Al Ayuntamiento sólo le queda la esperanza de que el Tribunal Constitucional anule la sentencia en respuesta a un recurso de amparo
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| Imagen de archivo. |
ALMERÍA HOY / 21·06·2018
El Tribunal Superior de Justica de Andalucía ha rechazado el incidente de nulidad presentado por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora contra la sentencia firme que le obliga, desde el pasado 25 de abril, a indemnizar con 16 millones de euros, incluyendo intereses y costas, a la promotora Monsora, S.L. por paralizarle las obras de construcción de 102 viviendas comenzadas al amparo de una licencia municipal anulada con posterioridad.
El permiso había sido otorgado a principios de 2005 en base a una figura urbanística conocida como ‘delimitación de suelo urbano consolidado’, que fue declarada ilegal por la Junta de Andalucía.
Aunque la sentencia es firme, el Ayuntamiento presentó un incidente de nulidad de la misma basándose en que la cantidad señalada por el Tribunal le parecía excesiva puesto que la promotora no contaba con ningún compromiso de venta, que podía haber construido en la tercera parte de la parcela, considerada como suelo urbano, pero no lo hizo, que la tasación tenida en cuenta por los magistrados había sido realizada por un abogado y no por tasadores y que el cumplimiento de la condena supondría un grave quebranto en las cuentas municipales que le impediría cumplir con sus competencias y prestar debidamente los servicios que la ley le obliga a cumplir con sus vecinos.
Ahora, los servicios jurídicos de la Corporación están redactando un recurso de amparo que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC). «Es el último clavo al que agarrarnos —confiesa el alcalde Antonio Fernández Liria—, pero tengo que admitir que la cosa pinta bastante fea. Me han asegurado que el TC sólo admite uno de cada mil recursos. Y eso no significa que le dé la razón a quien lo propone».
El permiso había sido otorgado a principios de 2005 en base a una figura urbanística conocida como ‘delimitación de suelo urbano consolidado’, que fue declarada ilegal por la Junta de Andalucía.
Aunque la sentencia es firme, el Ayuntamiento presentó un incidente de nulidad de la misma basándose en que la cantidad señalada por el Tribunal le parecía excesiva puesto que la promotora no contaba con ningún compromiso de venta, que podía haber construido en la tercera parte de la parcela, considerada como suelo urbano, pero no lo hizo, que la tasación tenida en cuenta por los magistrados había sido realizada por un abogado y no por tasadores y que el cumplimiento de la condena supondría un grave quebranto en las cuentas municipales que le impediría cumplir con sus competencias y prestar debidamente los servicios que la ley le obliga a cumplir con sus vecinos.
Ahora, los servicios jurídicos de la Corporación están redactando un recurso de amparo que presentarán ante el Tribunal Constitucional (TC). «Es el último clavo al que agarrarnos —confiesa el alcalde Antonio Fernández Liria—, pero tengo que admitir que la cosa pinta bastante fea. Me han asegurado que el TC sólo admite uno de cada mil recursos. Y eso no significa que le dé la razón a quien lo propone».
