas condiciones, con hechos que podrían ser constitutivos de delito de estafa. También se han remitido cinco expedientes a la Fiscalía de Córdoba, que ha decidido iniciar diligencias previas y dar traslado a la policía judicial.
Según datos del Ministerio de Sanidad a 18 de junio de 2018, Andalucía ha tramitado el 35% de las reclamaciones que se han registrado a nivel nacional; el 26% de las actas de inspección son andaluzas; el 21% de los expedientes sancionadores iniciados corresponden a Andalucía; y el 87% de la cuantía total de las sanciones propuestas son andaluzas. Estos datos, según Álvarez, reflejan toda la actividad que ha venido realizando la Administración andaluza.
Encuentros y reuniones
La consejera de Salud, Marina Álvarez, también ha explicado que se están manteniendo diversas reuniones y encuentros. Así, ha habido reuniones con Plata-forma Nacional de Personas Afectadas ADAFI y la Asociación Sevillana de Afectados IDental (la última ayer). También se han celebrado encuentros con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas (ayer fue la última).
Otros encuentros celebrados y que pueden ser muy relevantes son los que ha habido con la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (ASNEF) y diferentes entidades financieras, al objeto de facilitar la suspensión del cobro de crédito contratado “para que no se causen mayores perjuicios a las personas consumidoras afectadas” e instándoles a incorporarse a los mecanismos de mediación y arbitraje. Asimismo, y según ha adelantado la titular de Salud, se está consiguiendo que algunas de estas entidades faciliten a las personas afectadas poder continuar y terminar sus tratamientos en otras clínicas.
Fue también muy importante la reunión extraordinaria que se convocó del Consejo Andaluz de Consumo el pasado 3 de julio, donde participaron representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado, como son la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, asistiendo FACUA y Al-Andalus.
También se han mantenido encuentros con l Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y con la Fiscalía.
Para concluir, la titular de Salud ha defendido que su Departamento ha hecho todo lo posible dentro de sus competencias. “No nos hemos quedado parados ante esta situación”, ha subrayado. Igualmente, ha reiterado que “desde la Consejería de Salud y el Gobierno andaluz apoyamos a las personas afectadas y nos compromete-mos a seguir trabajando para dar la mejor solución a esta situación”.
