Salvador Hernández (Gicar) ha vuelto a los juzgados por haber retrasado de nuevo, supuestamente, la entrega de actas a la oposición. El exalcalde asegura que detrás sólo existe un interés por dañar su imagen
ALMERÍA HOY / 19·06·2018
«El PSOE de Carboneras quiere que yo desaparezca de la escena política y, en su afán por conseguirlo,no duda en dañar mi imagen. Como tuvieron éxito con la anterior denuncia, siguen empeñados en explotar el filón que creen haber encontrado». Así de contundente se expresaba el exalcalde Salvador Hernández después de prestar declaración en la mañana del martes 19 de junio ante el Juzgado nº 4 de Vera.
Hernández hacía referencia implícita en declaraciones exclusivas a RADIO ACTUALIDAD a la sentencia que le inhabilitó por un año por haber retrasado la entrega de 26 expedientes a la oposición, condena que está cumpliendo desde hace unas semanas.
El fiscal alude a este mismo procedimiento al considerar que los hechos ya juzgados y los que se denuncian ahora están «íntimamente relacionados» en cuanto que «tienen la misma finalidad», que es la de «impedir que la oposición pueda ejercitar su función constitucional y legal de poder controlar y fiscalizar la labor del equipo de gobierno».
En este caso, el Ministerio Público recoge los hechos denunciados por los afectados en los que se señala que entre junio de 2014 y septiembre de 2017 las actas y acuerdos de la junta de gobierno local —unas 160 reuniones— se habrían notificado a los socialistas con un «manifiesto retraso» siendo «casi siempre superior a los diez días» que estipula la ley.
Llegados a este punto, esta redacción ha sondeado el tiempo que emplean seis ayuntamientos del Levante almeriense y se ha encontrado con que ninguno cumple el plazo estipulado por la normativa, variando el tiempo de entrega de las actas de Juntas de Gobierno Local entre los 15 días del más diligente y los 60 que emplean los más remolones.
«Es una obviedad —explica Salvador Hernández— que las actas las elabora el secretario, pero no creo que un retraso en la entrega impida o menoscabe las tareas de fiscalización de la acción de gobierno por parte de la oposición».
En ese sentido, el exalcalde recuerda «que el plazo para impugnar los acuerdos empieza a correr en el momento de la entrega y, dicho esto, cabe señalar que el PSOE no ha presentado ni una sola impugnación en los siete años en que he sido alcalde. El único interés que les animó a poner esta denuncia consiste en su interés por atribuirme una imagen de prepotencia similar a la que ellos mismos ejercieron cuando gobernaron Carboneras».
Hernández hacía referencia implícita en declaraciones exclusivas a RADIO ACTUALIDAD a la sentencia que le inhabilitó por un año por haber retrasado la entrega de 26 expedientes a la oposición, condena que está cumpliendo desde hace unas semanas.
El fiscal alude a este mismo procedimiento al considerar que los hechos ya juzgados y los que se denuncian ahora están «íntimamente relacionados» en cuanto que «tienen la misma finalidad», que es la de «impedir que la oposición pueda ejercitar su función constitucional y legal de poder controlar y fiscalizar la labor del equipo de gobierno».
En este caso, el Ministerio Público recoge los hechos denunciados por los afectados en los que se señala que entre junio de 2014 y septiembre de 2017 las actas y acuerdos de la junta de gobierno local —unas 160 reuniones— se habrían notificado a los socialistas con un «manifiesto retraso» siendo «casi siempre superior a los diez días» que estipula la ley.
Llegados a este punto, esta redacción ha sondeado el tiempo que emplean seis ayuntamientos del Levante almeriense y se ha encontrado con que ninguno cumple el plazo estipulado por la normativa, variando el tiempo de entrega de las actas de Juntas de Gobierno Local entre los 15 días del más diligente y los 60 que emplean los más remolones.
«Es una obviedad —explica Salvador Hernández— que las actas las elabora el secretario, pero no creo que un retraso en la entrega impida o menoscabe las tareas de fiscalización de la acción de gobierno por parte de la oposición».
En ese sentido, el exalcalde recuerda «que el plazo para impugnar los acuerdos empieza a correr en el momento de la entrega y, dicho esto, cabe señalar que el PSOE no ha presentado ni una sola impugnación en los siete años en que he sido alcalde. El único interés que les animó a poner esta denuncia consiste en su interés por atribuirme una imagen de prepotencia similar a la que ellos mismos ejercieron cuando gobernaron Carboneras».
